El Estado argentino ayuda a pagar sueldos a las empresas que eluden el pago de impuestos usando «guaridas fiscales», mientras la AFIP, desde 2013, hace de cuenta que no existen o peor aún, que ahora son «jurisdicciones cooperantes». En marzo de 2018 expuse, junto a mi amigo y mentor profesional Jorge Gaggero, cómo la AFIP había abandonado desde 2013 el tratamiento especial de control de las operaciones relacionadas con guaridas fiscales para evitar la elusión y evasión de impuestos y controlar la fuga de capitales. Lo hicimos en un artículo publicado en la revista «Voces en el Fénix» que hoy recobra vigencia por los inmensos esfuerzos de gasto fiscal que está haciendo el Estado nacional para compensar el impacto de la pandemia macrista de cuatro años, de la cuarentena/pandemia del Covid 19 y de la crisis económico/financiera internacional. El esfuerzo consiste, entre otras medidas, en pagar parte de los salarios de millones de asalariados que trabajan en pymes, pero también en grandes empresas y se da la paradoja inaceptable de que muchas de estas grandes firmas no solo han distribuido recientemente millonarias ganancias sino que además utilizan guaridas fiscales para su funcionamiento y «planificación fiscal», eufemismo con el que las grandes firmas internacionales de auditoría llaman a la elusión de impuestos.
Es posible ver algunas de las muy negativas consecuencias del lamentable abandono por parte de la AFIP de la «lista negra» de guaridas fiscales que estuvo vigente desde 2000 hasta 2013 al apreciar hace algunos días que algunos países europeos limitan la entrega de ayuda a sus empresas, en relación con la pandemia de Covid 19, si estas empresas tienen presencia activa en «jurisdicciones de baja o nula tributación» (nombre formal de las «guaridas fiscales»). Un diputado nacional argentino publicó en Twitter el 3 de mayo pasado una propuesta para emular a esos países en las ayudas que entrega el gobierno argentino. Sin embargo, gracias a la derogación de la «lista negra» mediante el decreto 589/2013, la Argentina no puede tratar a las operaciones y radicaciones en lugares como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, como operaciones o radicaciones sospechosas de modo de excluir una empresa beneficios que otorga el mismo Estado al que estas empresas eluden pagarle impuestos. De hecho, con la firma de un convenio de intercambio de información, la gran mayoría de las guaridas fiscales que figuraban en la lista negra derogada en 2013 figuran ahora en el citado listado de jurisdicciones cooperantes y tienen patente de buena conducta con base en un convenio cuyo cumplimiento real es imposible de controlar. Para empeorar la situación y mostrar cuánto del poder económico y político está detrás de los más de 450 mil millones de dólares que se estima tienen los fugadores argentinos en el exterior, basta ver que cuando estas ex guaridas fiscales han dado cumplimiento formal y parcial enviando información de cuentas no declaradas cuyos propietarios parecen ser argentinos, las autoridades receptoras de esos datos en la AFIP han cajoneado la información, como está ventilándose en la denuncia de Gaggero devenida en inicio de investigación y causa de la justicia de la mano del fiscal Delgado.
Fue el diputado Federico Fagioli quien escribió en su tweet del 3 de mayo: «Francia, Canadá, Dinamarca y Polonia anunciaron que no habrá ayuda estatal para empresas registradas en paraísos fiscales. Italia, Bélgica, Suecia y Austria estudian medidas similares. En la Argentina no estaría de más ese debate. Mercado Libre, por ejemplo, tiene sede en Delaware”. Celebro la idea del diputado y me parece más que oportuno retomar un camino de lucha seria contra el uso de las guaridas fiscales para evitar pagar impuestos en la Argentina, pero antes de pensar en sanciones o exclusión de beneficios para las empresas relacionadas con esas jurisdicciones finamente llamadas offshore deberá definirse quiénes son las mismas y recrear una lista negativa derogando la de jurisdicciones cooperantes. No es una decisión política fácil porque esa «lista blanca» de bondadosos cooperantes fue el resultado de la presión de la OCDE, el club de los países ricos, cuando hizo de cuenta que iba a ir en contra de ese engranaje central del descalabro de la crisis de 2008 y les «lavó la cara» firmando papelitos y pidiéndole que entregue perejiles y clientes mal asesorados para hacer de cuenta que el sistema de intercambio de información funciona, cuando en realidad es un parche o una pantalla para seguir dejando que las empresas multinacionales y los ricos no paguen impuestos en ningún país del mundo. Esa actitud de la OCDE fue, junto a los billonarios rescates de los bancos y empresas ligadas al casino internacional, entre otras cosas, lo que nos ha traído a esta crisis económico financiera de 2020, la cual fue detonada por el Covid 19 pero en modo alguno tiene que ver mayormente con ese «oportuno» virus.
He invertido unos cuantos años en estudiar, debatir y exponer en la Argentina, el resto de Latinoamérica y Europa sobre las guaridas fiscales y las fugas de capitales, en especial en el equipo conducido por Gaggero en el CEFID-AR (centro de estudios estatal cerrado apenas ganó las elecciones el macrismo en 2015). Por eso no pude dejar de responderle en Twitter al diputado Fagioli que es una muy buena su propuesta pero que primero hay que reconstruir la lista de guaridas fiscales desaparecida. Hoy tengo la oportunidad de ampliar la breve respuesta que permite Twitter al convertirla en propuesta de colaboración ad honorem para la elaboración de un proyecto de ley que repare el daño realizado en nuestro sistema tributario en 2013 y se eviten males mayores en momentos en que la ayuda estatal debe destinarse a quienes generan empleo, pagan impuestos e invierten en la Argentina y no a las megaempresas «locales» e internacionales que usan las guaridas fiscales y cuanto mecanismo pueden para evitar hacer su aporte al país donde producen y venden sus mercaderías y servicios.
* Este artículo había sido publicado previamente en Identidad Colectiva.
por Juan Valerdi
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