Martes 11 de mayo, 2021

MUNDO | 11-04-2021 11:47

Maduro acusado de beneficiar a un bando de las FARC en una disputa narco

El ejército venezolano está llevando a cabo su campaña militar más organizada en años, lo que obligó además a casi 5000 civiles a abandonar sus hogares para no quedar en medio del fuego cruzado.

El gobierno venezolano solía tolerar los movimientos de los grupos armados vinculador con el narco y el contrabando cerca de su frontera con Colombia. Básicamente porque molestaban al pais vecino con el cual el gobierno chavista tiene un enfrentemiento de casi dos décadas: varias veces se los acusó no sólo de financiar a esasguerrillas, pero de participar también del negocio de la droga.

Pero esa política cambió hace dos semanas y el ejército venezolano está llevando a cabo su campaña militar más organizada en años, lo que obligó además a casi 5000 civiles a abandonar sus hogares para no quedar en medio del fuego cruzado.

La crisis humanitaria que obligó a miles de venezolanos a cruzar la frontera para refuguiarse en el municipio de Arauquita (Arauca), en el oriente de Colombia, se disparó con el enfrentamiento primero entre dos bandos disidentes de las FARC: Colombia llegó en 2012 a un acuerdo con la guerrilla para que se disolviera. Una parte pasó de la clandestinidad a la política, pero otra no quiso abandonar sus negocio más redituable: la droga.

El Frente Primero, que conduce Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia de Luciano Marín, alias Iván Márquez, se reunieron en marzo en el Estado Apure, en Venezuela, para pactar una alianza criminal. Pero las negociaciones terminaron a los tiros: una disputa que están resolviendo a sangre y fuego y que afecta directamente a la población venezolana en la zona de frontera.

Según el diario bogotano El Tiempo, “Iván 'Mordisco' llegó con un pequeño esquema de seguridad, donde supuestamente lo esperaba Márquez junto con otros jefes criminales de la Segunda Marquetalia. La influencia de Mordisco le ha permitido aglutinar a pequeñas disidencias de las extintas FARC que se han rearmado, mientras que la Segunda Marquetalia cada día tiene menos poder y la figura de Márquez, pese a su pasado como jefe en las FARC, no ha servido para alinear a los otros grupos provenientes de la extinta guerrilla”.

La primera hostilidad entre los dos bandos, reseña en El Tiempo, habría sido disparada por Márquez quien le entregó al Ejército de Venezuela la ubicación del campamento de los lugartenientes de Mordisco. Base en la que operaba Jorge Eliécer Jiménez, alias Arturo o Jerónimo (condenado a 40 años de prisión por Colombia, recuperó la libertad en 2017 tras acogerse a los acuerdos de paz), que logró escapar antes de la llegada de los militares venezolanos.

“Lo paradójico de todo esto es que las disidencias de las FARC están usando a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela para enfrentarse a las otras disidencias”, explica Carlos Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política. De allí que no sean pocos los que ven en esta intervención del ejército que maneja Vladimir Padrino, bajo órdenes de Nicolás Maduro, la mano de estado para favorecer a una facción en una interna narco.

El presidente venezolano contestó en los últimos días que el ataque refleja la política de su gobierno de “cero tolerancia a los grupos armados irregulares de Colombia”. Pero varios analistas insisten con que la política hasta ahora había sido por oposición, de tolerancia y laissez faire. “Nunca habíamos visto algo así a esta escala”, remarca Kyle Johnson, fundador de Conflict Responses, ONG con sede en Bogotá centrada en cuestiones de seguridad.

Campaña. La incursión militar comenzó el 21 de marzo en Apure, uno de los estados más pobres del país, y provocó ya la muerte de al menos nueve personas que el gobierno venezolano considera guerrilleros y dos de su propia fuerza, reconoció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

El asalto venezolano, centrado en los alrededores de La Victoria, un pueblo de unos 10.000 habitantes, fue dirigido a la facción de disidentes conocida como el Décimo Frente, pero las consecuencias humanitarias son las que motivaron las alertas de otros países de la región. “Los combates han ido en un proceso de escalada cada día”, marca Juan Francisco García, del grupo venezolano de derechos humanos Fundaredes.

El ejército venezolano bombardeó las áreas marcadas de los campamentos, “haciendo temblar la tierra”, según varios lugareños, que decidieron hacer las valijas. Pero muchos fueron detenidos, sospechados de tener vínculos con las guerrilas: según Human Rights Watch al menos 11 civiles siguen en prisión.

Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, calificó los abusos documentados por su organización como “un caso de estudio de todas las barbaridades que el régimen ha venido haciendo y que sigue haciendo con toda impunidad”. Y agregó: “Esto debería ser una llamada de atención para la Corte Penal Internacional, que tiene el deber y el poder de investigar penalmente a los responsables últimos de los crímenes internacionales más atroces”.

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por R.N.

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