La administración de Donald Trump ha devuelto a la primera línea de la agenda internacional un tema que parecía desgastado, pero nunca resuelto: la guerra contra las drogas. Con un estilo que combina viejas recetas de militarización y un lenguaje de “guerra al terror”, la Casa Blanca decidió escalar el enfrentamiento contra el narcotráfico latinoamericano, en un movimiento que mezcla cálculo electoral, presión diplomática y demostración de fuerza.
A comienzos de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva que autorizó a vehiculizar operaciones militares contra organizaciones criminales de América Latina. Días más tarde, tres destructores lanzamisiles fueron desplegados frente a las costas de Venezuela, con la misión de interceptar cargamentos de drogas y enviar un mensaje directo a Caracas.
Lo novedoso de esta ofensiva es la designación de carteles y bandas como organizaciones terroristas. Bajo este paraguas jurídico, grupos como el venezolano Tren de Aragua, seis carteles mexicanos, la pandilla MS-13 y el llamado Cartel de los Soles fueron equiparados a Al Qaeda o al Estado Islámico.
La clasificación permite al Pentágono desplegar fuerzas especiales y operaciones encubiertas con un marco legal similar al que justificó intervenciones en Medio Oriente. Para Trump, se trata de frenar la ola de fentanilo y cocaína que, sostiene, alimenta la violencia en las ciudades estadounidenses.
Venezuela en la mira
Ningún país concentra tantas tensiones como Venezuela. La recompensa por la captura de Nicolás Maduro fue elevada a 50 millones de dólares, mientras que el gobierno estadounidense insiste en que altos funcionarios chavistas forman parte de una red de narcotráfico transnacional.
El Cartel de los Soles —un nombre que alude a la participación de militares en la cadena de tráfico— es presentado por Washington como ejemplo de esa connivencia entre Estado y crimen. El chavismo, por su parte, rechaza las acusaciones y las atribuye a una estrategia de desestabilización.
El canciller Yván Gil acusó a Estados Unidos de carecer de credibilidad y de fracasar en su propia lucha contra el consumo interno. Maduro, en tanto, reaccionó movilizando a más de 4,5 millones de milicianos y prohibiendo el uso de drones en el espacio aéreo, en alusión al intento de magnicidio de 2018.
Sin embargo, más allá de la propaganda, múltiples informes de prensa, organismos internacionales y testimonios de desertores han vinculado a funcionarios venezolanos con redes de tráfico y con el Tren de Aragua, banda que nació en cárceles venezolanas y hoy opera en Chile, Perú y Colombia.
México: cooperación limitada
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha extraditado capos y reforzado la vigilancia en Sinaloa y la frontera norte, en un gesto de buena voluntad hacia Trump. Pero al mismo tiempo dejó claro que no aceptará tropas estadounidenses en su territorio, una idea sugerida por el propio presidente republicano.
México arrastra una experiencia amarga: la “guerra contra el narco” lanzada por Felipe Calderón en 2006 multiplicó la violencia sin lograr frenar el negocio. La llamada estrategia del kingpin, que buscaba descabezar a las organizaciones, solo produjo fragmentación y el surgimiento de células más violentas. Hoy los carteles son redes flexibles, descentralizadas y con gran capacidad de adaptación. La captura de un líder suele abrir disputas sangrientas en lugar de estabilizar la situación.
El auge del fentanilo expuso las limitaciones de este enfoque. El opioide sintético, barato y letal, disparó las muertes por sobredosis en Estados Unidos desde 2013. Pero ni muros fronterizos ni redadas masivas han frenado su flujo. Las raíces del problema se encuentran tanto en laboratorios clandestinos mexicanos como en la responsabilidad histórica de la industria farmacéutica norteamericana, que expandió el consumo de opioides bajo regulación laxa.
Colombia: coca y guerrillas
La administración de Gustavo Petro, en tanto, tiene su propio proyecto de paz total, que incluye negociaciones con grupos armados que controlan vastas extensiones de cultivo de coca. Los Comandos de la Frontera, liderados por Jairo Marín, alias “Popeye”, se presentan como una guerrilla de nuevo tipo: administran territorios, regulan poblaciones y dominan más de 100.000 hectáreas de coca en la Amazonía.
Para Washington, la falta de avances es intolerable. Trump amenaza con cortar ayuda militar si no se reducen los cultivos, que alcanzaron cifras récord en 2023. La Casa Blanca incluso presiona para que Colombia sea “descertificada” en cooperación antidrogas, lo que afectaría créditos internacionales. Petro, con poco más de un año de mandato por delante, enfrenta la disyuntiva de acelerar acuerdos parciales o quedar atrapado en un aumento de la violencia y el descrédito externo: más de 20 muertes en la última semana señalan el fracaso y alientan las sospechas sobre el presidente y ex líder guerrillero.
El dilema es profundo: el narcotráfico se consolidó como motor económico en regiones periféricas, donde el Estado nunca logró establecer autoridad. Intentos de sustitución de cultivos (la propuesta de Petro) fracasaron por falta de infraestructura, mercados y apoyo financiero. Las comunidades, atrapadas entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales, ven en la coca el único medio de subsistencia.
Límites de la militarización
El despliegue militar de Trump responde a una lógica inmediata: mostrar resultados visibles ante una opinión pública que asocia la crisis de opioides con la frontera. Pero la efectividad es dudosa. Venezuela no es un canal relevante en el tráfico de fentanilo, y la presencia de destructores no corta las redes flexibles que abastecen al mercado estadounidense.
Más aún, la militarización suele reforzar la narrativa de los carteles, que se presentan como defensores locales frente a un Estado corrupto o frente al “imperialismo” extranjero. En México y Colombia, varios grupos lograron legitimar su presencia ante comunidades marginadas, convirtiéndose en árbitros de la vida cotidiana.
El escenario regional muestra matices. Venezuela es señalada como Estado cómplice; México coopera parcialmente; Colombia busca negociar con actores armados que también son narcotraficantes. En todos los casos, el narcotráfico se entrelaza con guerrillas, economías informales y sistemas políticos que lo toleran o lo usan como herramienta de poder.
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