Sociedad / 10 de junio de 2013

Por qué no habrá condenas por las coimas del Senado

Un fiscal federal explica qué artilugios está usando la Justicia para que no haya culpables en el juicio de los sobornos del Senado. Fotos de los acusados.

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Pontaquarto, el primer arrepentido de la política

La relación entre la corrupción política y la forma en que la juzga la Justicia regresó a la cima de la agenda pública. Si bien la corrupción es un ácido fatal para la democracia, mi objetivo se limita a mostrar a través de un caso judicial paradigmático, como fue el de los sobornos del Senado del año 2000, ciertos puntos que se pueden proyectar a otros casos de corrupción que hoy preocupan a la sociedad.

La corrupción (el uso de la cosa pública para fines particulares) es un fenómeno múltiple. Trabajaré sobre el caso del que me tocó ser fiscal, aunque ahora opino como politólogo. El hecho ocurrió en el año 2000. Actualmente se está desarrollando el juicio oral en el Tribunal Oral Federal N°3. Involucra a quien fue la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, a sus funcionarios, a ex senadores y a un ex funcionario del Senado de la Nación. Unos datos contextuales nos van a ayudar a comprender el caso.

El suceso se conoció porque lo divulgó un prestigioso diario como fue La Nación, a través de una columna de opinión política primero y después mediante la confesión de uno de los senadores involucrados a la periodista María Fernanda Villosio, del mismo medio entonces. Básicamente, narraron cómo desde la presidencia se compraron las voluntades de un grupo de senadores para conseguir la sanción de una ley. El impacto del caso en la opinión pública y la forma en que reaccionó el poder político para enfrentarlo, desembocaron en la renuncia del vicepresidente de la Nación, Carlos Álvarez y de las autoridades del Senado en el mes de octubre del 2000. A los tres años, uno de los involucrados, Mario Pontaquarto, confesó su participación (por mérito de una investigación periodística que también hizo Villosio) y completó la pesquisa judicial. La Justicia procesó a los involucrados. Trece años después, se acerca el final de esta causa con un pronóstico reservado.

En efecto, a partir de las crónicas del juicio comenzó a sedimentarse una información que circula por los pasillos de Tribunales en lenguaje de jerga: “El caso se cae porque no se probó”. Con esta premisa voy a trabajar; es decir con la impunidad a la que puede quedar reducido este expediente. La pregunta es: ¿Cuáles fueron las razones que permitieron semejante mutación simbólica? ¿Cómo ocurrió que un caso que conmovió a la sociedad y que estaba esclarecido, se disolvió trece años después? No tengo respuestas, pero puedo identificar rasgos de ese proceso de transformación. Según las estadísticas oficiales, los tribunales orales federales no realizan demasiados juicios. Del conjunto que hacen, hay que hacer una distinción vinculada al capital simbólico, prestigio social y poder económico de los imputados que se traduce así: cuando la intensidad de esos indicadores es menor, es más largo el brazo de la Justicia (en delitos menores, hay condenas). En cambio, cuando esa intensidad aumenta, como en los casos de corrupción, no hay penalidades. Es decir, a veces el juicio no se hace porque las causas duermen mientras pasa el tiempo (la prescripción); a veces porque se realiza un pacto entre los acusadores y los imputados homologado por los jueces llamado “juicio abreviado”; a veces porque se “suspenden a prueba” y las tareas comunitarias permiten la exculpación o, finalmente, se realiza un juicio muy largo que se limita a repetir la instrucción de una manera teatral, para hallar grietas que permitan implementar una decisión previa: que “la causa se caiga”. Me voy a detener en esta última dinámica y enumerar algunas características directas.

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