Brasilgate: el Lava Jato manchado

El golpe más duro contra el prestigio del Lava Jato no fue la revelación de los contactos entre el juez y el fiscal del proceso contra Lula, sino el salto de ese juez al poder político. Nada desprestigió la ofensiva anti-corrupción que la inaudita aceptación de un poderoso cargo en el gobierno de Jair Bolsonaro. Sergio Moro, el “estelar” magistrado que encarceló al líder del PT, quitándolo de la carrera electoral cuando todas las encuestas vaticinaban su triunfo, aceptó la porción de poder que le ofreció el hombre que acababa de ganar la elección gracias a las medidas judiciales que él había tomado.

Ocurrido esto, no puede sorprender que el proceso contra el ex presidente haya estado viciado de acciones y manipulaciones para alcanzar un resultado predeterminado, en lugar de buscar el esclarecimiento del caso.

La credibilidad de lo actuado por los magistrados ya estaba dañada por el impresentable salto del juez de Curitiba a la política. La publicación de los chats entre el magistrado y el fiscal Deltan Dallagnol agravaron ese daño, porque parecen confirmar la sospecha de que Lula cayó en una emboscada judicial destinada e impedir su retorno a la presidencia.

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En Brasil, el Código Penal establece que un juez no puede dar asesoramiento ni a la defensa ni a la acusación. A su vez, la Constitución vigente desde 1988 prohíbe expresamente todo tipo de contacto entre el juez y el fiscal de una causa, que no se realice a través de vías oficiales.

Lo que se busca impedir desde la carta magna y desde el Código Penal, es que un juez y un fiscal puedan coordinar sus acciones porque dicha coordinación altera el espíritu del proceso. Si los magistrados coordinan sus actuaciones por fuera de los canales oficiales, esos procedimientos quedan de inmediato bajo sospecha de colusión para llevar el proceso hacia un veredicto establecido con antelación. No es seguro que la defensa de Lula da Silva logre la nulidad del proceso que lo llevó a prisión, debido a que el origen de esas pruebas puede ser ilegal, por caso si fueron obtenidas mediante hackeo. Aún así, las escuchas resultan moralmente demoledoras para Moro.

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El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro contraatacó, apuntando al periodista norteamericano que publicó los chat entre Moro y Dallagnol. El abogado constitucionalista y experto en derechos Civiles Gleen Greenwald ofrece un talón de Aquiles: su marcado activismo ideológico. No obstante, haber publicado la información extraída por Edward Snowden probando el espionaje a gran escala que perpetró la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), entre otras cosas, lo hicieron merecedor de distinciones periodísticas como el Pullitzer, el Pollack y el que otorga en Argentina la Editorial Perfil.

Respuesta. El clan Bolsonaro podría haber señalado posiciones más discutibles, como la encendida defensa a Julian Assange, pero desde un obtuso y artero ultra-conservadurismo apuntó a su sexualidad y su presunta relación sentimental con un dirigente izquierdista brasileño.

Lamentable ataque del clan Bolsonaro y lamentable también que el escándalo causado por las revelaciones, sea utilizado por otros liderazgos envueltos en casos de corrupción. A pesar de que en Latinoamérica son más los ex presidentes derechistas y centroderechistas que han sido procesados y encarcelados por delitos cometidos en el poder, los liderazgos populistas de izquierda que también tienen denuncias por corrupción intentarán “lulizarse”. O sea, equiparar sus casos con el que llevó a prisión al líder petista, barnizando esa estratagema de victimización con pronunciamientos como el que hizo el Papa ante jueces latinoamericanos que reunió en el Vaticano.

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Es posible deducir que el discurso de Francisco hablando de “lawfare” (guerra judicial) y de “intervención exógena en los escenarios políticos” a través del uso indebido de instrumentos judiciales, buscó ser funcional a los liderazgos acusados de corrupción en el populismo de izquierda, ya que lo considera víctimas de quienes intentan “minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación de los derechos sociales”.

Esos términos parecen dejar afuera del paraguas pontificio a los dirigentes y ex mandatarios de derecha y centroderecha que han sido procesados y encarcelados por corrupción en Perú, Guatemala y otros países de la región. Ellos no entrarían en la categoría de “procesos emergentes” generadores de “derechos sociales” de los que habló Francisco.

Para prevenir las manipulaciones del “caso Lula”, es necesario distinguir dos facetas en el Lava Jato respecto al líder del PT: una, parece evidenciar su responsabilidad en, por lo menos, haber permitido la continuidad del sistema de financiamiento ilegal de la política que lo antecedía. La otra tiene que ver con la causa específica que le impidió mantener su candidatura presidencial y lo condenó a prisión.

Una cosa es haber preservado un engranaje de sobornos, y otra cosa muy distinta es el juicio que se le siguió por presuntos sobornos de empresas beneficiadas por contratos con Petrobras.

En el primer caso, parece evidente que hubo una responsabilidad de Lula, aunque la misma lógica indica que también habrían tenido responsabilidad sus antecesores. Pero el caso que lo sacó de la carrera electoral y lo llevó a prisión siempre dejó más dudas que certezas. De todos modos, la diferencia con los procesos por corrupción que se llevan adelante contra Cristina Fernández, resulta oceánica. La corrupción que Lula habría apañado implica “financiación ilegal de la política”, mientras que lo investigado en Argentina es “enriquecimiento ilícito”. También es abismal la diferencia entre las supuestas “dádivas” por las que fue condenado Lula, con la escala descomunal del presunto enriquecimiento ilícito perpetrado en Argentina.

Ni el Papa ni la “lulización” de sus propios casos que intentarán muchos, podrán equiparar situaciones tan distintas. Ni siquiera podrá hacerlo que el propio líder del PT se preste al relato funcional a otros liderazgos corruptos. Y la diferencia no está en los jueces, sino en las evidencias.

Nunca resultó evidente la acusación contra el sindicalista que presidió Brasil. En cambio, en casos como el argentino, más allá de las opacidades de jueces y fiscales, resulta evidente que hubo crecimientos patrimoniales tan astronómicos como injustificables. He ahí la contundente diferencia.