La historia del contrabando del precursor químico de la metanfetamina en la Argentina, de la que se derivó el triple crimen y una de las mayores causas judiciales en la que se conectan narcotráfico y poder, es una intrincada mezcla de muerte, negociados e inoperancia política. Pero, sobre todo, de mentiras. Y en el arte de mentir, nadie lo hace mejor que Aníbal Fernández.
“El Ministerio de Justicia, yo, la persona que les habla, fui quien cortó el ingreso de efedrina en la Argentina”, le dijo tajante Aníbal F al periodista Gustavo Sylvestre en el programa “Minuto Uno”, por C5N. La entrevista, la primera que dio luego de la detención del narco Ibar Pérez Corradi y que puede verse en Internet, es un compendio de las mejores mentiras del fallido candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y disparó esta nueva investigación de NOTICIAS: ¿en qué miente Aníbal?
En el 2008, dos años después del exponencial aumento de la importación de efedrina -que pasó de 4.000 en el 2005 a más de 15.000 en el 2006-, una resolución puso fin al fantástico negocio que significaba importar el ingrediente desde India y China a 40 dólares por kilo y venderlo en México -según uno de los testigos del juicio en la causa contra Mario Sergovia, alias "el rey de la efedrina"- a valores que podían llegar a los 10.000 dólares.
El por entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos siempre dijo que fue él quien, mediante una resolución conjunta con la Sedronar -Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de Presidencia- y la Anmat -ente que controla los medicamentos dentro del Ministerio de Salud- había pedido frenar la importación de efedrina. No es cierto. De hecho, varios documentos a los que tuvo acceso NOTICIAS en exclusiva muestran que esa es sólo una más de las tantas mentiras del ex jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner.
La resolución conjunta existió. Pero no fue iniciativa de Aníbal. Firmado el 5 de septiembre del 2008 -cuando el escándalo de la efedrina explotó en la cara del gobierno tras el crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en agosto de ese año-, el texto había sido trabajado entre funcionarios de la Sedronar y del Ministerio de Salud. Según lo relatan varias fuentes y lo prueba un correo electrónico interno de la Secretaría contra el Narcotráfico, con fecha previa a la de la firma de la resolución, el texto no fue elaborado por gente de Aníbal. Por el contrario, Fernández pidió ser incluido en la firma a último momento, concretamente un día antes. Para mostrar una iniciativa que en realidad nunca había tenido, Aníbal logró “colarse” en el documento con un escueto párrafo sobre el final, en donde se destaca la necesidad del uso de las fuerzas de seguridad en los controles. La diputada Graciela Ocaña, por entonces ministra de Salud, también desmiente la versión de Aníbal: “Es mentira que me llamó para parar la importación de efedrina. La Anmat venía trabajando en eso desde julio, a la vuelta de una reunión internacional sobre el tema”.
Por su parte, Gabriel Abboud, ex número dos de la Sedronar y uno de los tres funcionarios procesados, es taxativo: “La Sedronar necesitaba de la coordinación con otros organismos públicos para controlar y saber qué es lo que pasaba y Aníbal impedía esa coordinación a través de resoluciones”.
Una de esas maniobras fue, justamente, haber ordenado a las fuerzas de seguridad -que dependían de su ministerio- que no asistieran a las reuniones conjuntas, y comenzar a cobrarles cada vez que pedían efectivos para realizar algún procedimiento. El 25 de febrero del 2009, o sea, tan sólo cinco meses después de haber firmado la resolución en donde destacaba la necesidad del uso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el tráfico de efedrina, el Ministerio de Justicia y Seguridad le pasó un presupuesto anual a la Sedronar -a través de la División Gestión Administrativa de la Policía Federal- por $ 200.000 pesos en concepto de “tareas de control y fiscalización en inspecciones de rutina”. La subsecretaría de Abboud, que contaba sólo con cuatro empleados, tenía un presupuesto total para su funcionamiento de 300.000 pesos por año.
Hasta que se limitó su importación en el 2008, el comercio de efedrina era legal y se utilizaba -además de su uso ilícito como precursor químico de la metanfetamina- como ingrediente activo de medicamentos para la gripe y de uso veterinario, y en las recetas magistrales para adelgazar, los famosos “quemadores de grasa”. Este abanico de usos hacía que fueran muchos los organismos intervinientes en su control -Anmat, Sedronar, Senasa, Aduana- y que si bien se había detectado un incremento notorio en los volúmenes importados, no se sabía a ciencia cierta a qué se la destinaba ya que, por ejemplo, gran parte del comercio de las pastillas para adelgazar se realiza -incluso hoy en día- de contrabando, como la venta en gimnasios o en el mercado negro por Internet. La maraña burocrática dificultaba aún más el acceso a la información y la coordinación de acciones en conjunto.
Pero cuando se registró el incremento, entre el 2006 y el 2008, quien sí contaba con indicios de qué usos se le estaba dando a la efedrina era Aníbal, porque era el único que contaba con “información de la calle” que le llevaba la policía. Y de eso se vanagloria en la entrevista que le realizó Sylvestre en el canal del empresario amigo de la ex presidenta, Cristóbal López: “La Policía Federal nos advierte a nosotros que habían detenido a un señor que importaba cuatriciclos y que había traído 450 kilos de efedrina”, cuenta el ex funcionario, veinte minutos después de comenzada la charla. “Cuando lo fueron a detener, el tipo, en un susto fenomenal, contaba desesperado que alguien le había dicho que era un negocio bárbaro traerla y venderla en la Argentina pero que no sabía ni de qué se hablaba”. La anécdota es cierta y confirma que Aníbal estaba al tanto del creciente negocio. Pero lo que no cuenta es que, en realidad, la denuncia contra el importador de cuatriciclos, una empresa llamada Multinvestment SA y registrada como destinada “a la reparación de vehículos automotores y motocicletas”, la realizó la Sedronar. O sea, su archienemigo, José Granero. Otra mentira del ex aspirante a gobernador de la provincia de Buenos Aires. NOTICIAS se comunicó con Fernández, pero no quiso hablar para esta nota.
Lo cierto es que, a pesar de las múltiples contradicciones y acusaciones contra Aníbal que constan en la causa, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría nunca lo citó a declarar.
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por Guadalupe Vázquez
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