El 22 de marzo de 2017, en una austera ceremonia en el Colegio de Abogados de Quilmes, Gustavo Prellezo juró y obtuvo su matrícula para ejercer como abogado en esa jurisdicción. Sin embargo, seis días después, la junta directiva de la institución decidió revocársela debido a que la documentación que presentó el ejecutor del reportero gráfico de NOTICIAS, José Luis Cabezas faltaba a la verdad.
Sin embargo el ex efectivo de la Policía Bonaerense no cesó en su intento de ejercer como abogado y el 22 de agosto de 2018 se matriculó ante el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Para eso volvió a presentar como domicilio y teléfono legal los de su abogado defensor, Jorge Freire. Desde ese momento hasta ahora, el encargado de ejecutar al fotógtafo por orden del empresario Alfredo Yabrán ofrece sus servicios junto con su socio Claudio Morán.
A pesar de que sólo está habilitado para ejercer en la jurisdicción de Capital Federal, Prellezo ofrece sus servicios para toda la provincia de Buenos Aires, lo cual constituye otra ilegalidad a su larga lista de incumplimientos.
La estrategia de márketing de la dupla de abogados se basa fuertemente en Facebook donde no sólo comparten extrañas imágenes de procedimientos policiales con sus números telefónicos, sino que además se presentan como especialistas en causas penales. "¿Estás detenido injustamente por algo que no hiciste o te armaron una causa y sos inocente? Llamanos y te vamos a ver o nos entrevistamos con tu familia, te podemos ayudar?", sostiene uno de los avisos.
La dirección del estudio es la vieja casa del barrio platense de Los Hornos, que pertenció a Anastacio, padre de Prellezo, y en la cual el ex comisario purgó parte de su condena de prisión domiciliaria junto con su pareja y su pequeña hija.
Cuando el Colegio quilmeño le denegó la matriculación explicó que la ley 5.177, en su inciso número 2, establece que están excluidos de ejercer la profesión "los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena", algo que ocurriría recién en 2022. Por lo visto, en el Colegio porteño tienen su propia manera de aplicar la ley.
por R. N.
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