NOTICIAS accedió a los gastos del INCAA que llamaron la atención de Marcos Peña, y que movitaron que el Ministro de Cultura le pidiera explicaciones a Alejandro Cacetta hace un mes. Las respuestas del presidente del INCAA no convencieron a Pablo Avelluto.
La información fue recopilada por un abogado de una cámara de productores de cine, la APRI (Asociación de Productores y Realizadores Independientes).
Son los gastos firmados por la administración Cacetta en el 2016 y lo que iba del 2017, que el INCAA no entregaba si no era por medio de recursos de amparo. Y donde constan algunas erogaciones que generaban dudas. Los “kioscos” a los que hacía referencia Avelluto incluían gastos crónicos en cerrajería en oficinas en las que casi no hay puertas, viáticos y catering sobrevaluados, compras de insumos y contrataciones de publicidad infladas.
Varias compras de licencias de programas de computación que en Mercadolibre se consiguen por cien pesos le costaban al INCAA hasta $15.000 por unidad. Y una computadora que puede costar unos 1.500 dólares llegaba a valer 10.000.
Lo mismo sucedía en el rubro viajes y traslados, donde unos pocos prestadores habían captado todo el gasto. Con erogaciones que superaban en los cálculos en un 50% a los valores de mercado. Y en el rubro publicidad, los productores denuncian que esa comunicación suele ser inexistente.
Algunos de los gastos correspondían al INCAA y otros a la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica). Su rector Pablo Rovito, defendido de manera unánime por la movilización de actores y directores, entre otras irregularidades alquilaba un predio en Constitución (Artecinema, donde funciona un Espacio INCAA), que era de su propiedad (16%), y de los productores Daniel Burman y Fernando Sokolowicz.
Además, había impulsado la construcción de cuatro edificios para la ENERC sin hacer un llamado a licitación y subdividiendo las compras en montos menores para evadir las normas que obligarían a llamar a licitación pública.
Cacetta incurría en un proceso similar al promover el alquiler por 700 mil pesos mensuales de un predio propiedad de la económicamente complicada Cinecolor (socia de Patagonik, la empresa de la que Cacetta fue CFO hasta el 30 de diciembre de 2015) para la instalación de la Cinemateca Nacional, sobre el que Laura Alonso y la Oficina Anticorrupción advirtieron a Cacetta del conflicto de intereses (resolución 523/16).
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