Vaca Muerta es un subsuelo de ilusiones para unos y desgracia para otros. Entre los primeros se encuentran los gobiernos según pasan los años, sin importar la ideología, las empresas y los trabajadores que se incorporan al negocio petrolero. Entre los segundos, los ambientalistas y las comunidades mapuches que se oponen a la explotación con el método de fracking (fractura hidráulica).
Entre estas últimas está la Campo Maripe, que rechazó el acuerdo que en 2013 la YPF kirchnerista firmó con la norteamericana Chevron para producir en el área Loma Campana, vecina a Añelo, el pueblo devenido capital de la formación geológica Vaca Muerta. Precisamente hoy se cumplirá el quinto y último día de juicio oral que unos empresarios criollos iniciaron contra los Campo Maripe por presunta usurpación en 2014 y que podría echar por tierra sus reclamos.
Los Campo Maripe aseguran que sus ancestros se asentaron en la zona en disputa en 1927 y que desde entonces el Estado les cobró "deuda de pastaje". También muestran que en 1941 se los reconoció como "únicos ocupantes" del lote. Sin embargo, denuncian que en 1978, en la última dictadura militar, una familia llamada Vela adquirió el título de propiedad de esas tierras que ellos reclaman. Recién la Constitución de 1994 reconoce los territorios ancestrales a las comunidades indígenas de la Argentina.
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Los Campo Maripe tomaron visibilidad nacional en 2013, cuando rechazaron el arribo de YPF y Chevron al señalar que explotaban tierras sin su consentimiento, pese a lo establecido en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -de rango constitucional para la Argentina- que así lo establece para actividades en tierras indígenas. Pero al año siguiente Gilberto, Andrés y Pablo Vela presentaron una demanda ante la justicia contra los mapuches por presunta usurpación. Cinco años después se ha desarrollado el juicio oral, en el que el fiscal se puso del lado de la familia criolla.
Las partes se acusan mutuamente de querer quedarse con la servidumbre, el pago que las petroleras deben desembolsar al dueño de la superficie donde se perfora, el llamado superficiario. Los Campo Maripe pasaron de una oposición radical contra el fracking a una más moderada en la que exigen que la explotación respete el medio ambiente y dejen de producirse derrames y accidentes como hasta ahora.
La comunidad mapuche fue reconocida en 2014 por el anterior gobernador, Jorge Sapag, pero ahora el fiscal de la causa, Marcelo Silva, sostiene que fue creada "de la nada". El abogado de los Vela, Juan Coto, aseguró que los Campo Maripe no reclamaron las tierras hasta que YPF y Chevron desembarcaron allí. Lo mismo dicen los mapuches sobre los Vela.
Pese al reconocimiento de Sapag, nunca les fueron entregadas las tierras reclamadas a los Campo Maripe. E incluso ahora ellos denuncian que el gobernador actual, Omar Gutiérrez, se ha puesto del lado de los Vela. Ayer, el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente neuquino, Jorge Lara, declaró como testigo contra ellos: "No acreditamos nosotros, desde el área administrativa, ocupación en esos lotes”.
Para los mapuches se trata de un juicio clave para todos ellos. "La justicia evaluará si una comunidad que ejerce posesión tradicional puede ser juzgada por exigir el reconocimiento de sus derechos territoriales", advierten los Campo Maripe sobre el impacto de la causa para todos los mapuches de Neuquén. También se trata de un proceso judicial emblemático para quienes sueñan con que Vaca Muerta sea el motor de la economía argentina y exporte tanto como el campo, desde el gobierno de Mauricio Macri y el del Movimiento Popular Neuquino (MPN, en el poder desde 1983) hasta las petroleras.
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