Con clave electoral, el presidente Mauricio Macri se apoderó de la iniciativa política y puso sobre la mesa una discusión que la diputada y cofundadora de Cambiemos Elisa Carrió le venía reclamando: “recuperar lo robado”. Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que el Decreto de Necesidad y Urgencia no tiene “nombre y apellido”, en alusión a las investigaciones patrimoniales que pesan sobre la ex presidenta Cristina Kirchner.
Esta no es la primera vez que el oficialismo fija la agenda en la opinión pública. Ya lo había hecho en el pasado con casos como la baja en la edad de imputabilidad; el caso del policía Luis Chocobar, quien mató por la espalda a un ladrón; luego se sumó a la discusión la habilitación a disparar por la espalda sin dar la voz de alto. Se lo llamó la doctrina Chocobar.
Más cerca en el tiempo, el debate público fue ocupado por el fenómeno de la inmigración, en el que la ministra Bullrich afirmó que “el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas que están detenidas, condenadas o procesadas”. Este dato está basado solo en las cárceles federales y no en la población total de las cárceles de Argentina. Cuando se analiza la población total, incluyendo las cárceles provinciales, las comisarías, alcaidías y otros centros de detención, la población de extranjeros se reduce al 6%.
Unas semanas antes, la discusión pública se centró en el uso de las pistolas Taser para equipar a las fuerzas de seguridad. En radio, televisión, diarios, revistas y redes sociales opinaron especialistas a favor y en contra.
Todos estos temas tienen un solo objetivo: tensionar el voto en los sectores populares, quienes conviven con la inseguridad y están preocupados por la cercanía con hijos y familiares. En estos sectores, el kirchnerismo genera empatía, pero cuando se aborda la inseguridad y se ataca el problema, el gobierno de Cambiemos gana adeptos.
Corruptos. La discusión sobre la extinción de dominio tiene un doble valor electoral. Por un lado, copar la agenda con una discusión distinta de la económica, en la que el Gobierno solo recibe críticas, y por el otro, hablarle al votante de Cambiemos, de clase media, que, golpeado por la crisis, por lo menos recibe un “mimo” al abordarse el flagelo de la corrupción. Esto también provoca una diferenciación respecto de los jueces federales de Comodoro Py, quienes tienen una pésima imagen pública por la lentitud en el avance de las causas.
Con la creación de la Procuraduría de Extinción de Dominio, el Gobierno logra despegarse de los tiempos judiciales y les pone presión a los jueces. Las críticas que recibe el DNU de Macri están basadas en la aplicabilidad, porque los expedientes para recuperar los bienes se tramitarán en el fuero civil y comercial. No en el fuero penal. Pero el expediente civil estará atado al expediente penal. Es decir: si una persona es sobreseída en el fuero penal, el Estado que le incautó los bienes, deberá devolverlos.
Otro de los puntos polémicos del DNU de Macri es que se pueden iniciar investigaciones de oficio, lo que podría incitar a la discrecionalidad. También se aceptará la colaboración de informantes, quienes si aportan datos que ayuden a la investigación serán beneficiados con una recompensa que no supere el 10% de los bienes recuperados.
Mantenimiento. Hasta ahora, con lo que se ha incautado en causas de narcotráfico o corrupción, una de las respuestas que dio el Estado fue dar esos bienes para que los usen las fuerzas de seguridad, sobre todo las nacionales como la Policía Federal, la Prefectura Naval o la Gendarmería. Esto también servía como una fuerte propaganda de lucha contra el crimen, porque entre los bienes suele haber autos de lujo, aviones o barcos.
La incorporación de bienes de lujo a organismos con poco presupuesto se encontró muy rápido con un obstáculo: la capacidad de manutención de los bienes. Las fuerzas de seguridad ya suelen tener problemas para mantener los autos de su flota cuando hay que comprar repuestos, cambiar una rueda o realizarles mantenimiento eléctrico. Estos inconvenientes aumentan cuando se trata de autos de alta gama, o aviones privados, que tienen un mantenimiento mucho más costoso. Los autos se lucen, pero al poco tiempo dejan de estar operativos.
El portal especializado en autos, Autoblog.com.ar, lleva un registro de los “patrulleros premium” con fotos que sus lectores suelen compartirles, más las imágenes oficiales que envía cada gobierno. Entre las perlitas que encontraron, hay una Ferrari 458 Italia que perteneció al sindicalista Juan “Pata” Medina y fue incautada en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito con aportes de los trabajadores de la construcción (Uocra) de La Plata. La Justicia autorizó a la Prefectura Naval a utilizar la Ferrari como un “símbolo de la lucha contra la corrupción”, pero un día se encendió el cartel de “Service” en el tablero y ya no se pudo hacer nada más. Mandarla a revisar sale muy caro.
Algo similar sucedió con el avión del empresario K Lázaro Báez, que también se lo quedó el Estado. En el ploteo que se hizo sobre la aeronave se fijaron stickers de Presidencia de La Nación, del Ministerio de Seguridad y de la Corte Suprema de Justicia. El avión se mandó a reparar, se pagó por un servicio de mantenimiento, se enviaron pilotos a capacitarse a Estados Unidos, pero hoy, el avión está tirado en un hangar de San Fernando. No se usa.
Agenda. El consultor político Raúl Timerman lanzó un tuit con mirada electoral: “En política, cuando tu rival siempre fija la agenda y vos siempre tenés que salir a contestar, hay algo que no estás haciendo bien”. Desde que Macri anunció el decreto, la oposición solo se dedicó a atajar las preguntas que les hacían sobre los casos de corrupción en los que se investiga a ex funcionarios del gobierno K. En el inicio del año electoral, el Presidente ya movió las primeras fichas de su estrategia de campaña.
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