Cunde el pánico entre las constructoras de la Argentina, un sector de la economía dominado por las empresas nacionales, con la participación de pocas extranjeras, sobre todo de España. Al ajuste de la obra pública que comenzó en abril pasado por la crisis y que se ahondará en el 2019 electoral, a las tasas de interés del 60%, a la pérdida de confianza de la Argentina en los mercados internacionales, se sumó el caso de los cuadernos de la corrupción que manchó la reputación de casi un centenar de constructoras. Esa sospecha dificulta su financiamiento internacional, clave para el despliegue de los proyectos público-privados (PPP), con los que el gobierno de Mauricio Macri aspira a reemplazar obras públicas.
En el sector temen que compañías quiebren o sean desplazadas por extranjeras sin pasado oscuro o redimidas, como la alemana
Siemens, que en 2008 pagó una multa de 800 millones de dólares en Estados Unidos para seguir funcionando. Empresarios y funcionarios comentan por estos días qué proyecto de ley podría impulsarse para aplicar al caso de los cuadernos el mismo método norteamericano: pago de multa por las coimas abonadas y vida nueva bajo un régimen de ‘legal compliance’ (cumplimiento legal). La ley de responsabilidad penal empresaria, que se votó en 2017, no sirve para este caso porque no es retroactiva.
“La industria de la construcción está en una crisis que empezó con la devaluación, que aumentó los insumos e hizo subir las tasas”, relata un capitán de la industria. “A eso sumá que se atrasaron los pagos de la obra pública. Fue un cóctel mortal que se fue incrementando con las mayores devaluaciones, más inflación, más tasa. A eso se agregó el ajuste fiscal: algunas obras están absolutamente paradas y sin vestigios de empezar. Por ejemplo, obras de energía, como el Gasoducto del Noreste o líneas de alta tensión imprescindibles para la conexión de centrales eléctricas nuevas o ampliadas. Vialidad está neutralizando obras en cantidad”, continúa el empresario. ¿Qué es neutralizar? “Como las obras no pueden seguir por la suba (del precio) de los insumos y de las tasas, en vez de rescindir, se dejan de ejecutar y algún día se renegociarán”, contesta.
También se encarecen materiales para plantas depuradoras y potabilizadoras de AYSA, según el informante. “Las obras con insumos en dólar no pueden seguir, como las que tienen asfalto, que también se complica por la suba del petróleo”, agrega.
El proyecto de presupuesto 2019 prevé reducir la obra pública a la mitad en términos nominales. Ajustada por inflación, se recortará mucho más. “La posibilidad de que las obras se recuperen es lejana”, continúa el capitoste de la construcción. “Hoy las constructoras están fuertemente endeudadas, con obras paradas pierden plata. Es una situación explosiva y es probable que más de una se presente en convocatoria de acreedores”, continúa el empresario. No es el único sector en riesgo, dado el alargamiento de la cadena de pagos.
A paso lento. Las constructoras que ganaron los seis corredores viales de los PPP debieron pedir financiamiento internacional, pero ahora se demoran los desembolsos por la crisis argentina. “Hoy la banca internacional no te presta por la situación del país. Y el día en que el país esté en condiciones, el caso de los cuadernos nos complicará”, comenta el entrevistado, que prefiriere mantenerse en el anonimato. Es que los bancos en el extranjero deben cumplir con estrictas normas de compliance y, por tanto, deben abstenerse de prestar a clientes de mala reputación. “Los bancos locales también ponen reparos, pero en menor medida, son un poco más flexibles con los clientes de toda la vida, tienen que seguir prestando”, explica el constructor.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich -que sobrevivió a la reducción del gabinete de Macri, a diferencia de los responsables de Salud o Trabajo-, anunció este 18 de septiembre que comenzaron las obras de los PPP. En las constructoras que las están haciendo advierten que marchan más lento de lo que deberían. Ante la falta de financiamiento internacional, empezaron a elaborar el proyecto o trasladar obradores a partir de fondos propios o de los carísimos préstamos locales. El Gobierno prometió que el mes próximo financiará los PPP con un fideicomiso que se fondeará con US$ 300 millones del Banco Nación, pero las empresas dudan de que se constituya en tiempo y cantidad. Los oferentes en la licitación de los PPP debían presentar una garantía de US$ 100 millones que asegurara su financiamiento. Los bancos dieron esas garantías, pero por ahora no prestan. Si pasa pasa un año y siguen sin fondear, y las obras se interrumpen, el Gobierno podrá cobrar la garantía o perdonar el incumplimiento si es que la responsabilidad recae en una continuidad de la desconfianza internacional por la Argentina.
Se elucubra que las constructoras foráneas de las PPP (la italiana INC, China Construction America, la española Copasa o la portuguesa Mota Engil) podrían quedarse con las participaciones de sus socios locales en los proyectos, dado que están acusados por el financista K Ernesto Clarens (Paolini, Vial Agro, Green; Helport, del grupo Eurnekian; Panedile; Eleprint, del presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss; Rovella Carranza y JCR, de la familia Relats), pero en el sector lo niegan. De momento, sólo la china Gezhouba negocia para quedarse con la obra de las represas de Santa Cruz y rebajar de socia a subcontratista a Electroingeniería, del encarcelado Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta.
Los de afuera. “Hoy las empresas extranjeras no quieren venir por la situación argentina”, comentan en el sector. “Pero si muchas empresas caen o se deterioran mucho, no va a haber nadie local que haga las grandes obras y vendrán las de afuera”, añaden. Se verá en la próxima licitación de una represa en San Juan, en la que sólo ocho grandes nacionales tienen capacidad de presentarse.
En el gobierno de Macri, un ex constructor devenido Presidente, tranquilizan a las constructoras: “El registro de constructores sanciona a las empresas en tres circunstancias: rescisión culposa del contratista; condena judicial o autoinculpación, como el caso Odebrecht; o denuncia penal de un funcionario a una contratista. En los casos donde hay procesamiento, tenemos que esperar la condena para tomar cartas en el asunto. Tenemos que separar a los empresarios corruptos de las empresas y los trabajadores de la construcción”. En el sector estudian un proyecto de ley que no impediría que continúe el proceso penal contra las personas. “Los involucrados deberán renunciar no sólo al directorio de las empresas, como ya sucedió en varios casos, sino también tendrán que ceder sus acciones, quizás a sus hijos o a quien sea”, explican.
En la Cámara de la Construcción suena Julio Crivelli como reemplazo de Weiss en la próxima elección de noviembre. Claro que la cartelización de la obra pública es histórica, va más allá de los K.
“Un programa de 'compliance' incluye pagar multas y cambiar el board (directorio), tener un monitor, que es un auditor externo independiente que designa el juez, al cual hay que presentarle mensualmente todas las medidas que adopta la empresa: cuántas capacitaciones se dieron, qué negocios se hicieron, cuáles no”, explica Agustín Flah, director del Programa de Prevención de Lavado de Dinero de la Universidad Di Tella y titular de Flah Abogados y Consultores. “Esto es por un periodo de tiempo. Si este acuerdo se viola, y no se cumple con lo que dice el monitor y el acuerdo, puede acarrear el cierre definitivo de la empresa”, añade. ¿Cómo recuperar la confianza de la banca internacional? “Adoptando un programa robusto de compliance. Esto incluye poner directores independientes con un legajo intachable, capacitaciones constantes al personal sobre cómo hacer negocios, manuales de ética, de antilavado, manuales y procedimientos antisoborno, política de regalos a funcionarios que los prohíba o límite, sin quid pro quo.”
Galería de imágenes
Comentarios