Política / 31 de Octubre de 2016

Los expedientes que pueden meter presos a Máximo Kirchner y su mujer

Una por una, las causas más espinosas que investiga la Justicia. Hoteles K y plan dental trucho.

Por

Máximo, Cristina, Rocío García y el pequeño Néstor Iván.

En Comodoro Py, no sólo su madre Cristina Kirchner tiene problemas. Máximo también está señalado en dos expedientes de suma importancia para la ex familia presidencial, los cuales están en manos de jueces poco amigables para el kirchnerismo. La causa Hotesur la tiene Julián Ercolini, el mismo juez que investiga a su madre por haber creado una matriz de corrupción de reparto de obras viales que favorecían a Lázaro Báez y Cristóbal López. La otra causa es por el otro hotel familiar: Los Sauces. Este expediente está en el juzgado de Claudio Bonadio, tal vez el más bélico de los jueces contra el kirchnerismo. Bonadio también tiene otra causa que involucra a la madre de Máximo: la venta de dólar futuro. La estrategia legal en ambas causas las lleva adelante el abogado Carlos Beraldi junto con Romina Mercado, la sobrina de Cristina Kirchner y apoderada de la familia.
Ambas causas están relacionadas. Según la diputada Margarita Stolbizer: “En Hotesur la devolución de los favores se hacía a través del alquiler de habitaciones. Con Los Sauces, la devolución de favores se hacía mediante el alquiler de inmuebles a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López”. Esta semana el diario La Nación reveló que antes de que Cristina le alquilara las oficinas de Madero Center a Cristóbal López se las alquilaba a una mutual vinculada al Grupo Whpei, los nuevos dueños de radio Rivadavia. El gestor de esos alquileres siempre fue Osvaldo “Bochi” Sanfelice, el ex socio de Máximo en la sociedad Negocios Inmobiliarios SA, la cual el hijo K abandonó en el 2015. Sanfelice por su parte sigue invirtiendo en inmuebles. Hace pocos meses volvió a invertir en el country Arelauquen, de Bariloche. Ya tenía una casa. Se compró otra. Más grande.
Rocío García también debutó con su expediente judicial. La diputada Graciela Ocaña presentó un escrito en el que pide que se investigue si hubo desvío de fondos del plan Argentina Sonríe, que dirigía la mujer de Máximo, para financiar gastos de campaña y compras personales. Según la diputada, encontraron gastos de hoteles, restaurantes, combustible de autos sin identificar si pertenecen al programa y hasta una cartera de marca Prüne. Lo insólito del caso es que la investigación comenzó a partir de la advertencia de la directora nacional de Salud Bucodental, María Belén Cesar Gallaro, la nuera del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Argentina Sonríe era coordinado también por Elena Morán, la madre del camporista Andrés “Cuervo” Larroque.
El programa Argentina Sonríe tiene un capítulo dentro del informe que realizó el macrismo conocido como “El estado del Estado”. “Para poner en marcha el programa, el Gobierno invirtió 80 millones de pesos en la compra de 50 ómnibus y el equipamiento para abastecerlos. Las unidades móviles se compraron por contratación directa y en diciembre del 2015 estaban estacionadas, inutilizadas para el servicio para el que habían sido creadas”, relata el escrito. Según ese informe cada equipamiento costó 3,7 millones de pesos y muchos de ellos no pudieron ser utilizados. Sucedía que algunos equipos eran tan sensibles que se descalibraban al ponerse a andar los camiones. Otra irregularidad fue que la instalación de los equipos dentro de los camiones estuvo a cargo de la empresa Callmed SA, cuyo ejecutivo de ventas era familiar de uno de los responsables del programa. El escrito nunca detalla de quién se trata. Por estas irregularidades, detectadas a principios de años la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso denunció al programa Argentina Sonríe por defraudación.

 

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