Sociedad / 11 de abril de 2017

Exclusivo | Expediente Itatí: todo sobre la ciudad narco

NOTICIAS te cuenta la causa por dentro. Quién es quién en la banda que convirtió a la localidad correntina en la puerta de entrada de drogas. La pata política.

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Políticos, policías y fuerzas federales integraban la banda narco. Tenían una flota de vehículos y yates valuados en millones de pesos.

“Liberame a los dos tipos de ‘Yegua’ y te mando gasoil”. La frase es del intendente de la pequeña ciudad correntina de Itatí, Natividad “Roger” Terán, detenido en el marco de la mega causa narco que revolucionó esa provincia. “Yegua”, el apodo que se nombra en la escucha que figura en el expediente Nº4795/2013 al que accedió NOTICIAS, era un conocido narco local que falleció en un accidente náutico. Formaba parte de la facción de la banda identificada como “Los Gordos”, a la que pertenece una de las hijas de Terán, Mariela, que fue detenida junto a su esposo, Ricardo Piris –ella ahora con prisión domiciliaria–, porque encontraron en su auto 500 kilos de marihuana. El trueque que el intendente le ofrecía al comisario local, Diego Ocampo Alvarenga (también detenido por el mismo expediente), aunque suene absurdo, implicaba liberar a dos narcos detenidos a cambio de combustible para los patrulleros.

En concreto, el intendente y su hija; el viceintendente, Fabián Aquino, y gran parte de su familia; el comisario local; varios políticos más; abogados y jueces, formaban parte de una megabanda narco encargada de ingresar a la Argentina la marihuana proveniente de Paraguay, que luego se distribuía en una decena de provincias y que próximamente se aprestaban a exportar a Chile. Una organización criminal que había convertido a Itatí en una ciudad narco.

La causa se desprende de otra, la Nº8606/2013, en la que se investigaba una banda narco encargada de la venta de drogas en la villa 21-24 y Zabaleta, al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Y llevó a los investigadores hasta la pequeña y humilde ciudad correntina en la que viven apenas 7.900 habitantes y donde, llamativamente, costosos yates iban y venían al Paraguay. Hoy, en el juzgado federal Nº12, de Sergio Torres, se siguen más de 20 causas conexas por las que hay 33 detenidos, más de 60 personas involucradas y una flota de autos, camionetas, camiones, motos y embarcaciones valuados en varios millones de pesos que le fueron secuestrados a los narcos. Y fue clave para la investigación el aporte detallado de dos arrepentidos y un testigo encubierto que conocían a la perfección los movimientos de cada uno de los narcos que, según los investigadores, eran los principales traficantes de marihuana del país: 15 toneladas por semana.

La pata política. “El problema de estos narcos es que no hicieron la gran Pablo Escobar Gaviria: bajar negocios a los más pobres. Eso nos acercó a dos arrepentidos que nos dijeron ‘lo que tienen secuestrado (300 kg, en ese momento) es apenas una muestra…’”, aseguró a NOTICIAS una alta fuente judicial. Eso lo sostiene el expediente al decir que “el cuadro probatorio reunido hasta entonces se fortaleció a partir de la incorporación del relato de dos personas que manifestaron acogerse a la figura del ‘arrepentido’, quienes brindaron una descripción detallada de cómo operarían aquellos sujetos (narcos), asentados en la localidad de Itatí”.

Según se desprende de la causa, en la ciudad correntina hay tres grupos que se reparten el manejo del narcotráfico: el comandado por Carlos Alberto Bareiro, alias “Cachito”, actualmente detenido en la Unidad Penitenciaria Nº7 de la provincia de Chacho; el de Luis Alberto Saucedo, más conocido como “Lucho Gordo”; y el de Federico Sebastián Marín, líder de la banda de “La Morenita”. En un principio, la Justicia creyó que se trataba de tres bandas diferentes, pero en la actualidad están convencidos de que son tres fracciones de una misma banda, por la manera en la que se reparten la distribución de la droga y porque, incluso, se llegó a comprobar que se prestaban integrantes para realizar diferentes entregas.

De las tres facciones, la más importante es la de Bareiro, conocida como la banda de “Los Gordos”. La relevancia se la da la cantidad de personas que la integraban y la relación directa que tenía con el intendente local, Natividad Terán. Sin ir más lejos, uno de los hombres de mayor confianza del líder narco era Ricardo Piris, marido de la hija del intendente, Mariel. Este último sería el encargado de orquestar la protección política por medio de su suegro.

Según el expediente, el intendente era el encargado de transmitirle a su vice las directivas de Saucedo y así articular a los cómplices de las fuerzas de seguridad sobre cada embarcación que arribaba con droga.

Aquino, quien en las escuchas de la causa aparece directamente hablando de “mover droga”, era el más activo de la pata política de la banda. Él sería el encargado de bajarle línea al comisario local, Diego Ocampo Alvarenga. Este, junto al sargento Mario Molina y a la agente Gabriela Quintana se ocupaban –según concluye la investigación– de informar sobre los movimientos que las fuerzas federales realizaban en la ciudad.

Para los investigadores, el vice no era el único de su familia involucrado. También formaban parte de la banda sus hermanos, Hernán y Cristian Aquino, ambos detenidos más de una vez por tráfico de drogas, y su hermana Evelin, pareja del líder de “La Morenita”, Marín. Esta unión entre políticos y narcos se debería a que los traficantes habrían sido los principales aportantes de la campaña electoral de Natividad Terán.

Polinarcos. Yohana Aquino, otra de las hermanas del vice intendente, era integrante de la policía local. Actualmente está detenida porque, para los investigadores, era quien debía mantener alertados a los narcos sobre los controles sorpresa que gendarmería acostumbra hacer en la ruta. Advertidos, los traficantes podían evitar ser interceptados.

Las detenciones llegaron también a las fuerzas federales. Otro de los detenidos es el subcomisario de la Policía Federal (delegación Itatí), Rubén Ernesto Ferreyra, a quien le encontraron 17 panes de marihuana dentro de una bolsa de consorcio, tirada en un rincón de su oficina. Esa droga no estaba afectada a ningún allanamiento. ¿Qué hacía ahí? Según una fuente de la investigación, Ferreyra y su sargento, Carlos Víctor López, “interceptaban cargamentos” y luego “se comunicaban con los narcos para cobrarle por liberar la droga e, incluso, vendérselas”. Otro de los detenidos es el segundo comandante de Gendarmería Nacional, Fernando Gabriel Alcaraz, quien sería el encargado de alertar al comisario local sobre los movimientos de su fuerza.

Hasta la Justicia. Los narcos se encargaban de comprarles la droga a dos hermanos paraguayos identificados en la causa como Hugo y Ariel Arce, y habían comenzado a ingresar cocaína, proveniente de Perú.

Las 15 toneladas semanales de marihuana ingresaban por medio de embarcaciones que cruzaban al país lindero y desembarcaban en los amarraderos de Itatí, donde contaban con la complicidad de las fuerzas que debían combatir a los narcos.

Una vez que la droga estaba en la ciudad correntina, era ocultada en galpones y de ahí, retirada por los compradores, quienes se encargaban de distribuirla en Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Chaco, Tucumán, Rosario, Santa Fe y Santiago Del Estero (desde donde se exportaba a Chile).

Quién también está siendo investigado es el titular del Juzgado Federal Nº1 de Corrientes, el doctor Carlos Soto Dávila, amigo del gobernador provincial, Ricardo Colombi. A ambos se los involucró en una supuesta escucha en la que el gobernador le pedía al juez “cuidar el negocio de Itatí”. Este documento fue desmentido por el Ministerio de Seguridad de la Nación y por el juzgado de Torres, donde afirman no haber pedido nunca intervenir los teléfonos de los involucrados.

Soto Dávila y su secretario están denunciados en el otro juzgado Federal de Corrientes, por supuesta falsificación de testimoniales y habrían hecho pasar a personas por titulares de vehículos de narcos secuestrados para poder devolvérselos a los delincuentes.

Lo de la ciudad correntina no es nuevo. El padre Gustavo Omar Cadenini, ex rector de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, denunció en los medios la connivencia entre la política y los narcos en su pueblo. Hace unos meses tuvo que pedir el traslado por las amenazas de muerte que había recibido. Hoy, a pesar de las detenciones, los investigadores insisten en que “lo de Itatí es apenas un comienzo, porque en Misiones la situación es igual o peor”.

 

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