El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso se encuentra sumergido en una crisis política a menos de un año de haber asumido el cargo, donde a la complicada herencia económica de su antecesor, se le suma la aparición de Lasso en la investigación periodística de los Pandora Papers envolviendo en un escándalo tanto a la figura presidencial como a su familia. A su vez este duro golpe a la imagen del mandatario se da en un contexto de un fuerte aumento de la violencia criminal en Ecuador. Lo que ha desembocado en la declaración del estado de exepción por parte del presidente Lasso, donde será enviadas las fuerzas armadas (FF.AA.) a dar apoyo a la policía para combatir el crimen, lo que ha generado un nuevo elemento de tensión social que amenaza con profundizar aún más la actual crisis del país.
En el ojo de la tormenta
El 3 de octubre el diario ecuatoriano El Universo, uno de los 150 medios participantes del Consorcio Internacional de Periodistas de investigación (ICIJ), revelo que Guillermo Lasso estaba vinculado a 14 sociedades offshore en Panamá, EE.UU. y Canadá. De esas cuentas, 11 se encuentran inactivas, ya que Lasso se deshizo de la mayoría de su entramado offshore en 2017, durante su tercera postulación a la presidencia. Esto se debe a que ese año el correísmo impulso y sancionó una ley que impedía que los candidatos presidenciales tuvieran empresas en paraísos fiscales. Sin embargo, la investigación revelo que a finales del 2017 se crearon dos fideicomisos en Dakota del Sur, EE.UU. llamados: Bretten Trust y Liberty US Trust. Si bien estos fideicomisos se hicieron con las acciones de las mayorías de las sociedades disueltas por Lasso, en los documentos obtenidos en los Pandora Papers no se señalan quienes son los beneficiaros de los mismos.
En respuestas a estas revelaciones, Lasso hizo pública una carta enviada al director del diario El Universo donde declaraba no tener “ninguna relación respecto a la propiedad, control, beneficio o interés de cualquier tipo” a lo que agrego posteriormente: “Mis ingresos provienen de mi trabajo de décadas en el banco de Guayaquil”. A continuación, admitió haber poseído anteriormente cuentas en el exterior “es absolutamente correcto que años atrás, y quiero hacer énfasis, tuve inversiones legitimas en otros países”. Luego se refirió a las acusaciones hacia él, por incumplimiento de la ley cuando era candidato presidencial “las autoridades electorales hubieran negado, y con razón mi participación en la última contienda de la que salimos triunfadores”.
A tres días de las revelaciones, estas comenzaron a tener consecuencias políticas, cuando Fernando Villavicencio presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso inicio una investigación sobre los Pandora Papers , donde anunció “he pedido a Guillermo Lasso que remita la información del caso. No solo investigare los Papeles de Pandora, sino su vinculación de exfuncionarios en los Papeles de Panamá”. A su vez Villavicencio pidió a Lasso que brinde “información documentada, si en la actualidad mantiene algún vínculo empresarial, financiero o laboral con los fideicomisos, compañías y fundaciones mencionadas en el reportaje de investigación del ICIJ”.
Por otro lado, dos días después la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos del Congreso comenzó una investigación en relación al Pandora Papers, donde fue ratificado para este miércoles 20 el llamado a declarar de María Lourdes Alcivar y Santiago Xavier Lasso, esposa e hijo de Guillermo Lasso. La ratificación del estos pedidos de declaración, se produjo apesar de los intentos del oficialismo de excluir a los familiares de Lasso por no ser funcionarios públicos, planteo al que partido opositor, Unión por la Esperanza (UNES), se opuso firmemente. Desde ese sector, la diputada Paola Cabezas enfatizó que, si Guillermo Lasso se deshizo de los dos fideicomisos, se debe conocer quien los maneja actualmente, si los vendió, los donó o entregó como herencia a sus hijos. Donde señalo que en este tipo de procesos, estas son las preguntas que deben responder los jefes de estado y sus familiares.
Violencia y conmoción interna
Luego de este fuerte golpe a la figura presidencial, el pasado fin de semana se registró tan solo en le ciudad costera de Guayaquil una docena de muertes, entre los muertos se encontraba el niño de 11 años Sebastián Obando. La muerte del menor, desato una ola de indignación en todo el país, contra la creciente violencia criminal. Dicha situación desembocó la noche de este lunes 18 en el anuncio de Guillermo Lasso por cadena nacional, donde declaraba el estado de excepción por 60 días. De esta manera Lasso dispuso la movilización de las FF.AA. y de la policía nacional en las calles de todo el país, especialmente en las provinicas que poseen mayor índice de violencia como El Oro, Guayas, Santa Elena, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos.
En su anuncio, luego de lamentar la muerte del niño Sebastián Obando, Lasso explico en que las FF.AA.y la Policía Nacional llevaran a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 hs del día, requisiciones de droga entre otras acciones, donde declaró “daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen”. La situación de la violencia es de tal gravedad, que tan solo 18 días antes del anuncio, se había producido la mayor matanza carcelaria en la historia del país, en la que dos bandas vinculadas al narcotráfico se enfrentaron dejando 119 muertos. Siendo que tan solo en 2021 hubo 1.885 eventos delictivos, donde 1.112 fueron catalogados como violencia criminal.
Entre las medidas más polémicas del anuncio el mandatario, se encuentra la creación de una Unidad de protección Legal de fuerzas publica, dicha unidad se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía y las FF.AA. que sean demandados por cumplir su deber. Al respecto Lasso declaró “la ley debe intimidar al delincuente más no al policía” y agregó: “actúen señores integrantes de las fuerzas del orden, con la valentía que los caracteriza, este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido su labor”.
La creación de esta Unidad de Protección Legal, es visto por miembros de la oposición como un intento de proteger legalmente a las fuerzas de seguridad, de posibles denuncias de abusos de autoridad que puedan cometerse tanto durante la aplicación de estado de exepción como más adelante A su vez varios líderes indígenas rechazaron las nuevas medidas de seguridad del ejecutivo, ya que ven una relación entre estas y la expansión de la frontera extractivas de la Amazonia ,donde habitan comunidades indígenas, abriendo las puertas a un nuevo conflicto social que amenaza con agravarse. Así más allá del serios problemas de seguridad de Ecuador, lo extremo de la decisión de Lasso ha servido por el momento, para correr del centro del debate público las escandalosas revelaciones que rigen sobre el presidente y su familia, pero al costo de tensionar aún más los profundos problemas sociales existentes.
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