El tarifazo vigente desde abril último para los hogares quedó anulado, las distribuidoras deberán devolver la plata y con suerte se podría aplicar allá por octubre próximo, justo cuando la demanda de gas caiga hasta el próximo otoño. La sentencia representa una derrota política para Macri y además afecta sus planes para atraer las demoradas inversiones y para reducir el de por sí elevado y persistente déficit fiscal.
“El impacto económico del fallo no es bueno”, opina el economista jefe para Argentina del banco brasileño BTG Pactual, Andrés Borenstein, en un giro lingüístico similar al que usó el ex vicepresidente Julio Cobos cuando votó en contra de las retenciones móviles que Cristina Kirchner le había impuesto al campo en 2008. Borenstein confía en el Gobierno de Macri, pero es de los más pesimistas en un relevamiento entre bancos y consultoras sobre el déficit fiscal, que elaboró la firma FocusEconomics: preveía un rojo del 6,5% del PBI antes del fallo de la Corte. Ahora espera un 0,3% más. “Es una mala noticia desde el punto de vista fiscal, el Gobierno va a tener que tomar más deuda, pero hay liquidez en el mundo y el nivel de aumento del déficit no será algo que te derribe. Lo que más me preocupa es que es una derrota política de Macri y que empeora el clima de inversiones porque, más allá de que el fallo pueda estar bien fundamentado, el hecho de que las decisiones se vuelvan para atrás no ayuda. Lo bueno es que el Gobierno reaccionó de inmediato aceptando lo que dijo la Corte”, evalúa Borenstein.
La pregunta que ahora se formulan con más fuerza los enemigos de Aranguren en el Ejecutivo radica en por qué no sólo el ministro de Energía sino sobre todo el propio Presidente se empecinaron en lanzarse al ajuste de tarifas sin convocar con anterioridad las audiencias públicas. El aumento se terminará haciendo, pero más tarde y con un debate político que continuará en esas discusiones no vinculantes entre las partes afectadas. Además ha quedado abierta la posibilidad de que también los comercios y las industrias reclamen la anulación del tarifazo de gas y de que una sentencia similar se defina el precio de la electricidad.
Deuda o ajuste. Otro de los que calculaba un alto déficit fiscal para 2016 incluso antes de la sentencia, Eduardo Levy Yeyati, considera que el Gobierno podrá tomar más deuda o tendrá que ajustar el gasto social o retrasar más las obras públicas para compensar los subsidios adicionales que deberá distribuir para cubrir la anulación del tarifazo. “El Gobierno ha tenido una política fiscal contracíclica, su prioridad debe ser salir de la recesión y por eso yo no cortaría la inversión pública”, opina quien además preside el Consejo de la Producción, un cuerpo ad honorem que formó Macri para analizar cuestiones de largo plazo. Levy Yeyati considera que el fracaso del Gobierno en la implementación del aumento de tarifas retrasa el cambio de modelo económico, de uno basado en el consumo, característico del kirchnerismo, a otro que se apuntale en la inversión. “Volvemos al 2015. No es que se eliminarán los planes de inversión, pero se demoran parcialmente. Esto fue un test de la capacidad del Gobierno de aplicar medidas conflictivas y ahora deberá responder con cintura política”, opina Levy Yeyati, socio de la consultora Elypsis.
Pesos en el bolsillo. Quizá el Gobierno podría beneficiarse del algún leve aumento del consumo que podría provocar la devolución del dinero del tarifazo a los usuarios. Pero varios analistas subestiman ese impacto. “Cuando te devuelvan la plata no te va a ayudar mucho porque vas a estar peor con la recesión”, pronostica el economista heterodoxo Enrique Dentice, profesor de la Universidad de San Martín. “Va a haber una demora sustancial de las inversiones", advierte Dentice en tiempos en que decae la actividad exploratoria en el yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta. "El Gobierno deberá emitir deuda o derivar partidas que estaban destinadas a las obras públicas. La reactivación que se pensaba para fin de año se retrasará para el segundo trimestre de 2017”, vaticina el profesor. Sería demasiado cerca de las elecciones legislativas en las que Macri deberá poner a prueba su popularidad. Al consultor político Carlos Fara le sorprende “la cantidad de tiempo que perdió el Gobierno por la incapacidad para encontrar un camino político para aumentar las tarifas”. Pese a que las encuestas coinciden en que entre los ciudadanos reina el consenso de que la electricidad, el gas y el agua de red deben costar más que hasta el año pasado, el monto del incremento y la falta de convocatoria de audiencias públicas provocaron una polémica que continuará. Además, Fara opina que antes del fallo de la Corte el Ejecutivo confiaba en que podía relajar el ajuste fiscal con miras a los comicios de 2017 porque consideraba que la mayor parte del esfuerzo de ordenar algo las cuentas públicas corría por cuenta del tarifazo. “Ahora ya no puede relajarse tanto. El Gobierno entró en un callejón complicado. Pensaba morigerar la recesión con obra pública, pero ahora debe jugar de vuelta. Se jugó a un discurso del ajuste de tarifas, pero la Corte le falló en contra”, agrega Fara.
El objetivo de déficit fiscal también se desajusta para 2017, año electoral y, por tanto, difícil para cualquier recorte. Una opción consiste en cubrir el rojo con la emisión de bonos. En la primera mitad del año, la Nación, las provincias y las empresas colocaron deuda externa por casi 30.000 millones de dólares. Ese nivel se explica por el arreglo con los fondos buitre, difícilmente se mantenga en el segundo semestre, pero de todos modos comienza a despertar señales amarillas en la medida en el que el rojo se siga financiando con deuda en un país con mucha historia en defaults.
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