"La ley está totalmente de mi lado”, dijo el Presidente sobre las acusaciones de conflictos de intereses entre su gobierno y su grupo empresarial. “¡Sólo los medios retorcidos han hecho de esto un gran problema!”, agregó el jefe de Estado, pero no era Mauricio Macri sino Donald Trump. El norteamericano llegó al poder sin carrera política previa tras desplegar durante su vida un imperio inmobiliario. El argentino, en cambio, es el hijo del constructor de uno de los principales grupos económicos del país en los 80 y 90 que en la actualidad ha quedado relegado al puesto 792 en el ranking de las grandes empresas que elabora la revista Mercado. De todos modos, los presuntos conflictos acechan las decisiones gubernamentales que se entretejen con los negocios de Socma, la sociedad que Franco Macri cedió en 2008 a sus cinco hijos (Mauricio, la fallecida Sandra, Gianfranco, Mariano y Florencia) y cuyo 20% el presidente argentino entregó a su vez a sus tres descendientes mayores (Agustina, Gimena y Francisco).
Y no sólo es el caso de Macri. Cuando en septiembre pasado la Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso, sugirió que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, vendiera sus acciones en la empresa que había dirigido en la Argentina, Shell, también reconoció que estaba analizando otros 35 casos de funcionarios con presuntos conflictos de interés o incompatibilidades por su pasado o presente vinculados a negocios privados.
Resulta obsceno que una misma persona sea dueña, juez y parte. Se convierte así en habitual que cada día surja una nueva polémica en este Gobierno liderado por un empresario y compuesto por numerosos ex ejecutivos y accionistas de grandes compañías.
El mandamás de la Casa Rosada y su tambaleante ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, fueron imputados por el fiscal federal Juan Pedro Zoni, de la agrupación K Justicia Legítima, el pasado 14 de febrero por presunto perjuicio patrimoninal millonario por el acuerdo de pago de la deuda del Correo Argentino SA, ex concesionaria macrista del servicio postal oficial, con el Estado. Ocurrió después de que la fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, que no pertenece a Justicia Legítima, calificara de “abusivo” el convenio firmado en junio pasado porque, según ella, implicaba la condonación del 98,8% del pasivo en concurso preventivo desde la crisis de 2001. Ante el escándalo desatado por este pacto, el Gobierno pidió este lunes a la justicia que lo dejara sin efecto.
Otras causas judiciales que vinculan al Gobierno y al grupo Macri se abrieron en estos días. En marzo pasado, Sideco Americana, el holding de Socma, vendió Macri Airlines (Macair) a la colombiana Avianca, propiedad de un empresario nacido en Bolivia y nacionalizado brasileño, Germán Efromovich. Dos meses después este hombre de negocios visitó en la Quinta de Olivos a Macri, que en la campaña electoral prometió mantener Aerolíneas Argentinas en el Estado pero nunca ocultó su intención de exponerla a nuevos competidores. Efromovich le pidió que convocara a audiencia pública para la concesión de rutas regulares, dado que Macair sólo se dedicaba a vuelos privados y chárters. En octubre se formalizó la transferencia de la aerolínea de los Macri a Avianca y al mes siguiente la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) llamó a la audiencia para el 27 de diciembre.
La ANAC está presidida por Juan Pedro Irigoin, un ingeniero recién llegado a la gestión pública, con experiencia en las industrias de la salud y los alimentos y hermano de Jorge Irigoin, el actual presidente del Correo estatal que antes había dirigido el servicio postal de los Macri entre 1997, año del inicio de la concesión otorgada por el gobierno de Carlos Menem, y 2001. Este 13 de febrero, Juan Pedro Irigoin firmó los dictámenes por los que recomendó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que apruebe sin restricciones todas las rutas que pidió Avianca, mientras que rechaza o pone condiciones a las solicitadas por las otras cuatro compañías peticionantes, Andes, Alas del Sur, American Jet y la nueva FlyBondi.
Pero la ANAC difundió este martes un comunicado para negar preferencias: "El dictamen no favorece a ninguna de las cinco empresas. Los criterios utilizados para establecer la conveniencia pública de las rutas fueron iguales para todas. La JATA (Junta Asesora del Transporte Aéreo) dictaminó en forma favorable sobre aquellas rutas donde el potencial de tráfico justifica la incorporación de nuevos operadores, ya que la oferta existente resulta ineficiente. Todo esto orientado a las necesidades de movilidad de las personas y no a las necesidades comerciales de una u otra empresa, para mejorar la conectividad del país. A todas las empresas se les otorgó el 100% de las rutas solicitadas, con excepción del caso de FlyBondi, a la cual se le negaron 11 rutas". La ANAC también se refirió a la potestad de suprimir escalas que le concedió a Avianca y no a American Jet, Alas del Sur y Andes: "En relación a las escalas, la exigencia de cumplir el 50% de las mismas recayó por igual en todas las líneas. Este criterio, que busca la conectividad de ciudades más chicas, no aplica si las rutas solicitadas tienen una sola escala, como es el caso de Avianca. No tiene nada que ver con la empresa sino con la naturaleza de la conexión que pidieron las distintas operadoras".
Las sospechas de conflictos de intereses e incompatibilidades en el Gobierno de Macri obligaron a la jefa de la Oficina Anticorrupción a investigar. Alonso abrió hasta ahora 80 expedientes por conflictos de intereses. Dos de ellos, del equipo de Aranguren, fueron denunciados en noviembre por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública: el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, y su subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, exejecutivos de petroleras de los Bulgheroni, PAE y Axion, respectivamente. “Tenemos una visión distinta respecto de nuestra diputada Elisa Carrió y así lo ha explicado Aranguren. Tenemos una enorme tranquilidad de que tenemos el plantel más idóneo, capacitado, con vocación y transparencia para hacer una gran gestión pública”, respondió entonces el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando estos cronistas le preguntaron sobre Sureda y Popik.
por Rodis Recalt, Alejandro Rebossio
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