Economía, Política / 20 de febrero de 2018

La amenaza de un reclamo judicial de Odebrecht contra AYSA

A partir de una renegociación contractual de 2016, la brasileña pidió $ 888 millones y puede ir a la justicia.

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El jefe de Gabinete, Marcos Pena, el ministro del Interior, Obras Publicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el presidente de AYSA, José Luis Inglese, recorrieron la planta potabilizadora General San Martin de la empresa estatal.

a constructora brasileña Odebrecht tiene un as en la manga. Después de que en diciembre de 2016 admitió en la justicia de Estados Unidos que había pagado sobornos en la Argentina, AYSA, que preside José Luis Inglese, la suspendió de su registro de proveedores. En octubre pasado, la empresa estatal autorizó la salida de Odebrecht del consorcio que aún debe terminar ampliaciones, reparar una ruta e instalar un acueducto como parte de la ya finalizada construcción de la planta potabilizadora del Paraná de las Palmas. En ese negocio quedaron sus ex socios locales: Roggio, Cartellone y Supercemento.
Pero fuentes de la UTE reconocen que Odebrecht se guardó el derecho a un reclamo en la justicia por 888 millones de pesos. La historia es así. Dado los retrasos de las obras, en 2011 y en abril y noviembre de 2013 la AYSA kirchnerista, que presidía Carlos Ben, y el consorcio firmaron tres adendas al contrato original en las que este último renunciaba a reclamar por tres motivos: actualizaciones del flujo de caja, atrasos en los servicios financiados por el brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y por los de Nación Fideicomisos. En cambio, en 2016 la nueva conducción macrista de la distruiduidora de agua firmó una nueva adenda en la que la cláusula referida a los reclamos sólo menciona una de las razones de queja, la inherente al BNDES, y agrega otra en la que “la contratista deja sin efecto cualquier reclamo, con exclusión de los pendientes o por cuestiones no contempladas en esta adenda”.
Odebrecht se agarró de esa modificación para plantear en mayo pasado junto con sus entonces socios locales un recurso administativo ante AYSA porque, según su argumento, su “economía se ha visto afectada con posterioridad a la celebración de la adenda” de noviembre de 2013. Al mes siguiente, Inglese rechazó el reclamo por “improcedente e infundado”. En AYSA sostienen que las cláusulas de la adenda de 2016 cerraron la puerta a cualquier reclamo. En Odebrecht guardan silencio, pero sus ex socios reconocen que ellos no litigarán, dado que eso les complicaría nuevos contratos, pero admiten que la brasileña podrá hacerlo hasta dos años después del planteo administrativo.

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