Seducir al capital: el RIGI de la discordia

Es casi un lugar común: cuando se refiere a la necesidad de cambiar el círculo vicioso en virtuoso de la economía la palanca mágica parece ser la inversión. Desde la “lluvia” anunciada por el expresidente Mauricio Macri hasta el voluntarismo que el actual Gobierno que considera que, una vez apagado el incendio inflacionario, el mercado operaría para poner en marcha la rueda del consumo y la producción. Durante la administración de Alberto Fernández Argentina recibió IED por US$25.527 millones, casi 26% menos que la magra cosecha del gobierno de Cambiemos.

Radiografía. El país carga con un historial de defaulteador serial de deudas que lo hicieron un pasajero frecuente en los tribunales de arbitraje del CIADI, el espacio donde se dirimen, justamente, las diferencias entre los inversores y los gobiernos por incumplimientos de contratos. No en vano, la inversión extranjera directa (IED) muestra que la región de América Latina es una de las que menos creció en la última década y en lo que hace a Argentina, uno de los países que más se estancó. Un análisis que hiciera la consultora Romano Group, mostró que el aparente crecimiento de la inversión en el país durante el año pasado esconde el endeudamiento forzoso de las filiales con sus casas matrices y de los importadores con sus proveedores, con un crecimiento del 57% sólo en 2023.

Para el abogado Agustín Siboldi, socio especialista en Energía y Recursos Naturales del Estudio O’Farrell, las soluciones macroeconómicas no van a llegar en un plazo cercano, se demorará un tiempo más, por lo que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI, votado con la ley Bases) busca adelantar esas soluciones para las grandes inversiones, que se precisan antes, ideal para aprovechamiento de recursos naturales y ejecución de la obra pública. “Este régimen brinda seguridad jurídica a través de instrumentos (estabilidades cambiaria, aduanera, fiscal y regulatoria) porque está montado sobre una cláusula constitucional: lo que dice el mismo proyecto de ley, la jurisprudencia de la Corte y lo que se denomina la ‘cláusula del Progreso’, que permite avanzar sobre legislación provincial y municipal, a fin de brindar seguridad jurídica sobre esas jurisdicciones”, explica. A su juicio, la energía es un sector que muestra que los actores aguantaron, pero esperan señales para volver a invertir. “Los grandes inversores que llegaron en petróleo-gas y minería, navegaron contra corriente, pero para dar un salto y atraer capitales se precisa mayor seguridad sobre aspectos fiscales, aduaneros y, sobre todo, cambiarios”, advierte.

"Con el RIGI alcanza, claramente creo que hay una secuencia de acontecimientos que tienen que ocurrir, el primer acontecimiento es la estabilización, porque sin estabilización Argentina con su historia inflacionaria no seduce a nadie, además la estabilidad macroeconómica no solamente de inflación sino cambiaria, te permite cálculo de teórico y previsibilidad", sentencia el consultor Marcelo Elizondo. Además, sostiene que tiene que se debería avanzar con la implementación, instrumentación y la ejecución de todo el programa desregulatorio que por ahora está en grandes títulos en el DNU 70 o o en la ley Bases, pero que después requiere reglamentación. "Mucho ya se ha hecho, pero mucho falta, pero ahí yo creo que hay también una segunda necesidad y la tercera no solo es salir del cepo sino que haya un tipo de cambio único, libre, desmarcado, que obviamente incluye que no exista más el impuesto país. Y luego si querés en cuarto lugar está el RIGI que me parece importantísimo pero en el marco general de lo que estamos hablando, casi que es un cuadrado, de dos lados tiene el fenómeno, no es solo un lado que sería el RIGI", concluye.

Daniel Vier, secretario general de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), marca algunas diferencias en cuanto a la importancia para el sector del régimen de promoción de inversiones. “En nuestro caso, no hay iniciativas que pasen el piso de los US$200 millones establecidos porque está conformado por Pymes, pero sí podría ser aprovechado en otro eslabón de la cadena, como el más primario de la industria forestal o de pasta celulósica”, puntualiza. La aclaración es pertinente porque mientras en la industria maderera se podría pensar en inversiones de entre US$10 y US$20 millones, en la base de esta pirámide productiva esperan que la letra chica de la ley sancionada pueda ser aprovechada para el desembarco de iniciativas como plantas de pasta, por ejemplo, que involucra desembolsos que pueden llegar hasta de US$3.000 millones y que podría duplicar el área forestal en producción.

Versus. El economista Juan Soldano, de amplia trayectoria en la economía de Brasil, hace un paralelismo con la competencia fiscal entre estados que generaban los regímenes de promoción, muy aprovechadas por la industria automotriz. “Hasta el cambio de este año en que un IVA generalizado absorbió el componente local -el ISMS- cada estado otorgaba exenciones o diferimientos impositivos. Además, los municipios también contribuían con terrenos u otras facilidades”, señala. Con la reforma, ahora se unificó el IVA y la competencia entre localizaciones de las inversiones deberá encontrar un nuevo factor de desequilibrio, que se pondría nuevamente en juego con el primer “pez gordo” que busque una pulseada entre gobiernos locales para conseguir una ventaja adicional.

La posibilidad que incluso municipios puedan apalancarse en el RIGI ya mostró ejemplos. General Pueyrredón (con cabecera en la ciudad de Mar del Plata cuyo intendente actual es Guillermo Montenegro) ya avisó que dará facilidades a las empresas que incurran en el régimen y todavía espera que se haga realidad el “mini RIGI” para generar más iniciativas. La ciudad fue protagonista el año pasado de una polémica acerca de la probable inversión en explotación petrolífera que realizaba la empresa noruega Equinor asociada con Shell e YPF en un área de 300 kilómetros cuadrados frente a esa localidad. Si bien el primer sondeo dio negativo, seguirán explorando antes de que, en caso de hallazgo, puedan poner en marcha la producción.

La puja principal ahora aparece entre las provincias de Buenos Aires y Río Negro. Como parte del proyecto de convertir al país de un importador neto de gas natural licuado (GNL) YPF se asoció con la malaya Petronas para establecer un puerto de embarque de uso específico (no es compatible con las instalaciones portuarias generales). Con el instrumento vigente del RIGI, largamente solicitado por la petrolera argentina, YPF solicitó con plazos y condiciones, la presentación de cada provincia de su oferta para ser elegible, algo inusual o al menos que no se exteriorizaba de esta forma. Buenos Aires contaba con un puerto con instalaciones ya en funcionamiento (Bahía Blanca) pero con un lastre: decidió no adherir a la ley, pero en su lugar promulgó un régimen provincial para intentar compensar esa carencia. La ventaja que rápidamente tomó Río Negro fue conseguir que su legislatura votara la adhesión al RIGI. Para intentar desnivelar, el gobernador Alberto Weretilneck ofrecería también obras complementarias y las eventuales características naturales de Punta Colorada, el lugar elegido. El puntapié inicial es de US$3.000 millones, pero ya se habla de un encadenamiento de inversiones gigantesco (que llegarían a multiplicar por 10 la erogación inicial). Voluntarismo o realidad, lo cierto que este sí es el primer paso.

El proyecto no es el último que involucrará al complejo de Vaca Muerta sobre el que están depositadas, junto con las iniciativas localizadas en las provincias el Noroeste, pero sí con una fuerte connotación política. La atadura de Axel Kicillof a no embarcarse en un régimen que los diputados de su color votaron en contra le podría costar muy caro en términos de inversiones relevantes, justo en el sector más dinámico: el energético. Habituados a lidiar con gobiernos de muy diferente orientación y en lugares que incluso presentan conflictos abiertos, los empresarios del sector reclaman, además de la estabilidad jurídica, algo que el ningún gobierno provincial puede asegurar: libre acceso al mercado cambiario para poder repatriar utilidades y acceder a la disponibilidad de insumos sin trabas. Una desconfianza que no es personal sino con un sistema que tendrá que hacer demasiada buena letra para nivelar la cancha.