El escándalo que rodea a Carlos Frugoni se inscribe en una secuencia de revelaciones sobre el patrimonio no declarado que, en las últimas semanas, golpearon a distintos actores vinculados al oficialismo y al ecosistema libertario. Aunque con menor volumen que otros casos recientes, la situación del funcionario quedó bajo la lupa a partir de la existencia de bienes inmuebles en Miami que no habrían sido consignados en declaraciones formales, lo que abrió interrogantes sobre su situación fiscal y su compatibilidad con funciones desempeñadas.
Apenas horas de conocerse el escándalo, el ministro de Economía Luis Caputo desplazó a Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, el cargo que ocupaba desde enero de 2026. La decisión llegó después de que una investigación del canal A24 expusiera que el economista poseía al menos siete propiedades en el estado de Florida y dos sociedades comerciales en Delaware, todo sin declarar ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según reveló en A24, Frugoni articuló la compra y administración de los inmuebles a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware, uno de los estados norteamericanos más opacos para el rastreo de activos: Genova LLC (creada en 2021) y Waki LLC (creada en 2025). Ambas habrían sido registradas a través de Harvard Business Services Inc. como agente registrador, y figurarían con Frugoni como controlante y beneficiario final.
Las propiedades se concentran en el sur de Florida: cinco de los siete inmuebles están en el condado de Palm Beach, en localidades como Delray Beach, Lantana, West Palm Beach y South Palm Beach. Sus valuaciones oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares. La investigación identificó también un apartamento en South Ocean Boulevard valuado en 215.000 dólares, entre otros. Ante el periodista Nicolás Wiñaski, el propio Frugoni admitió la omisión: "Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA".
El reemplazante de Frugoni será Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano con EMBA del IAE, quien hasta ese domingo ocupaba la Secretaría de Transporte. A su vez, Mariano Plencovich, hasta entonces subsecretario de Transporte Automotor, pasará a cubrir el lugar de Herrmann. Los corrimientos internos, en definitiva, dejaron expuesta la fragilidad del armado de confianzas que Caputo había construido en torno a la gestión de infraestructura.
El caso Frugoni dialoga con un escenario más amplio y más escandaloso protagonizado por Manuel Adorni. Hace semanas, el jefe de Gabinete quedó envuelto en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, centrada en una serie de operaciones inmobiliarias que, según la Justicia, presentan inconsistencias entre ingresos declarados y adquisiciones recientes.
Las actuaciones judiciales reconstruyen un entramado de compras que incluye al menos tres propiedades: un departamento en el barrio porteño de Caballito, otra unidad en Parque Chacabuco y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La operatoria del inmueble de Caballito se convirtió en el eje del expediente. Según declaró la escribana Adriana Mónica Nechevenko ante el fiscal Gerardo Pollicita, la propiedad fue adquirida con un esquema atípico: un anticipo de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares financiado por las propias vendedoras, sin interés y a pagar en el plazo de un año.
Las vendedoras, identificadas como las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quedaron también incorporadas a la causa como testigos clave. La investigación intenta determinar cómo se estructuró esa financiación privada y si existieron beneficios indebidos o triangulaciones en la operación.
Otro elemento que encendió alertas fue la inclusión tardía de bienes en las declaraciones juradas. En particular, la casa ubicada en el country Indio Cuá no había sido consignada inicialmente y fue incorporada con posterioridad, lo que reforzó las sospechas sobre omisiones patrimoniales. La causa también indaga el rol de intermediarios inmobiliarios y de los anteriores propietarios, mientras se acumulan testimonios de actores vinculados a las operaciones, incluyendo responsables de la inmobiliaria y familiares de las jubiladas involucradas.
En conjunto, tanto el episodio de Frugoni como el de Adorni reflejan un patrón que atraviesa la exposición de patrimonios incompletos o inconsistentes, la utilización de esquemas de financiamiento poco convencionales y la reacción del gobierno de Javier Milei frente al costo político de estas revelaciones. Mientras en algunos casos la respuesta fue el desplazamiento inmediato, en otros —como el del jefe de Gabinete— la estrategia oficial ha sido sostener al funcionario mientras avanzan las investigaciones.
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