Durante 52 días y sus noches, tensos, confusos, angustiantes, plagados de locura y enchastrados de violencia, Santiago Maldonado ha sido un fantasma errante. Alma en pena. Ausencia sin aviso. Quijote artesanal de la estepa sureña. Mochilero irresponsable de paseo en Entre Ríos o, por qué no, de parranda en París. Mini Che de la Araucanía. Hippie bravo acuchillado en una estancia.
Sobreviviente de un robo, perdido, atribulado en una ruta patagónica. Bandera de victoria. Pibe común, sensible, manso, atizando una barricada en la lejana Ruta 40. Excusa simbólica de un peligroso rebrote indo-anarco-setentista. El qué dirán es la condena viral del desaparecido. Nada de rumores inocentes. Mentiras en todas sus especies: especulaciones, ocultamientos, mantos de sospecha, maniobras distractivas, exageraciones, evasivas, pornográficos usos electorales, propaganda, caras de yo no fui, ruido, mucho ruido disfrazado de noticia. En un extremo, la versión oficial en boca de la ministra Patricia Bullrich: “No vamos a tirar gendarmes por la ventana”, mientras, desde su entorno, se desparraman pistas fallidas por WhatsApp a la prensa. En el otro extremo, los voceros más disparatados de la oposición copan las redes sociales. “Macri mandó a matar a Maldonado” (Hebe de Bonafini); “Macri, largá a Maldonado” (Diego Maradona). La politiquería suele llenar con rapidez los espacios vaciados por la lentitud judicial. ¿Qué sentido tiene la verdad cuando, según todos, todos mienten?
Recién el día 41 empezaron a declarar los gendarmes y Santiago Maldonado dejó de ser fantasma para convertirse en holograma. Según cómo se mire, estaba o podía estar, pero en distintas circunstancias.
Queda un solo rastro firme, sostenido por tres testigos mapuches, un perro que siguió el olor del desaparecido hasta la orilla del Río Chubut (donde aseguran que fue golpeado, detenido y subido a una pick-up) y el hallazgo de una gorra blanca y un collar que serían de Maldonado.
Por primera vez, el jefe de los gendarmes reconoció algo que había negado desde un principio: el operativo incluyó persecuciones hasta el curso de agua, pero insiste en que no hubo detenidos.
Un efectivo aceptó que llegó hasta allí, desde donde le arrojó un piedrazo a alguien que huía nadando.
Otros dos que iban con él dijeron que la piedra dio en el hombro del activista.
Un cuarto gendarme reveló que se le escapó un balazo de goma sin destino preciso (en los videos previos, sobre la Ruta 40, se escucha patente la orden de abrir fuego).
De negarse a “tirar gendarmes por la ventana”, la ministra Bullrich pasó a deslizar que, a lo sumo, “siete u ocho gendarmes no inculpan a la Gendarmería como institución”. Nadie le preguntó sobre el silencio del resto de los efectivos durante tantos días, por otra parte suficientes para fabricar una versión judicial. Se autocriticó Bullrich: “Fui a hablar demasiado rápido al Congreso, me faltaba información. Son procesos de aprendizaje muy fuertes: quizás haya que dejar que las cosas estén más asentadas antes de hablar”. Entre su despliegue de vehemencia y la aceptación de inexperiencia pasaron 41 días. Al cierre de esta edición, la Justicia federal de Esquel manejaba cuatro hipótesis, en este orden:
1- Los gendarmes llegaron al río tal cual lo afirman, el piedrazo desmayó a Maldonado, se ahogó y el cuerpo (que no aparece) fue arrastrado por la corriente.
2- Maldonado sobrevivió en un primer momento a la agresión, pero luego le provocó la muerte y la comunidad mapuche sepultó el cuerpo para imponer la acusación de una desaparición en un marco represivo.
3- Comprometidos por los indicios, los uniformados demoraron en armar aquella versión y todo ocurrió del modo en que relataron los mapuches. Las pruebas de ADN en los móviles dieron negativas.
4- Aún no descartan que Maldonado pueda estar oculto en ese territorio.
La familia del desaparecido recusó al juez. Cree que el despilfarro de tiempo es la versión más perversa de la mentira.
Las circunstancias
Podría decirse que el Caso Maldonado no empezó el 31 de julio pasado, sino dos años y medio antes: en marzo del 2015, los mapuches conducidos por Facundo Jones Huala iniciaron el “proceso de recuperación” de aquellas tierras del Grupo Benetton. Desde entonces, las alternativas judiciales, violentas y represivas del conflicto fueron incesantes. Incluyeron espionaje fuera de la ley.
Jones Huala, acusado de ser el fundador del grupo de acción directa Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), está detenido en Bariloche desde junio. La Justicia chilena pidió su extradición por un caso de incendio y vandalismo en la ciudad de Valdivia, en el 2013, pero fue denegado. El corte de la Ruta 40 del 31 de julio fue en reclamo de su liberación. El mismo juez federal que investiga el Caso Maldonado desde Esquel, Javier Otranto, rechazó que se le aplicara la Ley Antiterrorista y denunció a dos fiscales de Chubut por la utilización ilegal de servicios de la ex SIDE infiltrados en la comunidad para tomar fotos, seguir movimientos y confirmar identidades de sus miembros. Las pesquisas irregulares habrían comenzado mucho antes de que Mauricio Macri llegara a la Presidencia.
Por alguna razón que el Ministerio de Seguridad de la Nación demora en explicar, desde fines del año pasado empezó a tener presencia en la zona Pablo Noceti, jefe de gabinete de Bullrich. El alto funcionario se hizo presente en una de las sesiones del juicio a Jones Huala, en el verano, y fue visto en el operativo del 31 de julio en la ruta. La ministra dijo que había pasado “de casualidad” por el lugar y “se detuvo a saludar” a los gendarmes. Sin embargo, su papel podría haber sido otro. El ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, dijo al ser interpelado por la Legislatura provincial tras la desaparición de Maldonado: “Noceti diseñó el operativo”. Hasta ese momento, Nación y provincia habían actuado coordinadamente para desalojar la toma de tierras en cuestión.
Desde la Gobernación a cargo de Mario Das Neves apuntan que Noceti no se movería solo en la supervisión del conflicto. Afirman que el “jefe operativo permanente” de las acciones de inteligencia sería uno de los cuatro jefes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Guillermo Frankerberger. En la PSA consideran a Frankerberger “un duro de trato áspero hasta con los subordinados más eficientes”.
Por esa vía de inteligencia llegó a manos de las autoridades judiciales y nacionales un supuesto “manual de guerra mapuche” de 140 páginas traído desde Chile y titulado “Kutralwe” (lugar del fuego). En un extenso párrafo dedicado a las “estrategias comunicacionales”, señala:
“Romper el cerco comunicacional no es fácil, requiere astucia, inteligencia y diversas gestiones, ya que la prensa burguesa está al servicio de la agenda política del gobierno de turno. Cuando un preso político mapuche lleva días en huelga de hambre y no ha salido ninguna noticia en la prensa, es porque se ha determinado ‘desde arriba’, desde la gerencia, no dar noticias al respecto. Todos los subordinados de la elite empresarial, es decir, los equipos de prensa, tienen que seguir ciertas pautas temáticas y valóricas antes de publicar sus noticias. Sabiendo esto, la inteligencia y diplomacia mapuche tiene que buscar la forma de convocar a la prensa cuando le resulte conveniente y preparar la estrategia para romper el cerco mediático y así lograr sus objetivos políticos. Para romper el cerco hay que ser astuto e ingenioso. Una forma de romper el cerco es la de crear un llamativo y alarmante hecho noticioso, que puede ser falso o verdadero, pero con eso sacar a los periodistas de sus oficinas para que salgan a cubrir esta gran noticia sorpresa que no estaba en sus pautas. Ser creativos y arriesgados, por ejemplo simular un suicidio, una violación, una muerte o una tortura por carabineros, subirse a una torre para que lleguen bomberos, tomar una embajada, encadenarse a un ministerio, dar un aviso de bomba, etc. Hay que recordar que la prensa burguesa le encanta el sensacionalismo estilo Hollywood, así que para esta técnica es importante llamar a la prensa con un tono dramático y urgente. Una vez que la prensa esté en el lugar cubriendo estos supuestos hechos, se pueden extender lienzos alusivos a la causa y buscar la forma de que entrevisten a la vocería”.
Lo hacen circular como prueba de que Santiago Maldonado pudo correr una suerte muy distinta a la de la desaparición forzada.
Como contrapartida, los mapuches llaman a leer la Constitución de la Nación Argentina en su artículo 75, inciso 17, incorporado en la reforma de 1994: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
En el 2006, para frenar una ola de tomas de tierras y desalojos en distintos puntos del país, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.160. Imponía tomarse cuatro años para censar todas las comunidades aborígenes, establecer sus reclamos e ingresar en un proceso de adjudicación razonable de territorios. Tras varias postergaciones, la norma vence en noviembre de este año. Once años después de sancionada (y 23 años después de la reforma constitucional), de las 1.532 comunidades originarias conocidas fueron relevadas sólo 759 (49%), 303 de modo parcial. En el 2017 debían ser relevadas 150 comunidades. De cumplirse el objetivo, quedarían 622 (41%) sin censar.
El supuesto manual mapuche citado más arriba resulta, sin dudas, inquietante. De todos modos, para la solución del problema de fondo es el Estado quien se encuentra en mora. La ineficiencia política sometió el cumplimiento de las leyes a la dinámica represiva de los conflictos y, piedra va, balazo viene, cada confrontación violenta pasó a ser, apenas, un entrenamiento para la próxima. Y para que la mentira y al cabo la locura se apoderen de la escena. Va a hacer dos meses que no aparece una persona.
Ovillo sin punta
En el Gobierno siguen minuto a minuto el Caso Maldonado. Dieron varios pasos atrás en la lógica del “enemigo interno” impuesta por los destiempos de la dupla Bullrich-Noceti y se resignaron a “entregar seis o siete gendarmes” si hiciera falta.
“Patricia es una buena ministra, pero a veces la supera su afán de protagonismo. Ella sola se metió en una encrucijada innecesaria. Alcanzaba con haber dicho desde el principio que, según los informes que le daban, creía que la Gendarmería había actuado conforme a la ley, pero que de todos modos iba a colaborar con la Justicia para llevar la investigación hasta las últimas consecuencias sin importar a quién afectara”, dice un miembro de la mesa ampliada macrista con influencia territorial. Otro hombre fiel y cercano a Macri coincide con lo anterior, pero cree que detrás de la voz de la ministra siempre estuvo la voluntad del propio Presidente “o lo que ella suponía que Mauricio quería escuchar, claro”.
El viraje del punto de vista oficial dependió, como tantas cosas, de las encuestas. Una de ellas la hizo la consultora Management & Fit:
- El 88% de la población está al tanto del Caso Maldonado.
- Un 42% está dispuesto a creer que el Gobierno “colabora lo suficiente” con la investigación, pero un 17% percibe que dicha colaboración es “parcial”, otro 17% cree que “no colabora” y un 17% más supone que “entorpece la causa”.
- El 38% culpa a la Gendarmería; un 25% a grupos opositores y un 13% a los mapuches del RAM.
- Los tranquiliza que el 53.3% suponga que “no va a influir en el resultado electoral” de octubre y que el 61% crea en su “utilización política” por parte de sectores opositores.
Dentro de la propia Gerdarmería descreen de la versión de los efectivos en el expediente. Un oficial superior recién retirado dice: “Nunca en mi vida vi que un gendarme tire piedras. Es totalmente inverosímil, somos una fuerza nacional altamente entrenada. Un policía bonaerense... vaya y pase. ¿Pero un gendarme? Se trabaja en base a cuatro principios: presencia, intimidación, disuasión y represión. Nadie se mueve sin una orden y nadie va a ordenar tirar piedras. Lo de la bala de goma es posible, pero es muy difícil que haya podido impactar en alguien. Ni James Bond puede poner un tiro de escopeta con bala de goma con un río de distancia. Además, la bala de goma pierde efecto a más de cinco metros”.
La llamada post verdad es una dimensión extraña: se pretenden certezas absolutas donde nadie cree nada.
*Jefe de Redacción de NOTICIAS
por Edi Zunino*
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