En las últimas horas, circuló en la opinión pública la idea de que entre Alberto Fernández y el cristinismo se estaba abriendo una grieta, a partir de posturas encontradas respecto del Estado de Derecho en la Argentina que viene. El tema de la supuesta discordia sería el intento de la agrupación Justicia Legítima de reflotar el viejo anhelo K de reformar la Constitución nacional y con ella todo el sistema judicial.
Cuidadoso de no espantar votantes moderados, Alberto salió a rechazar esa posibilidad, y Sergio Massa lo acompañó en aclarar que el albertismo siempre se opuso a semejante proyecto refundacional. Sin embargo, esta divergencia en el Frente de Todos no es tan profunda como aparenta.
La propia presidenta de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, reconoció que los jueces ya se estaban acomodando a los nuevos tiempos, porque, según explicó “no comen vidrio”. La fiscal y el candidato presidencial tienen una coincidencia casi perfecta en el lobby a cielo abierto que vienen haciendo para despejar el panorama judicial de Cristina Kirchner y toda la pirámide de exfuncionarios y empresarios kirchneristas procesados y encarcelados, a los que el kirchnerismo denomina “presos políticos”. Esa es la misión que sutura cualquier grieta jurídica que pudiera aparecer en el espacio nac&pop.
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Dicen que la historia se repite como farsa, por eso es inevitable rememorar la turbulenta transición política de 1973, cuando también el peronismo impuso la liberación inmediata de los presos políticos, como primera medida del gobierno encabezado nominalmente por Héctor Cámpora, quien no casualmente le da nombre a la agrupación que hoy rodea a Cristina para reponerla en el poder. En aquellas horas setentistas, cuando el flamante gobierno peronista formalizaba de apuro en el Parlamento una amnistía general, un legislador del radicalismo (partido que votó a favor de aquella liberación) le puso nombre a esta costumbre argentina del borrón y cuenta nueva: “un país cero kilómetro”, sintetizó Antonio Troccoli, quien más tarde terminó siendo ministro clave de Alfonsín.
También la dictadura propuso una ley de autoamnistía en el umbral de las elecciones democráticas de 1983, para blindarse de lo que finalmente resultó el histórico Juicio a las Juntas. Y hasta el macrismo ideó al comienzo de su mandato un gran perdón fiscal que le permitió blanquear ahorros evadidos a familiares, amigos y funcionarios del PRO. Todos perdonados, subidos siempre a un país 0km que, curiosamente, no arranca.
*Editor ejecutivo de NOTICIAS.
por Silvio Santamarina*
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