La relevancia que tomaron las redes sociales en los últimos años hizo que, en algunos países, los Estados empezaran a prestarles atención. Con polémicas por los usos de datos personales que hacen, la posibilidad de editar y jerarquizar información que tienen, y los niveles de concentración de estas empresas, distintos organismos pusieron el ojo en las regulaciones de estas compañías.
En la Justicia. El martes 23, la principal Corte de Alemania le puso instó a Facebook para que deje de recopilar datos de usuarios. La decisión respalda la postura de la Oficina Federal de Cárteles de ese país, que había señalado que la plataforma abusó de su dominio en el mercado para recabar información de sus usuarios sin su consentimiento. El fallo podría sentar un precedente importante.
En la misma línea, según publicó The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaría una denuncia contra Google en los próximos meses por romper con las leyes antimonopolio del país. Además, investigarán la tecnología de publicidad de Google y analizarán si usan su buscador para sofocar a su competencia.
La movida judicial tiene un antecedente similar en Francia. En abril, la Autoridad de Competencia de ese país le ordenó a Google negociar con los medios franceses y pagarles por utilizar sus contenidos. En un comunicado del 9 de abril, el organismo antimonopolio francés sentenció haber constatado “un daño grave e inminente” por parte de Google al sector de la prensa, basado en su “posición dominante” en el mercado de publicaciones digitales.
En su investigación, el organismo afirmó que Google impone condiciones comerciales desleales a editores y a agencias de noticias; elude la ley de derechos de autor al decidir unilateralmente que la única posibilidad de visualización de ciertos contenidos de los medios es la cesión gratuita de derechos por parte de éstos; y discrimina a los medios al aplicar un principio de remuneración cero a todos los editores sin examinar sus situaciones particulares.
Gran parte de los conflictos que ponen en la mira al gigante de Internet tienen que ver con sus políticas de publicidad: la compañía es dueña de la herramienta que se utiliza para conectar a los anunciantes con las páginas en las que se publica la publicidad.
Otras disputas. A las medidas judiciales se le suma una Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump para revisar las regulaciones vigentes en relación a las redes sociales. Después de cruces entre el presidente de Estados Unidos y Twitter, a raíz de que la compañía ocultó o modificó tuits del mandatario en un intento por combatir fake news, Trump ordenó anular la “inmunidad” de las plataformas digitales, obtenida en la Sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones de ese país.
El objetivo de la estrategia utilizada por Trump es eliminar la protección legal que tienen las distintas plataformas que, hasta ahora y según la ley, no son responsables del contenido publicado por sus usuarios pero sí pueden borrar o revisar el contenido que hay, asumiendo un rol de editorializanción.
La batalla para revisar el poder que tienen las grandes compañías digitales y aggiornar sus libertades y obligaciones a los tiempos que corren ya está dada en otros países.
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