El 27 de octubre de 2002 María Marta García Belsunce fue asesinada en el Country Carmel, en Pilar. Carlos Carrascosa, su marido, fue condenado a prisión perpetua como autor del crimen. Sus hermanos y amigos fueron hallados culpables del delito de encubrimiento. Hoy Carrascosa cumple prisión domiciliaria, luego de pasar seis años en prisión. Sus familiares y amigos están en libertad esperando el resultado de su apelación. Luego de tanto tiempo transcurrido, quizás la opinión pública pueda conocer algunos hechos ocultos de este caso, que supo captar tanta atención de los medios. Las pasiones y prejuicios que acompañaron el suceso, tal vez se hayan diluido un poco con el transcurso del tiempo.
La investigación judicial fue un dislate desde el comienzo. En el momento en el que le fue comunicado al fiscal Diego Molina Pico el resultado de la autopsia, el funcionario decidió quién había el autor del homicidio. Nunca aceptó investigar otra hipótesis, nunca existieron para él otros culpables posibles. Sin embargo, no fue una decisión caprichosa, se trató de un acto en defensa propia. El día después del asesinato, el fiscal estuvo en la casa donde velaban a María Marta. Allí vio el cadáver y se enteró de algunas circunstancias extrañas de lo que, a algunos de sus familiares, les parecía un accidente raro, que no cerraba. No todos pensaban igual, para algunos había sido un accidente desgraciado, para otros habían dudas. Si no hubiese sido así el fiscal jamás hubiera llegado al velorio ya que fue convocado por el fiscal de la Cámara de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica, amigo de la familia, a instancias de ellos. Romero Victorica escuchó de primera mano las dudas que tenía John Hurtig, hermanastro de María Marta.
En cualquier caso de accidente los fiscales están obligados a ordenar una inmediata autopsia. Molina Pico no lo hizo. Influenciado por la presencia de importantes funcionarios judiciales y gente de “clase alta”, les hizo el favor de permitirles el entierro aclarándoles que comenzaría a investigar “las dudas”. Su investigación concluyó en la necesidad de realizar la autopsia, debido a las irregularidades que presentaba el certificado de defunción confeccionado por la cochería a cargo del entierro.
El 2 de diciembre cambió la historia: se descubrió el homicidio. Molina Pico tomó conciencia de la gravedad de su situación, la autopsia que debía hacerse el día del hecho se hizo un mes después, había cometido una falta gravísima a su deber. Había estado a punto de impedir que se descubriera un crimen. Su salvación fue deslindarse de responsabilidad culpando a la familia. Él había sido engañado por la familia García Belsunce para evitar la autopsia, no había sido su culpa. Y lo engañaron porque eran los culpables. Un fabuloso complot homicida de parte de una familia que jamás había cometido un delito. El marido era el asesino y todo el resto los encubridores. En tanto él, había sido la víctima. Para eso debió imputar a toda la familia, para justificar su incompetencia. Incluso imputó a aquellos que dudaron de la hipótesis del accidente y lo convocaron a intervenir. El fiscal atacó en defensa de su carrera judicial, la cual había puesto en juego con su error.
La investigación fue deficiente, sesgada y solamente dirigida a probar la culpabilidad de la familia. Nunca se encontró el arma homicida, nunca se descubrió el móvil del crimen, nunca hubo una sola prueba directa que involucrara a Carrascosa con el asesinato. El tribunal oral que lo juzgó así lo entendió y procedió a declararlo inocente del crimen. Recibió una condena menor por encubrimiento. Siete años después del crimen, una sala de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires dio vuelta el fallo del tribunal oral y encontró a Carrascosa culpable del homicidio. Consideró que el fallo anterior había hecho una mala evaluación de la prueba. Algo insólito. Nunca un tribunal superior puede arrogarse el merituar mejor una prueba cuando no asistieron al juicio oral, nunca escucharon a los testigos y solo recibieron un fajo de papeles para leer. Una reversión del veredicto semejante hablaría de una incompetencia total de los jueces del tribunal oral, correspondiendo una anulación del jucio. No es costumbre de la justicia, ni tiene muchos antecedentes, transformar una absolución en culpabilidad en la instancia superior. Eso genera, además, un grave problema, ya que elimina el principio de doble conforme que establece que una persona será culpable cuando así lo juzguen dos instancias judiciales. Para colmo de males, la Corte Suprema Bonaerense después de varios años negó el recurso de apelación. Esa injusticia fue finalmente subsanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó la revisión del fallo de Casación. Hoy podría decidirse anular la sentencia de Casación y confirmar la inocencia de Carrascosa u ordenar la realización de un nuevo jucio… a catorce años del hecho.
Pero ¿cómo se llegó a semejante disparate? ¿Cómo fue posible revertir una absolución? ¿Cómo no se pudo remediar la pésima investigación del fiscal Molina Pico? Todo estas preguntas tienen una respuesta. Pero sobre todo corresponde preguntarse si la sola voluntad de un fiscal puede provocar semejante injusticia. La respuesta es que no, hubo factores muy importantes en juego en este caso. Cada vez que el caso García Belsunce crecía en los medios, también crecía la necesidad de culpar a la familia. También esta historia que contaremos descubre cómo se operó desde las sombras sobre los medios de comunicación para presionar sobre la culpabilidad de la familia. Es una historia lamentable que merece ser contada.
En 1998 se sancionó una reforma profunda del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Mediante esa reforma se introdujo el sistema acusatorio por el cual el impulso y la investigación en una causa judicial quedó a cargo de los fiscales. Los jueces quedaron limitados a controlar el respeto de las garantías que la ley consagra a los acusados. De hecho se produjo una transferencia de poder muy grande de los jueces hacia los fiscales. Con esta reforma el jefe de los fiscales, el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se convirtió en un hombre muy poderoso. Matías Eduardo de la Cruz fue ese hombre poderoso. Llegó al cargo con la reforma y decidido a defenderla a capa y espada. Su ambición fue escalar posiciones en el partido justicialista con el fin de convertirse algún día en Gobernador de la provincia. Su sueño quedó trunco, murió sin conseguirlo.
De la Cruz siguió con mucha atención el cambio de sistema y, sobre todo, el desempeño de “sus” fiscales. A poco de andar detectó que muchos de ellos eran inexpertos y tenían serios problemas para llevar adelante sus investigaciones. La inexperiencia de los fiscales era muy bien aprovechada por la Policía Bonaerense. Muchas investigaciones eran dirigidas virtualmente por comisarios y rara vez tenían éxito. La Policía era socia del delito en muchos casos. Con el fin de contrarrestar esta influencia policial en las investigaciones de la Cruz creó la Policía Judicial. Era un cuerpo de abogados con escasa preparación penal que debía intervenir en algunas causas donde el fiscal precisara ayuda. El procurador general también tomó conciencia de que, en un escenario político muy cambiante como el que se vivía en esos años, si la sociedad notaba los errores que cometían habitualmente los fiscales, la reforma podía darse vuelta y el poder volvería a los jueces, evaporándose de sus manos. Por ese motivo dedicó gran esfuerzo a ayudar a los fiscales con su Policía Judicial en los casos de alta exposición pública, allí donde la prensa puso la lupa.
Apenas el caso García Belsunce estalló en los medios, la primera certeza fue que el accionar del fiscal era muy comprometido. Molina Pico no hablaba con los medios y nadie defendía su desempeño. Era inexplicable la demora en realizar la autopsia y su presencia en el velorio lo complicaba seriamente. Con gran olfato político, el procurador general tomó cartas en el asunto. Tenía muy malas referencias sobre la capacidad de Molina Pico y sabía que el caso crecería en interés en la opinión pública. Su primera decisión fue intervenir la fiscalía con su Policía Judicial. El cuerpo de instructores pasó a ser el brazo investigativo de Molina Pico. Eso permitió que el fiscal se desembarazara de la molesta bonaerense que no hacía más que insistir en la hipótesis de que el crimen había sido cometido por Nicolás Pachelo, eximio ladrón vecino del country. Su segunda medida fue instruir a su jefe de prensa, Julio Vedio, a operar sobre los medios de comunicación. En ambos casos la orden fue la misma, salvar a Molina Pico culpando a la familia.
En ese momento todo cambió en el caso. De repente los diarios se llenaron de información. Cada dato de la causa que trascendía complicaba a la familia. El pituto, los cinco balazos, el evitar a la policía, la gotita en la cabeza y otros hechos ocuparon las primeras planas diariamente. La opinión pública no tardó en devorar estos datos del expediente y pedir más. El mecanismo era simple, los policías judiciales tomaban declaraciones en lugares de trabajo de los testigos, los intimidaban, los amenazaban con imputarles falso testimonio y terminaban consiguiendo jugosos relatos que complicaban a Carrascosa y la familia de María Marta. Los abusos que cometieron fueron escandalosos. La información era rápidamente recibida por Julio Vedio quien la filtraba con velocidad a sus periodistas favoritos para ser publicada al día siguiente en la tapa de los principales diarios. Nunca se chequeaban estas versiones, salían directamente de los investigadores, ¿qué sentido tenía comprobarlas?
Un grupo familiar, que no alcanzaba a salir de la conmoción del asesinato de una mujer querida y respetada por todos, se enfrentó súbitamente con un fiscal dispuesto a todo, la Policía Judicial cometiendo todo tipo de tropelías y una prensa voraz que creía en todo lo que surgía de la fiscalía. También la Asesoría Pericial de la Corte, auxiliar de la justicia proveyendo peritos, jugó un papel fundamental en la invención de pruebas contra la familia. El caso de la famosa “La Gotita”, el pegamento en la cabeza de María Marta que nunca existió, según se descubrió en el juicio oral, fue el más conocido, aunque no el único. Más adelante, cuando la repercusión del caso fue gigantesca, se vieron enfrentados a toda la corporación judicial, influenciada por la procuración general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
La familia García Belsunce sufrió la pérdida de un ser querido. Por la impericia de un fiscal terminaron envueltos en una guerra en donde no eran parte. Un hombre poderoso de la corporación judicial decidió su suerte, debían ser culpables para evitar un nuevo papelón de un fiscal incompetente. Se enfrentaron, sin quererlo, con aquellos que debían proveerles justicia. En vez de eso los persiguieron, les inventaron pruebas, operaron sobre la opinión pública y los condenaron sin pruebas. Y, lo peor de todo, es que aún no se sabe quién mató a María Marta García Belsunce. Pasaron 14 años.
por Pablo Duggan*
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