La fiscal general peruana, Patricia Benavides solicitó al Congreso de Perú que levante la inmunidad presidencial de Pedro Castillo solo 14 meses después de que asumió el cargo, allanando el camino para su enjuiciamiento penal y posible destitución. La presentación de la denuncia el martes de la semana pasada se produjo pocas horas después de los arrestos de tres de los asesores de Castillo, y tres ejecutivos de empresas acusados de financiar en secreto su campaña el año pasado.
No hace pie
Castillo, un outsider de la política convertido en presidente, calificado como un populista de izquierda, ya sobrevivió a una votación de destitución en mayo, cuando los legisladores no lograron reunir la mayoría requerida de dos tercios. Pero ahora el Congreso podría avanzar sobre un área constitucional gris, dejando actuar la demanda que pesa sobre él de varias maneras, y suspender a Castillo en su cargo o destituirlo por completo con una mayoría simple. Y en su implacable crisis política, es posible que Perú vaya por un récord mundial al llevar ante la justicia a otro presidente, y con el paso de cinco presidentes en 7 años.
Sin embargo, Perú había mantenido hasta ahora una norma democrática que podría detonar: que los líderes en funciones no pueden ser procesados. Y es que el mandato breve y caótico de Castillo ha estado dominado por acusaciones de soborno e incompetencia. Desde que asumió el cargo en julio de 2021, ha quemado su capital político: su índice de aprobación ha caído por debajo del 20%.
El ex maestro rural y líder de las huelgas en el norte del país, se postuló como candidato del partido marxista-leninista Perú Libre, y ha basado toda su identidad política en su origen humilde y su supuesta afinidad con los pobres. Pero sus críticos aseguran que ha traicionado a los sectores más marginales de Perú que sufren de hambre por la crisis económica
La mitad de los 33 millones de habitantes de Perú experimentan inseguridad alimentaria, el doble del nivel previo a la pandemia, y se espera que siga aumentando por el encarecimiento de los fertilizantes que normalmente se importaban de Ucrania y Rusia. La respuesta de Castillo ha sido insistir en que los incas se las arreglaron sin los fertilizantes modernos, y que solo los “perezosos” sufrirán.
Antecedentes
Alberto Fujimori cumple en Perú una larga sentencia de cárcel por dirigir escuadrones de la muerte (condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad); Alejandro Toledo lucha contra la extradición de Estados Unidos para responder a las acusaciones de recibir sobornos; Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron apresados y encarcelados por haber recibido dinero ilegal para su campaña electoral; y dos más esperan que se escuchen sus casos de corrupción (Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra). Además, Alan García se suicidó de un tiro en 2019, cuando la policía entró en su casa para arrestarlo por cargos de soborno.
Ahora es el turno de Castillo. La fiscal Benavides anunció la demanda constitucional casi en cadena nacional, flanqueada por una docena de otros funcionarios, involucrados en la investigación, incluido Harvey Colchado, el coronel de policía a quien Castillo ha intentado despedir. Benavides aseguró que su equipo había descubierto una “organización criminal incrustada en el gobierno con el propósito de capturar, controlar y dirigir los procesos de contratación en diferentes niveles del estado para obtener ganancias ilícitas”.
Castillo respondió con una conferencia de prensa exclusivamente para medios extranjeros (los periodistas peruanos fueron bloqueados), acusando a sus oponentes de lanzar un “golpe de Estado”. El artículo 117 de la Constitución de Perú, invocado por la fiscal Benavides, permite denunciar constitucionalmente a presidentes por cometer traición, interferir en las elecciones o disolver ilegalmente el Congreso. A ese apeló Benavides en el caso de Castillo, el lugar de citar el artículo 113, que permite la destitución de un presidente por “incapacidad moral”, y que ya se ha utilizado en los últimos años para obligar a dos presidentes a dejar el cargo.
Escenarios
Los juristas peruanos que se oponen al proceso señalan que lo propuesto por la fiscal general es una reinterpretación del artículo 117. Quienes lo avalan concuerdan en la idea, pero apuntan que es el mejor vehículo para llenar el vacío en la jurisprudencia: el artículo 113 exige la mayoría calificada de dos tercios en el Congreso, pero el artículo 117 requiere solo de una mayoría simple para destituir a Castillo. “No se puede tener un presidente que encabeza una organización criminal y permitirle completar su mandato”, apuntó Luciano López, profesor de la Universidad Católica del Perú, y uno de los académicos que propuso aprobar los límites citado artículo 117.
Pero Alexandra Ames, politóloga de la Universidad del Pacífico de Lima, advirtió que expulsarlo usando un mecanismo no probado, y tal vez ilegítimo, podría abrir la puerta a un escenario peor. La mayoría del Congreso es ultraconservadora y hostil a Castillo. Pero con muchos legisladores deseosos de cumplir sus mandatos, que finalizan en 2026, no está claro si se arriesgarán a la posibilidad de elecciones anticipadas.
Muchos analistas políticos apuntan que despedir al presidente sin celebrar elecciones legislativas, sería inviable y podría provocar protestas masivas. El Congreso, que soporta su propia corriente interminable de escándalos de ética y corrupción, es incluso menos popular que Castillo, con una aprobación de alrededor de 13%.
El ejemplo más notorio es el del diputado Freddy Díaz, acusado de violar a una asistente: la cámara suspendió a Díaz por beber alcohol en las instalaciones legislativas, pero se negó a abordar el cargo de violación, un absoluto bochorno que muestra el corporativismo que podría salvar a Castillo. Pero Benavides podrían apelar en tal caso ante la corte constitucional de Perú: tribunal que también tiene una mayoría conservadora, por lo que se considera poco probable que falle a favor de Castillo, que tarde o temprano debería dejar el Sillón de Pizarro.
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