El juez Daniel Rafecas procesó como partícipes necesarios en el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas José López a dos empresarios que le prestaban sus casas. Eduardo Gutiérrez, dueño de la constructora Farallon, alojaba al encarcelado lanzador de bolsos en su mansión de la localidad de Dique Luján. Quien lo cobijaba en un departamento en la porteña avenida Las Heras era Carlos Giani, propietario de la firma Marketing y Eventos. Todos ellos irán a juicio en 2018.
Al gas. Rafecas también investiga el proceso licitatorio por el que Odebrecht consiguió la construcción de gasoductos entre 2004 y 2006 y por eso indagará el 5 de diciembre al ex ministro de Planificación encarcelado, Julio De Vido. Sólo después planea llamar a los ejecutivos de la empresa brasileña. El juez Marcelo Martínez de Giorgi analiza esos mismos contratos ejecutados entre 2007 y 2013.
Otra causa en manos de Rafecas es una de las dos partes del FIFAgate, la que atañe a si el Estado pagaba precios ajustados a los internacionales por los derechos televisivos de las copas América. El otro capítulo del caso está en manos de María Servini de Cubría, que analiza los vínculos con Fútbol para Todos.
Cristóbal López corre riesgos de ir a prisión. La Cámara de Casación confirmó este 22 de noviembre al juez Julián Ercolini como titular de su expediente por evasión de 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. El tribunal consideró que la falta de pago de tributos de Oil, la compañía del grupo Indalo, no debía ser remitida al fuero penal económico sino que tenía que mantenerse en el federal por tratarse de un presunto plan criminal en perjuicio del Estado. Mientras tanto, López encuentra trabas del Gobierno para transferir las acciones de Indalo al financista Ignacio Rosner, que ya se hizo cargo de la gestión. La AFIP logró que la Corte Suprema rechazara una convocatoria de acreedores en la que Indalo conseguiría una quita de deuda, el Banco Central le suspendió su banco Finansur y las dependencias gubernamentales de obras públicas, energía y medios le retrasan pagos de servicios, subsidios y publicidad.
Marcelo Mindlin está siendo investigado junto con otra veintena de empresarios por el juez Claudio Bonadio, uno de los dos jueces que encarcelaron a De Vido. En 2007, en el Ministerio de Planificación, el entonces secretario de Energía, Daniel Cameron, quiso impulsar el abastecimiento eléctrico con una resolución que lleva un número muy apropiado para tal fin: 220. La medida impulsó contratos de abastecimiento a largo plazo del mercado eléctrico mayorista para contrarrestar la escasez. Bonadio sospecha, pero en su juzgado responden: “Por ahora no hay comentarios”. De la resolución 220 no sólo se benefició Pampa, grupo del que también es accionista el amigo británico de Macri Joe Lewis, sino también Albanesi, que preside Armando Losón; las británicas Agrekko, Rurelec y APR Energy, Genneia (propiedad del fondo Fintech, del mexicano David Martínez, socio del Grupo Clarín en Telecom; del norteamericano PointState y de los Brito), Industrias Juan F. Secco, las estadounidenses SoEnergy y Sullair y Turbodisel, que preside Benjamín Pérez.
Electroingeniería. Los dueños de la ahora atribulada Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, son investigados por el juez Sebastián Ramos después de que en abril pasado dos condenados por el Lava Jato en Brasil mencionaran que habían sobornado a De Vido para que presionara a Petrobras para que les vendiera la transportista eléctrica Transener. “La acusación es descabellada y carece de pruebas. La causa está por cerrarse”, dicen en Electroingeniería.
El megaescándalo de corrupción en Brasil salpica a otras empresas en la Argentina. Una es Techint, que fue denunciada en junio pasado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ante Ramos por presuntos sobornos que habría pagado para conseguir obras en el socio mayor del Mercosur. En el grupo de Paolo Rocca responden que no hay ningún ejecutivo imputado en Brasil y que incluso cuatro delatores premiados negaron su participación en coimas que pagaban sus socios en diversas UTE. La otra constructora investigada en el país vecino es Contreras Hermanos. Accionistas minoritarios de la familia propietaria han querellado a los parientes que la controlan ante los tribunales de Comodoro Py por una cuenta de 13 millones de dólares que tienen en el UBS de Suiza.
También hay empresarios investigados en Retiro por hechos que no hacen a la corrupción K. El supermercadista Alfredo Coto fue imputado en mayo pasado por la fiscal Paloma Ochoa en una causa que tramita Ramos por el arsenal que le encontraron en un local de Caballito. Allí se hallaron más de 200 granadas, algunas de la Policía Federal, proyectiles de gas lacrimógeno, 27 armas de fuego y gas pimienta. Habrá que ver hasta dónde llega la Justicia perra.
por Rodis Recalt, Alejandro Rebossio
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