El escándalo del "Petrolao", la investigación sobre corrupción política más importante en la historia de Brasil, no sólo salpica a funcionarios y empresarios brasileños. Desde enero, una denuncia de la diputada Elisa “Lilita” Carrió abrió un capítulo en la Justicia local para investigar el pago de “comisiones” tras la compra de la distribuidora eléctrica Transener por parte de la empresa K Electroingeniería.
El principal señalado por Carrió es el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, señalado por uno de los arrepentidos del "Petrolao", como pieza fundamental en la venta de la transportadora de energía "Transener".
La investigación la llevan adelante el juez Sebastián Ramos, del juzgado Federal Nº 2 y el fiscal Gerardo Pollicita. Esta investigación ya tuvo sus primeros avances: a fines de febrero, tras un requerimiento del fiscal, una delegación policial, junto con personal del juzgado se acercaron hasta la empresa para solicitar el contrato de compraventa del 50% de Transener, realizado en 2007 y también los estatutos societarios para determinar la composición accionaria de Electroingeniería. Estos movimientos tienen preocupados a los directivos de la empresa, en especial a Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, presidente y vicepresidente de la compañía.
La extensa investigación del “Lava Jato” tiene ramificaciones que se remontan a 2003 cuando el entonces presidente Eduardo Duhalde, dos semanas antes de dejar el poder, autorizó la venta de Pecom, la petrolera de Gregorio Pérez Companc, a Petrobras. La operación fue aprobada el 12 de mayo de 2003 por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Producción, por entonces comandado por Aníbal Fernández.
Entre los activos que compró Petrobras a Pérez Companc estaban una refinería en la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe) y 360 estaciones de servicio. En 2011, la empresa brasileña le vendió ambas cosas al empresario Cristóbal López por 35.7 millones de dólares y desde entonces esas viejas estaciones Petrobras se llama “Oil”. Según la declaración de Paulo Roberto Costa, ex director de refinación y abastecimiento de la compañía brasileña, en 2014 la entonces presidenta Cristina Kirchner tenía pensado hablar con Dilma Rousseff acerca del interés del grupo Indalo en quedarse con el total de Petrobras.
Roberto Costa cuenta que hubo reuniones entre él, el lobbista carioca Jorge Luz, Cristóbal López y un empresario llamado Jorge Rotemberg, quien sería el que le acercó el negocio al zar del juego. Años después, López intentó hacerse de la mayoría de los bienes que Petrobras poseía en Argentina, pero tras una denuncia de la diputada Carrió, sumada a una carta al embajador brasileño en Buenos Aires Enio Cordeiro, el negocio se frustró. En Brasil no quisieron arriesgarse a quedar como socios de un empresario tan vinculado al Gobierno K y denunciado.
Otro ex funcionario que aparece mencionado es Ricardo Jaime, en el marco de una resolución que emitió el juez de la causa Sergio Moro, de Curitiba. En el escrito menciona un mail de Manuel Vázquez, “un asesor de Ricardo Raúl Jaime, ex secretario de transporte del Ministerio de Planificación de Argentina, acusado y condenado por corrupción en aquel país”. “En el texto, Manuel Vázquez se refiere a una orden de pago y todo indica que es en su propio beneficio”, escribió el juez.
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por Rodis Recalt
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