Hoy a la tarde las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires serán testigos de una movilización que unirá a todo el sector universitario (docentes, no docentes, graduados, estudiantes, investigadores), que será el punto cúlmine de lo que ya lleva cuatro semanas gestándose. Luego del receso de invierno, las clases nunca empezaron en 54 universidades nacionales. En general se cree que el problema es solamente salarial y gremial, sin embargo, se trata de mucho más que eso. Muchas universitarias no podrán continuar funcionando a partir del mes de octubre, e incluso antes.
Los salarios docentes están, a la fecha, un 3,9% debajo de la inflación, y durante el mes de agosto las ofertas del Gobierno fueron siempre, a lo largo de tres reuniones, del 15%. La misma que ya había hecho en mayo. Lo único que varió, hasta el día de ayer, fue la cantidad de cuotas en las que proponía concretar el aumento paritario: de 4 cuotas pasó a 3 hasta que ayer miércoles ofreció, además, una suma fija.
Los docentes rechazaron la oferta: ya en el 2016 sus salarios habían cerraron un 7% por debajo de la inflación, y la prevista para el año 2018 es (por ahora) de al menos el 32%.
Aún cuando los salarios se llevan entre el 85% y el 90% del presupuesto, lo cierto es que, además, la marcha de hoy tiene que ver con una fuerte subejecución del presupuesto aprobado, la devaluación del 50% que ha habido en lo que va del año, el aumento de los servicios públicos superior al 150%. El presupuesto 2018 fue aprobado con metas de inflación del 15,7% y un dólar a 19,3 pesos.
Entre un 22% y un 30% de las investigaciones científicas se llevan a cabo en las universidades: con este dólar que se salió de todos los carriles previstos, no ha habido modo de comprar los equipamientos e insumos que los científicos precisan para seguir con sus trabajos. Son miles los que están con sus investigaciones totalmente paradas.
Del presupuesto que debería haberse ejecutado hasta ahora, unos 74.936 millones de pesos, sólo se materializó un 83%. Es decir que el Estado le debe a las universidades, en estos momentos, 12.667 millones de pesos.
Así es como hay universidades que ya no pueden pagar la luz, el gas, los alquileres de los edificios y predios en los que funcionan, en parte debido a que se paralizaron las obras de infraestructura universitaria que ya tenían fondos asignados y que fueron frenados. Esa deuda para con las universidades nacionales de todo el país se afecta a una multiplicidad de áreas, por ejemplo: 2.005 millones de pesos para programas de becas; 1.796 millones de pesos para gastos de funcionamiento; 415 millones de pesos para programas de investigación científica; 2.261 millones de pesos para infraestructura universitaria. A estos ítems se suman millones de pesos que deberían haber ido como asistencia financiera a hospitales universitarios, a las áreas de Educación y Cultura, a gastos generales y a salarios.
Según una evaluación hecha por rectores y vicerectores de universidades nacionales de todo el país, sólo en el año 2016 el pago de servicios de deuda se llevó el equivalente a 4,8 presupuestos universitarios; en el 2017, la equivalencia fue de 3,6 presupuestos. Nada es previsible en este 2018 convulsionados, pero tal y como viene la realidad económica, lo más probable es que sea más elevada.
El desfinanciamiento de la educación pública superior no es meramente gremial. Es generalizado y afecta no sólo el derecho a la educación gratuita y el carácter científico de las universidades que garantiza la Reforma de 1918 de la que tan orgullosos nos sentimos, sino el desarrollo mismo del país.
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