Muchos hablan sobre las tomas de tierras, pero pocos saben de cerca del asunto. Muchos hablan y alardean, pero nunca pisaron una ocupación para escuchar qué sucede. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se especializan o se dedican a la problemática que están reunidas en el colectivo Habitar Argentina emitieron este lunes un comunicado en el que recomiendan cuatro políticas de emergencia ante este fenómeno creciente que preocupa a los ocupantes, a los propietarios y a las autoridades.
Habitar Argentina recomienda "evitar la intervención estatal basada en enfoques punitivos y criminalizantes, que privilegian la propiedad como un derecho absoluto, omiten su función social y niegan el derecho a una vivienda adecuada". En el colectivo hay decenas de organizaciones, tan disímiles como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, y Techo Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Asociación Civil Madre Tierra y el Movimiento Nacional Campesino Indigena (MNCI). Sus cuatro propuestas son:
a. Desarrollar un conjunto de acciones para atender las necesidades inmediatas de urbanización básica y de mejora de viviendas de asentamientos y barrios populares, el fortalecimiento de las infraestructuras y servicios de cuidados y producir suelo equipado para lograr la ampliación de la oferta de lotes aptos en conjunto con las diferentes provincias. Las intervenciones deberán decidirse y ejecutarse a través de la participación colectiva en mesas de gestión y, por medio, prioritariamente, de municipios, organizaciones populares, sociales y cooperativas que movilicen la mano de obra local. Adicionalmente, debe garantizar el acceso y disposición de profesionales y técnicos que acompañen y asesoren a los pobladores en la resolución de sus problemas habitacionales.
b. Acciones inmediatas para la efectiva aplicación de la la nueva ley de alquileres y la aprobación de un nuevo DNU que modifique y amplíe las medidas dispuestas en el DNU 320/20, que congeló por seis meses alquileres y desalojos. Entre las medidas urgentes, es imprescindible que el Ministerio de Vivienda, que preside María Eugenia Bielsa, ponga en funcionamiento la oficina responsable de aplicar un programa de alquiler social y movilice a las jurisdicciones subnacionales para poner en marcha medidas de protección de hogares inquilinos (con un programa de ayudas a familias inquilinas que no pueden cubrir el precio de los alquileres) y permita resolver con especial atención los casos originados en arrendamientos informales.
c. La urgente creación y puesta en funcionamiento de centros de atención y resolución de conflictos relacionados tanto a la vivienda y la tierra como los previstos en la nueva ley de alquileres. Esto demanda la articulación federal tanto con los poderes ejecutivos como legislativos provinciales. Para ello, en simultáneo, deberían destinarse medios técnicos, de difusión y capacitación a todas las áreas del Estado con intervención en la materia, a fin de acercar a la ciudadanía un efectivo acceso a la tutela de sus derechos, especialmente durante esta crisis. Recomiendan que el poder público, en sus tres niveles, nacional, provincial y local, se haga presente, en su rol de garante, mediando en estos conflictos.
d. Por último, sugieren impulsar acciones en coordinación con las provincias y municipios para las personas en situación de calle: disponer de habitaciones en hoteles y otros inmuebles adecuados y ampliar la capacidad y mejora de las instalaciones para el albergue temporal. Además, consideran necesario adoptar medidas específicas de cuidado y prevención para aquellas personas que no se acercan a los establecimientos y permanecen viviendo a la intemperie.
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