Saturday 25 de May, 2024

ECONOMíA | 04-06-2023 07:06

Cepo al empleo

El estancamiento de la economía de la última década no afectó la desocupación, pero si la generación de empleo de calidad.

La gestión económica de Alberto Fernández hace agua por muchos flancos y él mismo reconoce que la situación es muy difícil. Pero tiene explicaciones a medida: la herencia del gobierno anterior (sobre todo en dos aspectos: la deuda contraída con el FMI y la inflación de 54% que hubo en 2019), la pandemia (que expandió el gasto) y la guerra en Ucrania, con la consecuente alteración del equilibrio económico internacional. Salvo el último punto que todavía es discutible hasta que punto trajo perjuicio o beneficio económico integral para el país, son elementos para considerar en una evaluación global. Pero este 2023 se agrega a la larga lista de años de bajo o nulo crecimiento, aunque las proyecciones ya indican que podría producirse una caída por la crisis de estrangulamiento externo debido a lo que desencadenó la sequía.

Los números. El cálculo conservador realizado a principios de año daba que la economía tendría una caída del 2% en la actividad económica. Eso fue lo que Marina dal Poggetto y Sebastián Menescaldi, directores de la prestigiosa consultora Eco Go proyectaron para todo el año por la combinación de la falta de dólares y la inflación creciente. Hoy recalculan esa estimación que había sido calificada como pesimista por muchos que ahora pronostican el advenimiento de tormentas hiperinflacionarias. Mientras tanto, para el Gobierno hay indicadores que muestran un costado alternativo, oculto bajo el vértigo inflacionario y las reservas bajo cero con que lidia a diario el Banco Central. La tasa de desocupación en el último trimestre de 2022 fue de 6,3%, una de las más bajas de la historia reciente.

Para el economista Matías Surt, director de la consultora Invecq, vale la pena aclara la confusión de indicadores “formales” e “informales”.  “El INDEC mide la actividad económica no es de actividad económica formal, la mide integralmente, con datos formales y estimaciones de la informalidad. Y el ejemplo más claro es el mercado laboral, donde el INDEC mide la tasa de desempleo (cercana al 6,5%) pero si midiera sólo el trabajo formal, la tasa de desocupación sería mucho más alta, casi un récord”, explica. “Creemos que la actividad económica se está contrayendo desde un punto alto (en el tercer trimestre de 2022) luego de una reactivación del empleo público que tracciona los números del mercado laboral, pero que es de baja calidad y otro segmento vinculado a cooperativas de programas de empleo que son registrados como ocupados” destaca.

Un reciente trabajo de IDESA refuerza con datos esta afirmación, pero mira la tendencia de la última década: desde 2012 los empleos que se crearon fueron de baja productividad, lo que asegura salarios con un techo muy cercano. De los 2,8 millones de nuevos puestos (al 31 de diciembre del año pasado), 1,3 millón fueron de cuentapropistas registrados (de ellos sólo 65% son monotributistas, el resto, son cooperativistas, etc.), 740 mil empleados estatales y otros 700 mil trabajadores de la economía informal.

Además, para mostrar sus ingresos IDESA calcula que sólo el 20% de los monotributistas están inscriptos con las categorías D o superiores, que implican una facturación mensual promedio con un piso de $200.000. Los que pertenecen al segmento privado y formal fueron una alarmante minoría: 100 mil (sólo 3% del total de puestos surgidos), pasando en total de 6 a 6,1 millones en total. Una radiografía que desmiente el poder dinamizador del “Estado presente” para la creación de empleos de calidad y mejores sueldos. A su juicio, la explicación que encuentra a esta débil respuesta del sector privado está en el entramado regulatorio laboral que inhibe de contrataciones para las empresas pequeñas y medianas, que constituyen el grueso de los empleadores, cristalizado en el creciente costo laboral (no salarial). “Estos obstáculos son el resultado de vetustas leyes laborales y convenios colectivos de trabajo que datan de la década de los ’70 y ’80 y nunca, salvo las escalas salariales, fueron actualizados. La “protección al trabajador” quedó, como lo muestran las evidencias, en una mera declamación, ya que la obsolescencia de las regulaciones laborales condena a cada vez más gente a empleos por fuera de las normas laborales”, subraya.

En baja. Quizás esta tendencia también señala otro lastre para el mercado laboral: salarios en baja. Si bien los gremios más poderosos pueden ir siguiendo el ritmo acelerado de la inflación, ya vimos que este porcentaje no es más que un tercio del total de la población económicamente activa. Para el resto, un alza del IPC que para mayo las consultoras privadas estiman en el 120% interanual, les cuesta cada vez más lograr empatar la suba de los precios.

El economista de la Universidad Di Tella Martín González Rozada elabora un tablero de monitoreo (el “Nowcast de la pobreza”) por el cual va siguiendo esta lucha desigual. La tasa estimada de pobreza (42,4%) debe agregarse una novedad que respalda los datos anteriores: 19% de los trabajadores formales viven en hogares pobres. O sea que un trabajo en blanco tampoco está asegurando ahora mismo un pasaporte para huir de la pobreza. Claro que si nos fijamos en los cuentapropistas dicho porcentaje aumenta hasta 40% y hasta 45% en el caso de los informales.

El shock climático. Otro impacto negativo está vinculado con el freno a la actividad económica que se desencadenó con la sequía. Además de haber afectado los saldos exportables, toda la cadena productiva de la zona agropecuaria sufrió la caída brusca en la actividad. Además, cayó sobre la zona más dinámica de la economía, cosa que se verificó, por ejemplo, en el último censo poblacional: la estrella del crecimiento fueron las ciudades medianas de los enclaves productivos del cinturón agrícola y de las cuencas petroleras y gasíferas. No hay mucho que explicar a quién hace años vive de su trabajo: el empleo se termina localizando allí donde la productividad paga mejores salarios y establece un colchón de condiciones laborales atractivas.

El estrangulamiento externo afectó, además, la importación y con ello, la libre disponibilidad de insumos intermedios que introdujo otro cepo impensado, que encareció y ralentizó la producción. A ello se le suma la inestabilidad propia de la época electoral y las expectativas devaluatorias que los magros resultados del “gorra trip” de Sergio Massa y el propio Alberto Fernández por China, Brasil y próximamente los Estados Unidos, no logra ahuyentar.

El mar de fondo no es otro que una economía que muestra signos de debilitamiento más allá de esta coyuntura, agravada por los factores mencionadas. Es, además de Venezuela, la peor performance de la década. Pero incluso, yendo más atrás, en los últimos 50 años el ingreso por habitante de la región creció 110% contra un magro 15% en el caso argentino, según una proyección realizada por Invecq y Maddison.

Por ejemplo, en un estudio reciente realizado por el economista Marcos Cohen Arazi, de IERAL, señala que el gobierno actual arrancó con un total de 533.000 micro y Pymes, según datos de AFIP a enero de 2020. Acumula una pérdida de 12.000 empresas de esa envergadura hasta enero de 2023, lo que implica 80 empresas menos por semana en todo este período.

Inflación creciente, déficit fiscal eternizado (-4,2% del PBI para 2022 y números en rojo desde 2008 a la fecha), mercado laboral fragmentado y estancamiento económico componen una ecuación que choca con la misma realidad que fue creando. Este año sólo se podrá esperar que el “plan Llegar” cumpla su cometido, pero la tarea pendiente quedará para el tome la “papa caliente” que dejará la dupla Fernández el 10 de diciembre.

 

por Tristán Rodríguez Loredo

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