Cuando Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoló las inundaciones que han sumergido la parte sur de Brasil, examinó no sólo la devastación que ha dejado cientos de muertos y 165.000 desplazados, sino también un momento decisivo para su presidencia.
El diluvio sin precedentes que azotó el estado de Rio Grande do Sul tienen un tremendo impacto político, y hasta puede costarle a Lula su legado. En 2005, la lenta respuesta de George W. Bush al huracán Katrina en Estados Unidos, destruyó los índices de aprobación del presidente que había ido a la guerra tras los atentados del 9/11: provocó una caída de dos dígitos en la percepción de su capacidad para gestionar una crisis.
Por el contrario, las reacciones positivas a la gestión del huracán Sandy por parte de Barack Obama en 2012, proporcionaron un impulso muy necesario en las encuestas en vísperas de una elección que el demócrata acabó ganando.
Crisis
Lula es muy consciente de la potencia de las crisis repentinas, dicen sus asesores cercanos. Hace dos años, aprovechó la ira popular por el manejo de Jair Bolsonaro de la pandemia de COVID-19, para lograr una estrecha victoria en la contienda presidencial. Ahora se enfrenta a su propia calamidad, una que podría ayudarle a detener una caída de su popularidad, o alimentar sentimientos cada vez peores sobre la trayectoria del país, y enviarlo a una espiral de la que, como Bush, quizás nunca escape.
“Para el tercio de la población que odia a Lula, todo lo que haga será malo o insuficiente. Hay un tercio que le festeja todo. Y un tercio que está pendiente de la respuesta del gobierno”, explicó Thomas Traumann, consultor de comunicaciones con sede en Río de Janeiro Tras un delay enorme, que incluyó una celebración con Madonna en Río mientras el resto del país naufragaba, Lula puso en pausa su agenda de rescate. Suspendió un viaje a Chile para reunirse con Gabriel Boric, y desvió la atención de G20 y la planificación para la celebración de la cumbre.
El gobierno que había estado disputando públicamente planes fiscales y otras medidas legislativas, apuró por decreto medidas para eximir de impuestos a los abnegados, secundado por el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, y la ministra de Planificación, Simone Tebet. Y Haddad dio a conocer un paquete de ayuda por un valor de 50.900 millones de reales (9.900 millones de dólares) que incluye créditos subsidiados y otras medidas destinadas a los trabajadores, beneficiarios de programas sociales y productores rurales. Y se está ultimando una propuesta para brindar alivio de la deuda al estado de Rio Grande do Sul, para que pueda atender sus necesidades de reconstrucción de carreteras e infraestructura.
Revés
Esta semana, Lula suma otro golpe: una derrota en el congreso a manos de la oposición bolsonarista y aliados de la coalición gobernante. La intención del presidente de penar la difusión de noticias falsas, finalmente no será delito. Y no se van a restablecer los permisos carcelarios en ocasiones como la Navidad, una medida que el lulismo garantista impulsó en su vuelta al poder.
La derrota se consuma además en un momento en el que la popularidad del Gobierno se resiente (aunque la economía camina en Brasil mejor de lo pronosticado). “Hace tiempo que un Gobierno no sufre tantas goleadas en el Congreso”, tuiteó después de la sesión el analista Thomas Traumann. “La posición del Gobierno contó con el apoyo de menos de 140 diputados frente a los más de 300 de la oposición”. Algunos ven allí el gen del proceso que acabó con Dilma Rousseff.
José Guimarães ,líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT), admitió que quizá el presidente deba hacer cambios en su Gabinete. “Si estuviera todo bien, el presidente tendría una aceptación del 80%”, dijo a Folha de S.Paulo. Lula ha intentado suavizar las reticencias con más inversiones públicas y programas sociales, medidas que lo alejan irremediablemente del déficit cero. Pero el Gobierno está obligado a paliar los efectos de la catástrofe climática ha anunciado casi 3.000 millones de dólares más en créditos para empresas afectadas.
Presente
Lula, cuya filosofía de gobierno abona a la idea de un “Estado presente”, está tratando de evitar la percepción de que se quedó corto en medio de una crisis: ha advertido a sus ministros contra los conflictos internos y les ha marcado que desarrollen una respuesta de la que pueden estar orgullosos en el futuro. Y ordenó a su equipo que no entre en discusiones con adversarios políticos y que prioricen las soluciones sin importar de quién vengan.
Con la llegada de temperaturas más frías y lluvias adicionales, podría empeorar la situación y complicar los esfuerzos de socorro y rescate en curso en un momento en que más de 130 personas siguen desaparecidas, 67.000 están en refugios y el número de muertos aumenta diariamente. Medio millón sin electricidad y un número igual de personas carecen de acceso a agua potable.
Y la magnitud total de la crisis no se conocerá hasta después de que las inundaciones retrocedan, aunque podría tener efectos inflacionarios y económicos notables que se extiendan más allá de las áreas afectadas: Rio Grande do Sul es una importante región agrícola que representa el 6,5% del producto interno bruto de Brasil. En sintonía, la fe de los brasileños en la capacidad de Lula parece estar menguando: su índice de aprobación ha caído 10 puntos al 50% desde agosto, según una encuesta de Quaest.
Riesgo
La desaprobación ha aumentado 12 puntos hasta el 47% en el mismo lapso. Pero la respuesta inicial del gobierno federal a las inundaciones recibió calificaciones positivas del 53% de los encuestados (un 24% la califica de regular y un 23% la evalúa negativamente).
La tragedia puede ayudar a reorientar a un presidente que ha dividido su atención entre una ambiciosa agenda global y una serie de iniciativas internas, muchas de las cuales han provocado batallas en su gabinete y largas peleas con el Congreso que justamente han paralizado al gobierno. La inundación puede ser un baño de humildad para Lula, más pendiente de su propio bronce que de solucionar los problemas de los brasileros.
Y al igual que el intento de insurrección del 8 de enero de 2023 contra su gobierno, le ha dado la oportunidad de elaborar una respuesta unificada a la crisis que puede ayudar a su administración a deshacerse del actual letargo. Tras semanas de intensos debates sobre objetivos fiscales, ingresos, y la necesidad de recortar el gasto, las inundaciones han devuelto la conversación a la responsabilidad del gobierno de ayudar al pueblo, un cambio que benefició a Obama hace una década, y que coloca a Lula en un terreno mucho más cómodo.
“No puedo permitir que el sistema financiero todos los días sólo mire el déficit fiscal y no el déficit social”, dijo Lula durante una entrevista radial. “Miren a las personas que están desempleadas, que están durmiendo en las calles, que están pasando hambre. Dejen de mirar sólo sus bolsillos, dejen de mirar sólo su cuenta bancaria y miren a la gente”, apuntó Lula, al que también el gasto sin miras puede complicar en breve.
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