Tránsito incesante de camiones, un local del Santander Río y otro de Garbarino en un pueblo neuquino, Añelo, que en los últimos seis años casi triplicó su población, a 8.000 habitantes. La contracara de las quejas por los tarifazos se palpa sobre la superficie donde se perfora y fractura la roca de Vaca Muerta. Neuquén, provincia que visitó Mauricio Macri este 23 abril, vive entre la ilusión por un pronosticado récord de inversión hidrocarburífera y la tensión por el envío de refuerzos de Gendarmería.
El ministro de Energía neuquino, Alejandro Monteiro, predice que este año se superará el pico histórico de inversión en Vaca Muerta de 2015, al llegar a 5.500 millones de dólares, la mitad de los necesarios para un desarrollo masivo que compense la caída de producción argentina. Monteiro atribuye la inversión al alza del precio del petróleo y a las medidas del gobierno de Mauricio Macri. Estas últimas son: la suba del valor del gas en boca de pozo, que cada vez más pagan los usuarios de su propio bolsillo y menos de los subsidios, y la subvención adicional que el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, distribuye a proyectos nuevos.
Aranguren ya autorizó ayudas para Tecpetrol (Techint), Pan American Energy (PAE, propiedad de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni), la francesa Total, la alemana Wintershall, YPF (51% estatal) y CGC (de Eduardo Eurnekian). El ministerio evalúa aprobar este mes proyectos de YPF (uno es en sociedad con la norteamericana Dow) y Pluspetrol (de las familias Poli y Rey).
El récord inversor está traccionado por YPF (en alianza con Dow y su compatriota Chevron) y la petrolera de Techint. Detrás vienen PAE, Wintershall, la estadounidense Exxon Mobil y la angloholandesa Shell, que este 24 de abril anunció que vendió 50% de su negocio argentino de refinería y estaciones de servicio a la brasileña Cosan.
Pero en paralelo a las inversiones también crecen las tensiones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enviará en los próximos días 400 gendarmes más a una región patagónica en la que los conflictos territoriales con los mapuches terminaron en noviembre pasado con la muerte del indígena Rafael Nahuel a manos de prefectos. En su oficina de madera desgastada, el intendente de Añelo, Darío Díaz, justifica el envío de gendarmes por la llegada al pueblo de los robos, las drogas, la prostitución y la trata de personas. A siete kilómetros de allí, el mapuche Albino Campo, que reclama para su comunidad 11.000 hectáreas que ahora explotan YPF, Shell y PAE, advierte que los gendarmes también vendrán a proteger a las compañías. No está contra la industria petrolera, que emplea a mapuches, pero le reclama que deje de contaminar.
Galería de imágenes
Comentarios