En el año 2016, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, denunció en Buenos Aires que la falta de implementación del protocolo sobre el aborto no punible en dos de cada tres provincias argentinas implicaba una "violación de los derechos humanos" y contribuía “a la alta tasa de mortalidad materna en el país”. Simonovic le exigió entonces al gobierno argentino que hiciera cumplir el protocolo existente desde el 2015 sobre interrupción voluntaria del embarazo. También pidió que impulsara un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo y que se facilitara el acceso de las mujeres "a un aborto legal y seguro y a la atención post aborto".
Hoy, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer de la ONU envió a la Cancillería una carta para felicitar a la legislatura porestar tratando la despenalización del aborto.
“Acogemos con beneplácito la importante medida que se está tomando para garantizarle a las mujeres todos sus derechos humanos, incluidos los derechos a la igualdad, dignidad, autonomía, información e integridad corporal y respeto a la vida privada y al más alto nivel posible de salud, incluida la salud sexual y reproductiva sin discriminación”. Y también pide por la aprobación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El Grupo de Trabajo opina que penalizar la interrupción del embarazo "instrumentaliza los cuerpos de las mujeres, niega su autonomía y pone en peligros sus vida y su salud. "
Además, le “recuerda” al país que “la penalización del aborto y la falta de acceso adecuado a los servicios para la interrupción de un embarazo no deseado constituyen discriminación basada en el sexo, en contravención del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la Argentina el 8 de agosto de 1986”. El comunicado menciona más tratados firmados por la Argentina, y recuerda (en contra del argumento esgrimido por algunos votantes del no, en cuanto a que el proyecto sería inconstitucional) que todos ellos tienen “rango constitucional, de conformidad con la reforma de 1994”.
El organismo enfatiza que “este proyecto de ley acercaría más la legislación argentina en materia de aborto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en lo que respecto a al derecho de las mujeres a la salud reproductiva, la integridad física y la no discriminación”. Y enfatiza la importancia que, para el organismo de la ONU, tiene una ley como ésta para el resto de América Latina: “Sería un precedente bienvenido para otros estados de la región y una señal esperanzadora de que la muy necesaria reforma puede y debe iniciarse”.
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