Mundo / 31 de Marzo de 2017

Maduro emperador: ahora con poder casi total en Venezuela

La Corte Suprema lo autorizó a abrir juicios a diputados, y a tomar cualquier medida “para evitar un estado de conmoción”.

El fallo de la Corte habilita a Maduro a tomar las "medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime necesarias".
El fallo de la Corte habilita a Maduro a tomar las "medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime necesarias".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano culminó con 15 meses de asedio contra el Parlamento con una sentencia que abre, las puertas de la cárcel a todos los diputados opositores.

El golpe jurídico les quitó la inmunidad a los parlamentarios y permite al gobierno de Nicolás Maduro avanzar con su enjuiciamiento penal como castigo por su apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que se discutía anoche en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.

El alto tribunal instó a Maduro a tomar las decisiones civiles, políticas, económicas y militares que considere necesarias “para evitar un estado de conmoción” en el país.

Se trata de un cheque en blanco y una suma de superpoderes que superan incluso las leyes habilitantes que tanto Hugo Chávez como su sucesor manejaron a su antojo durante gran parte de sus mandatos.

El TSJ pasa así, por encima de la Constitución, al ampararse en el desacato del que acusa a la Asamblea Nacional (AN) y que el mismo tribunal decretó. Los diputados democráticos pueden ser enjuiciados y encarcelados en cualquier momento, acusados por jueces militares de terrorismo o rebelión.

Uno de sus compañeros parlamentarios, Gilber Caro -militante del partido del preso político Leopoldo López-, lleva dos meses y medio encarcelado tras la primera operación del Comando Nacional Antigolpe. Caro fue acusado de terrorismo luego de ser detenido junto con su novia en un vehículo con armas. Sus abogados denunciaron que, como en otras ocasiones, las armas fueron sembradas por los agentes de la inteligencia bolivariana luego de los arrestos.

“Son atropellos ilegales que están usando para defenderse del voto de los venezolanos. Está claro que el verdadero miedo de Nicolás Maduro es una elección, por eso usa las instituciones del Estado para evitarlas”, acusó el presidente de la AN, el diputado opositor Julio Borges.

En el informe sobre la crítica situación del país, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le exigió la semana pasada a Maduro la convocatoria a elecciones en el plazo de un mes, luego de que el chavismo suspendió de forma arbitraria el referéndum revocatorio contra el presidente y olvidar las elecciones a gobernador, que se debieron hacer en diciembre pasado.

Como si conocieran por adelantado el contenido de la sentencia, el Palacio Legislativo apareció rodeado por la Guardia Nacional para dificultar el acceso de los periodistas y para contener los ímpetus de una marcha “antiinjerencista” convocada por el chavismo.

Poderes en pugna

El gobierno acusa a los legisladores de “traidores a la patria” por apoyar a Almagro en su cruzada para aplicar la Carta Democrática. “Los traidores a la patria serán tratados en suelo patrio como enemigos”, dejó en claro Diosdado Cabello, jefe militar de los bolivarianos, tras hacerse pública la sentencia.

Desde que la AN, de mayoría opositora, tomó posesión en enero de 2016, la revolución la sometió a un acoso constante: se niega a tramitar las leyes que aprueba, la asfixia sin presupuesto, deja sin sueldo a los diputados y la asedia con sus militantes radicales.

“Esta decisión nos retrata como un país que no respeta el Estado de Derecho. No sabemos lo que pueda hacer este gobierno. En cualquier momento nos podrían llevar presos a todos los diputados”, vaticinó el líder socialdemócrata Henry Ramos Allup, ex presidente de la AN.

Diez parlamentarios opositores se atrevieron a dirigirse a la tarima instalada por el oficialismo cerca de su sede, durante la marcha antiimperialista, para intentar conversar con el vicepresidente, Tareck El Aissami. “Queremos invitarlos a que demos este debate dentro del Parlamento”, dijo Stalin González, jefe del grupo parlamentario opositor, justo antes de que una docena de militares con equipos antimotines los empujaran de regreso al edificio, en Caracas.

Más tarde, la bancada opositora suscribió un acuerdo para denunciar que el TSJ “pretende erradicar la inmunidad de los diputados y pretende conferir poderes exorbitantes al presidente”.

El desafío del TSJ, a pesar de sus habituales excesos, no tiene parangón en tiempos revolucionarios. En primera instancia anima a Maduro a tomar las “medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”.

El TSJ se apoya en el estado de excepción, vigente desde 2016, para reclamarle al jefe de la revolución que garantice la “estabilidad democrática” apoyado en las leyes sobre delincuencia organizada, terrorismo, corrupción y el “código de justicia militar”.

En un salto por encima de las jurisprudencias, el tribunal empuja a Maduro a evaluar la actitud de organismos internacionales como la OEA. Eso, a pesar de que el presidente venezolano afirmó tenerlo muy claro. “A mí no me quita el sueño ni me perturban un segundo las estupideces de Almagro. Para mí es un payaso, una basura sideral”, dijo ayer.

Informe: María Cristina Ferrero

 

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