El declamado pedido de transparencia de la Justicia realizado por la presidenta Cristina Kirchner en su discurso del 1º de marzo ante el Congreso se da de bruces contra la política implementada desde el Ejecutivo en lo que se refiere al acceso a la información pública. La Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Juan Manuel Abal Medina, le denegó a NOTICIAS una copia de los contratos del 2010, 2011 y 2012, firmados entre Radio y Televisión Argentina S.E. (Canal 7) y la productora “Pensado Para Televisión” de Diego Gvirtz, el responsable del programa ultraoficialista “6-7-8” que se emite diariamente en el canal público.
El pedido (ver facsímil) fue realizado en base al decreto 1172 dictado por el ex presidente Néstor Kirchner en el 2003. Ante la ausencia de una ley nacional de Acceso a la información, este decreto es la herramienta con la que cuentan periodistas y particulares para solicitar información de interés público en la órbita del Poder Ejecutivo, el único alcanzado por esta norma. Sólo prevé como excepción al acceso a la información los datos que sean de carácter “sensible”.
Por la negativa de Abal Medina, NOTICIAS presentó un amparo judicial con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que recayó por sorteo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº11 a cargo de María Jose Sarmiento.
La Jefatura de Gabinete fundamentó su rechazo (ver facsímil) a informar cuánto le cuesta al Estado el principal programa oficialista en el canal público, en un dictamen no vinculante de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP). Desde hace meses, este organismo viene aplicando una interpretación errónea de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, de acuerdo a la cual para acceder a la información pública que posee el Estado que contiene “datos personales” es necesario acreditar un interés legítimo. En este sentido, el amparo cita lo dispuesto por la normativa y la jurisprudencia nacional, regional y de organismos internacionales, que unánimemente considera el “interés legítimo” como innecesario para requerir información estatal, y “una limitación excesiva” al derecho constitucional de acceso a la información.
Para Álvaro Herrero, director ejecutivo de la ADC, “el caso se presenta como una buena oportunidad para discutir esta interpretación errónea del Poder Ejecutivo, que echa en la práctica un manto de secreto sobre toda la información que tiene el Estado”. Y explicó: “En tanto los datos personales son definidos por la ley como información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables, casi toda la información pública cae dentro de esa definición tan amplia”.
Contradicción. En paralelo a la negativa del jefe de Gabinete a brindar información que debería ser pública, le envíó a la alianza mundial de Gobiernos abiertos -en inglés, Open Government Partnership, OGP – un pedido del Gobierno argentino para ser miembro de ella. La OGP es una iniciativa multilateral surgida en el 2011, que ya integran medio centenar de países -entre ellos casi todos los de Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos-, para promover la transparencia en los gobiernos, la lucha contra la corrupción y el control ciudadano.
En el texto de la misiva, Abal Medina sostiene que el Ejecutivo argentino “comparte plenamente los principios de esta iniciativa” y que “será un agrado seguir trabajando para tener gobiernos mas transparentes, con mayor participación ciudadana y que combaten eficazmente la corrupción”.
Sandra Crucianelli, experta argentina en periodismo de datos y becaria del Centro Internacional para Periodistas (International Center for Journalists, ICFJ), destaca que “justamente, uno de los requisitos para poder integrar la OGP es contar con una ley de acceso a la información pública que nuestro país no tiene. Con el decreto no alcanza, ya que sólo se remite al Gobierno nacional y no alcanza al Poder Legislativo ni al Judicial. Mucho menos a información referida a las provincias”. El proyecto de ley de Acceso está frenado hace varios años en el Congreso argentino por decisión del oficialismo.
Secretos de Estado. Por la política de cerrazón informativa adoptada por el Gobierno de Cristina Kirchner, son cada vez más usuales los rechazos a los pedidos de información y datos de interés público, fundamentales para que la ciudadanía pueda reclamar por sus derechos, controlar la gestión y realizar elecciones debidamente fundadas.
El secretismo de Estado se fue extendiendo en los últimos tiempos a diferentes organismos de la administración pública, como la Inspección General de Justicia, encargada de brindar información sobre sociedades comerciales, y el Registro de la Propiedad Inmueble, que reúne la información sobre las propiedades de personas y empresas.
"La transparencia no se proclama; se demuestra", adviertió Crucianelli. Abal Medina debería tenerlo en cuenta si aspira a que la Argentina sea aceptada en la alianza mundial de Gobiernos abiertos.
por Mariel Fitz Patrick
Galería de imágenes
Comentarios