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SALUD | 03-02-2012 14:13

Siliconas PIP: fraude y juicios

Ya hay argentinas que litigan en Francia, mientras el dueño de la empresa está libre.

Lo encontraron y lo liberaron, después de que pagara una fianza de 100 mil euros. Jean-Claude Mas, a sus 72 años, sigue siendo el principal acusado de haber desatado la enorme crisis mundial que afecta a entre 400 mil y 500 mil mujeres en todo el planeta, implantadas con siliconas rellenas de material fraudulento, las de la marca Poly Implant Prothese (PIP). El hombre, que fue descubierto en la Costa Azul, tiene prohibido abandonar Francia. Mientra tanto, en el país galo ya hay 2.500 mujeres que presentaron demandas antes las autoridades judiciales locales, y 20 casos de cáncer entre las portadoras de los implantes, aunque la relación causal de la enfermedad no ha sido confirmada.

Casi al mismo tiempo que el ministerio de salud francés recomendaba a las ciudadanas de su país que se quitaran los implantes (en un movimiento que busca aplacar la lluvia de dinero se escurrirá con las demandas, si es que a las 30 mil francesas con PIP se les ocurre presentarse ante la Justicia), en América Latina las afectadas se organizan legalmente. Y hasta lanzan acciones judiciales en las que demandan no solo a la cadena de responsables de sus países, sino a fabricantes franceses. En ese panorama, la Argentina no solo no queda al margen, sino que lidera la movida, junto con las implantadas con PIP en Venezuela.

Demandas a la francesa. Alrededor de 500 mujeres demandarían por homicidio y lesiones involuntarias a la empresa francesa PIP, en Francia, más precisamente en Marsella, donde estaba la sede de la firma, que quebró en el 2010 luego de que se desatara el escándalo. El abogado de las demandantes en territorio francés es Ari Alimi, que ya representa a argentinas y venezolanas, a las que también podrían sumarse mujeres de Brasil y Colombia. Él es quien asegura que el 80% de las prótesis PIP fueron implantadas entre mujeres que viven en América Latina, cifrasque no puede ser corroborada porque no hay aún estadísticas oficiales al respecto. Lo que sí se sabe es que Poly Implant Prothése exportaba el 84% de su producción.

Alimi fue comisionado por la argentina Virginia Luna, abogada, que tiene implantes PIP en su cuerpo, para solicitar a la autoridades francesas y europeas que se cree un fondo especial de indemnización para las víctimas extranjeras de las PIP.

“Hasta ahora tengo 350 casos de mujeres argentinas que recibieron estos implantes –detalla la abogada a NOTICIAS-. Tenemos casos de rotura, de rotura con migración del gel a ganglios, muchos casos de mala praxis en los que ha habido gran daño estético. Los casos son muy variados, pero por lo que pudimos detectar en nuestro estudio al menos, es que una de cada cuatro PIP se rompen, ya a los tres años de colocadas”.

Luna explica que “decretada la culpabilidad de PIP y habiendo responsabilidad subsidiaria, me constituí personalmente en una causa penal, porque el Estado francés debería hacerse cargo del recambio de las prótesis”. A partir de esa acción, la argentina analiza clienta por clienta si hacer una presentación en Francia o no.

“Lo que buscamos con el pedido de un fondo común de indemnización es un resarcimiento base, que permitirá  evitar los altos niveles de litigiosidad que habrá”, aclara la abogada argentina. En 1992, miles de mujeres iniciaron juicios contra la empresa Dow Corning Corp, fabricante de implantes mamarios salinos, y también muchas de ellas aceptaron un acuerdo con la firma, para recibir una suma por remoción, que se incrementaba según el nivel de daño que hubiera experimentado la prótesis y la salud de la mujer que la tenía colocada.

Pero los efectos de las prótesis defectuosas no son solo físicos. “Tengo un caso en el que la mujer que tiene estos implantes perdió su trabajo por tener una culebrilla que le hizo imposible ir a trabajar. Eso es producto del estrés. Una de sus prótesis está rota”, relata un abogado. “Tengo mujeres que ya tenían algún tipo de problema psiquiátrico leve, como depresión o ansiedad, y que han empeorado desde que se desató este escándalo, están por ejemplo con ataques de pánico graves y tienen que estar medicadas. Por eso, no se trata de ocuparse solamente de las roturas, sino que acá hay una cadena de responsables en la cadena de comercialización y control, que han fallado”, resume Luna.

Por eso, el reclamo puntual de las damnificadas es poder lograr la remoción de las prótesis y la recolocación de un implante nuevo, a costo cero, además de poder elegir el médico que las va a operar. La mayoría de las mujeres que se acercan a iniciar una acción legal no quiere que sea el mismo profesional el que les haga la cirugía de extracción, exceptuando ciertas honrosas excepciones”.

De todos modos, los tiempos de la justicia son lentos. En la Argentina y en Francia también. Y no son pocas las mujeres que tienen sus prótesis rotas y precisan sacárselas cuanto antes. “Aquellas que puedan hacerlo, que tengan los medios económicos para eso, deben hacerlo, primero está la salud”, dicen Mariana Gallego, del estudio Ayarra & D´Alessandro, que tiene ya 150 casos en estudio.

Y recomienda que quienes se retiren las PIP y se coloquen unas nuevas prótesis, guarden las facturas y números originales de esos implantes, que conserven en bolsas plásticas en la heladera las prótesis viejas para peritarlas, y que le pidan al médico que las opera un certificado en el que describa la operación, el estado de la paciente y el motivo por el que se realiza la intervención.

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