El CEO de Tesla, Elon Musk, recibió a Javier Milei el viernes en la planta tejana de la compañía automotriz, sellando una amistad forjada en las redes sociales, entre dos apasionados defensores del libre mercado. El romance político que se inició en 2023 con un intercambió de mensajes de apoyo mutuo en la plataforma X, propiedad de Musk,se convirtió en una de las principales promesas para una eventual recuperación económica, con el sudafricano como potencial socio en proyectos locales.
Musk y Milei discutieron en su encuentro sobre "la necesidad de liberar los mercados" y "la importancia de eliminar los obstáculos burocráticos que mantienen alejados a los inversores", según según un comunicado de la oficina del presidente libertario. Y Gerardo Werthein, embajador de Argentina en Estados Unidos que asistió a la reunión, señaló a los medios argentinos que ambos también habían hablado sobre la "oportunidades de inversión" para Tesla en litio, el componente de las baterías de vehículos eléctricos, del cual Argentina tiene una de las reservas más grandes del mundo. El inicio quizás de una alianza y un pie en América Latina, donde tiene entre otros detractores al gobierno brasilero.
Es que Elon Musk se enfrenta a una investigación judicial en Brasil, tras verse envuelto en una disputa pública con el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, por una orden que obligaba a la red social X a cerrar cuentas vinculadas a la extrema derecha, como parte de su investigación sobre los intentos del expresidente Jair Bolsonaro de mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022. La orden también prohibía a la red social publicar los detalles sobre las cuentas bloqueadas, y conllevaba multas de alrededor de 20 mil dólares diarios por incumplimiento.
Pero Musk desafió abiertamente los bloqueos y le pidió a De Moraes que dimitiera, o sería sometido a un juicio político. En respuesta, el juez anunció que había abierto una investigación contra Musk sobre por obstrucción a la justicia. La semana pasada, el escritor estadounidense Michael Shellenberger publicó más de dos años de comunicaciones entre el equipo legal de Twitter y los tribunales brasileños, calificándolas de evidencia de “una amplia represión contra la libertad de expresión”.
Musk respondió a la publicación calificando la acción de “censura agresiva” y comprometiéndose a levantar todas las restricciones. “No sabemos los motivos por los que se han emitido estas órdenes de bloqueo y tenemos prohibido decir qué tribunal o juez emitió la orden, o por qué motivos”, detalló el magnate. Pero luego, terminaría arrobando al propio De Moraes. “Este juez aplicó multas masivas, amenazó con arrestar a nuestros empleados y cortar el acceso a X en Brasil”, añadió.
Como resultado Musk predijo que X deberá dejar de operar en el país sudamericano: “Probablemente perderemos todos los ingresos en Brasil y tendremos que cerrar nuestra oficina allí. Pero los principios importan más que las ganancias”, escribió en su cuenta. Y a las pocas horas, Musk intensificó su disputa con Moraes, prometiendo publicar las exigencias de tribunal supremo. “Este juez ha traicionado descarada y repetidamente la Constitución y al pueblo de Brasil. Debería dimitir o ser acusado”, señaló Musk.
Investigado
Moraes respondió lanzando su investigación, que fue respaldada por otras voces del sistema judicial. “No podemos vivir en una sociedad en la que multimillonarios domiciliados en el exterior tengan el control de las redes sociales y se pongan en condiciones de violar el Estado de derecho, incumpliendo órdenes judiciales y amenazando a nuestras autoridades”, afirmó el procurador general federal, Jorge Messias, quien exigió una “regulación urgente” de las redes sociales.
“La paz social no es negociable”. Y otros miembros del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva criticaron a Musk y pidieron la regulación de las redes sociales. “No permitiremos que nadie, por mucho dinero y poder que tenga, afrente a nuestro país”, escribió en X Paulo Pimenta, ministro de Comunicaciones. “Brasil no es la jungla de la impunidad y nuestra soberanía no estará subordinada a el poder de las plataformas de Internet o el modelo de negocio de las grandes tecnologías”.
Orlando Silva, un legislador alineado con el gobierno, dijo que Musk le había faltado el respeto al poder judicial y que en respuesta propondría una legislación que estableciera un “régimen de responsabilidades para estas plataformas digitales”. Y la líder del Partido de los Trabajadores de Lula, Gleisi Hoffmann, marcó que la arrogante y “truculenta ofensiva” de Musk era un ataque a la soberanía brasileña y al Estado de derecho. Y un intento de inflamar a la extrema derecha brasileta al insinuar que el juez los estaba “censurando”.
Rivales.
Además de la investigación sobre las “milicias digitales” que respaldaron la administración de Bolsonaro y el presunto intento de golpe de Estado, cuando cientos de personas irrumpieron en edificios gubernamentales en Brasilia, Moraes lidera una segunda investigación sobre ejecutivos de Telegram y Google por su papel en una campaña que critica un proyecto de ley de regulación de Internet.
En Brasil se destaca que De Moraes jugó un papel en la protección de la democracia brasileña durante las elecciones presidenciales de 2022, cuando el entonces presidente Jair Bolsonaro estaba difundiendo afirmaciones sin fundamento sobre la integridad del sistema electoral. Y Bolsonaro hizo vigilar constante durante semanas a De Moraes, incluso después de las elecciones de octubre de 2022, según la policía federal.
El juez supremo también adoptó una línea dura tras los disturbios de Brasilia, imponiendo largas sentencias y acusando a los manifestantes de buscar la concreción de un golpe de estado. Musk, autoproclamado “absolutista de la libertad de expresión”, compró Twitter a finales de 2022 y desde entonces relajó sus políticas de moderación y restableció varias cuentas previamente prohibidas, incluida la de Donald Trump, quien regresó a la red social en agosto de 2023.
Las medidas han sido bien recibidas por algunos sectores, pero sus críticos, incluidos grupos de derechos civiles, han argumentado que la plataforma no controla adecuadamente los discursos de odio y el contenido extremista.
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