Quizá María Corina Machado sea demasiado conservadora para representar al amplio espectro democrático que quiere poner fin al autoritarismo en Venezuela. También ha cometido errores, como aceptar ser embajadora alterna de Panamá en la OEA siendo diputada en la Asamblea Nacional de su país. De ese modo, ofreció la justificación que el régimen chavista necesitaba para quitarle su escaño. También ha mostrado las mezquindades y medianías que mantuvieron débil a la dirigencia disidente. Pero hay un dato que no puede obviarse: las encuestas muestran que es quien más respaldo tiene en la población y se impondría en las primarias del espacio disidente, quedando con grandes posibilidades de vencer al régimen en la elección presidencial, si éstas fueran transparentes.
Esas estadísticas muestran que, más evidente que las acusaciones de la Contraloría General que la inhabilitó para ocupar cargos públicos por quince años, es la preocupación de Maduro ante la posibilidad de que en las elecciones del año próximo triunfe la disidencia.
A pesar de que en las negociaciones en marcha seguramente se acordará la impunidad de la nomenclatura cívico-militar en todos sus crímenes y desfalcos, el triunfo opositor sería una alternativa trágica para el régimen residual que dejó Hugo Chávez al morir. Por eso, el aparato de poder que encabezan Maduro y Diosdado Cabello se debatiría entre dos posibilidades: posponer los comicios indefinidamente o perpetrar un fraude.
El problema de la segunda alternativa es que, para disfrazar de victoria la abultada derrota que sufría el oficialismo, la maniobra fraudulenta tendría que ser muy grande. Eso la visibilizaría y detonaría una crisis como la que en Perú derribó a Fujimori en el 2000, tras intentar un grotesco fraude para robarle el triunfo a Alejandro Toledo.
De tal modo, adelantándose a una muy probable derrota o a la disyuntiva entre suspender los comicios o cometer un fraude, Maduro “inhabilita” a quienes lo vencerían.
Si no se anticipa como hizo con Henrique Capriles y otras figuras populares de la disidencia, tendrá que hacer el enchastre que hizo con Freddy Superlano, el candidato por el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, en Barinas, la patria chica de Hugo Chávez, a quién inhabilitó después de su victoria en la última elección para gobernador. O sea, le robó un triunfo que ya había sido consumado.
Los antecedentes de fraude y proscripción son tantos, que resulta absurdo suponer que sin presión externa habrá elecciones justas.Sin embargo, y contrariando posiciones que ellos mismos habían sostenido en casos anteriores, Lula y Alberto Fernández dicen que repudiar la inhabilitación de Machado sería una inaceptable injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
Suena hipócrita y absurdo decir, como dijo el presidente argentino, que las exclusiones de candidaturas que aplica Maduro son “un problema de los venezolanos que deben resolver los venezolanos en una mesa de diálogo”. La justificación de su rechazo a repudiar la inhabilitación de María Corina Machado es absurda porque las dictaduras, obviamente, no resuelven sus diferencias con la disidencia dialogando. En todo caso, bajo fuerte presión externa e interna, las dictaduras pueden negociar, pero jamás dialogan.
¿Tenía lógica esperar que regímenes del Siglo 20 como el que encabezaron Rafael Trujillo en Dominicana y Stroessner en Paraguay, acordaran en una mesa de diálogo reglas limpias para procesos electorales pluralistas Trujillo y Stroessner realizaban elecciones amañadas, con los líderes disidentes proscriptos o encarcelados.
La justificación de Alberto sonó a ironía de mal gusto. Referirse a la relación entre un régimen dictatorial y la disidencia como si fuera la relación entre el oficialismo y la oposición en un Estado de Derecho, suena a burla sarcástica. Es obvio que las disidencias internas necesitan ayuda externa.
También resulta hipócrita justificar regímenes autoritarios, como hace el presidente de Brasil.En 2019, Alberto denunció públicamente, y con buenas razones, el encarcelamiento de Lula que dispuso el juez Sergio Moro.
Lula agradeció los apoyos internacionales que recibió mientras estuvo en prisión. Esos apoyos acusaban a Moro de disfrazar una proscripción con argumentaciones jurídicas. Pero ni Lula ni Fernández tuvieron la coherencia de reclamar al régimen venezolano lo que habían reclamado en Brasil, así como también en Ecuador, por las condenas a Rafael Correa y Jorge Glas.
También apoyaron la versión de Evo Morales sobre su caída, pero no dicen ni mu sobre los dirigentes anti-chavistas proscriptos. Los presidentes más jóvenes de Latinoamérica aportan la coherencia y la dignidad que les falta a muchos veteranos gobernantes en la región.
A Mario Abdo Benítez se le puede reprochar no haber hecho una revisión crítica de la actuación del Partido Colorado al servicio de Alfredo Stroessner, dictador al cuál su padre sirvió como secretario. Pero el presidente paraguayo adoptó una posición correcta respecto a los regímenes autoritarios actuales.
El chileno Gabriel Boric no usa la doble vara que usan, sin sonrojarse, los viejos exponentes de la izquierda latinoamericana. Lo mismo piensa otro joven presidente: el uruguayo Luis Lacalle Pou.Los tres denunciaron la proscripción de María Corina Machado.Aunque Lula y Fernández digan otra cosa, marginar del proceso electoral a la líder del partido Vente Venezuela, es equivalente a lo que hizo Daniel Ortega con los candidatos opositores que inhabilitó, encarceló y expulsó de Nicaragua.
Maduro hace de manera solapada a través de la Contraloría General, lo que el Partido Comunista Cubano hace abiertamente: depurar las listas de candidatos para la Asamblea Nacional. Otro régimen aliado del chavismo, el iraní, hace lo mismo a través del Consejo de Guardianes, organismo que decide quién puede y quién no puede ser candidato en la República Islámica.
Maduro usa la Contraloría General a modo de Consejo de Guardianes. Lula y Fernández, que aceptan públicamente como válida la auto-percepción de “proscripta” que hace Cristina Kirchner, guardan silencio frente a las proscripciones seriales en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En rigor, Alberto Fernández había denunciado la injusticia de Ortega con Cristiana Chamorro y los demás candidatos que terminaron desterrados. Pero cuando Lula empezó a usar la doble vara, giró en “U”, abandonando una de las pocas posiciones con coherencia democrática que había mostrado en política exterior.
Galería de imágenes
Comentarios