El contrato de la construcción de la planta de potabilización de AYSA en el río Paraná de las Palmas no sólo abrió una causa judicial sobre las presuntas coimas que por esa obra habría pagado la brasileña Odebrecht a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La polémica continúa y la empresa de Marcelo Odebrecht, que en diciembre pasado salió de la cárcel para completar su condena en su mansión de Sâo Paulo, ahora demanda a AYSA por 898 millones de pesos más intereses por retrasos en los pagos hasta 2017.
Los abogados de ambas compañías se vieron las caras en una mediación prejudicial el pasado 20 de febrero, pero no se pusieron de acuerdo. Ahora es sólo cuestión de esperar cuando Odebrecht inicie el juicio.
Los retrasos de las obras venían de antaño, pero en 2011 y en abril y noviembre de 2013, la AYSA kirchnerista, que presidía Carlos Ben, y Odebrecht firmaron tres adendas al contrato original en las que la brasileña renunciaba a reclamar por tres motivos: actualizaciones del flujo de caja, atrasos en los servicios financiados por el brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y por los de Nación Fideicomisos. En cambio, en 2016 la nueva conducción macrista de la distribuidora de agua, que preside José Luis Inglese, firmó una nueva adenda en la que la cláusula referida a los reclamos sólo mencionó una de las razones de queja, la inherente al BNDES, y agregó otra en la que “la contratista deja sin efecto cualquier reclamo, con exclusión de los pendientes o por cuestiones no contempladas en esta adenda”.
Para Odebrecht, esa modificación le dejó la puerta abierta para plantear en mayo pasado un recurso administativo ante AYSA porque, según su argumento, su “economía se ha visto afectada con posterioridad a la celebración de la adenda” de noviembre de 2013. Al mes siguiente, Inglese rechazó el reclamo por “improcedente e infundado”. Pero Odebrecht insistió y fue a la mediación previa al juicio.
En AYSA niegan que las cláusulas de la adenda de 2016 le hayan abierto la puerta a la demanda de Odebrecht y argumentan que por eso rechazan sus planteos. Recuerdan que en 2017 eliminaron a la compañía brasileña de su registro de proveedores y pidieron al juez de la causa de las coimas, Sebastián Casanello, que los dejara participar como querellantes por considerarse perjudicada. Casanello rechazó el mes pasado la petición de AYSA, que apeló a la Cámara.
En paralelo, la Policía brasileña acusó al jefe de Inteligencia argentino, Gustavo Arribas, de cobrar sobornos del Lava Jato brasileño, aunque no necesariamente de Odebrecht. El escándalo sigue.
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