¿Colapsa el agro?

La crisis que atraviesa actualmente el ecosistema agropecuario y agroindustrial argentino comenzó a manifestarse con fuerza a comienzos de 2025, cuando se encadenaron una serie de defaults protagonizados por empresas consideradas grandes jugadores del mercado, como Red Surcos, Agrofina o Los Grobo.

Para abordar el análisis de esta situación, es indispensable comprender que afecta a una cadena de valor compuesta por actores bien diferenciados: (1) propietarios de tierras —productores directos o arrendadores—, (2) productores arrendatarios, (3) contratistas rurales, (4) proveedores de insumos, (5) comercializadores y (6) el Estado Nacional.

Este sector, dolarizado en un 85 a 90% de sus costos y en un 100% de sus ingresos (al tipo de cambio oficial), experimenta impactos diversos según el rol que cada actor desempeña en la cadena productiva. Es decir, no todos sufren del mismo modo ni por las mismas razones. La crisis se explica por una combinación de factores exógenos y endógenos que interactúan entre sí, generando un escenario de alta complejidad.

Entre los factores exógenos, se destacan:

• La caída de los precios internacionales de los commodities.

• El impacto residual de años de sequía, que afectó los rindes y, en consecuencia, los resultados económicos.

• El elevado nivel de endeudamiento de muchos actores, combinado con una lectura errónea del nuevo contexto macroeconómico tras la asunción del presidente Javier Milei.

En cuanto a los endógenos, sobresalen:

• Un fuerte aumento en los costos fijos y de estructura, medidos en dólares.

• Una elevada presión fiscal en comparación con otros sectores, siendo las retenciones a las exportaciones el caso más evidente. Esto desincentiva la inversión en tecnología y limita la posibilidad de incrementar la productividad.

Aunque todos los actores del sector se ven afectados por estos factores, la intensidad del impacto varía. Por ejemplo, los propietarios de tierras resultan relativamente menos perjudicados, ya que poseen el activo más valioso del negocio: la tierra. Sin embargo, también sufren por la caída en los precios de los granos, la presión fiscal y la afectación del valor de los alquileres o del costo de indiferencia cuando son también productores.

En cambio, los productores arrendatarios están en el ojo de la tormenta. La suba de costos, el encarecimiento del financiamiento y la baja de precios internacionales los golpea de lleno. Son quienes integran recursos financieros, tecnológicos y administrativos, y en ese rol han quedado atrapados en una ecuación insostenible de márgenes negativos.

Los contratistas rurales, cuyo negocio está íntegramente dolarizado, enfrentan el dilema de no poder trasladar los aumentos de costos al precio de sus servicios. La caída de los precios agrícolas los limita, y a eso se suma la dificultad de escalar en superficie trabajada con el mismo equipo y el peso de un financiamiento informal, escaso y costoso.

Los proveedores de insumos atraviesan una verdadera tormenta perfecta: acumularon inventarios excesivos financiados a tasas que se volvieron prohibitivas, y enfrentan una abrupta caída tanto en volúmenes como en precios de venta.

En cuanto a los comercializadores, el golpe más fuerte lo reciben las empresas de capital nacional, que por su menor escala y mayor riesgo crediticio quedan más expuestas. Y por último, el Estado, si bien ha simplificado algunos trámites burocráticos, mantiene una estructura tributaria distorsiva. Las retenciones —aunque en parte atenuadas— siguen operando como un freno al crecimiento, a pesar de que la unificación del mercado de cambios trajo algo de oxígeno.

A partir de este panorama, el interrogante lógico es hacia dónde se dirige el sector. A nuestro entender, la sobreliquidez que experimentaron muchos productores en 2024 —gracias a una campaña razonable— los llevó a convalidar alquileres demasiado elevados, que quedaron expuestos como inviables tras la caída de los precios internacionales. Esta situación se agravó con un inicio de campaña afectado por factores climáticos adversos, una rápida apreciación cambiaria que disparó los costos en dólares, una suba de la tasa de interés real en pesos y la persistencia de un esquema impositivo regresivo a nivel nacional, provincial y municipal.

Todo esto conforma una auténtica tormenta perfecta. Sin embargo, no creemos que el modelo de negocios del agro argentino esté en riesgo de colapso estructural. Sí estimamos que habrá daños colaterales importantes y que algunos actores saldrán del ecosistema. Lo que se impone es una etapa de reajuste: reducción de costos, renegociación de contratos y una nueva arquitectura financiera para sobrevivir en un contexto que, aunque adverso, no necesariamente es terminal.

Juan C. Soldano Deheza es economista (UBA), con un postgrado en Estrategia de negocios EASP/FGVSP y empresario del sector rural; Tomas Delgado es sociólogo (UBA) con Posgrado en Finanzas (UNQUI) y Diplomatura en Liderazgo y Análisis Político (CIAS).

por Juan Soldano Deheza y Tomás Delgado