Vivimos en una época en que la política contamina virtualmente todo incluyendo, desde luego, a la Justicia. Los partidarios del “lawfare” que, hoy en día, propenden a militar en organizaciones con pretensiones progresistas están muy activos en el plano internacional, donde juristas islámicos y sus aliados están librando una campaña obsesiva contra Israel sin manifestar mucho interés en los horrendos crímenes de lesa humanidad que son perpetrados a diario por las dictaduras de Irán y Siria o las diversas facciones que están luchando en Sudán, Yemen, Afganistán y otros países.
Aún más alarmante para los preocupados por el futuro de la democracia occidental que la indiferencia de tantos juristas cuando es cuestión de atrocidades que son rutinarias en tales partes del mundo, ha sido lo que está sucediendo en Estados Unidos. Tanto los demócratas como los republicanos han convertido los tribunales de su país en campos de batalla en que están luchando despiadadamente con el propósito de anotarse triunfos propagandísticos que les permitan adquirir más poder político.
Para muchos, el fallo del jurado neoyorquino que declaró culpable al ex presidente Donald Trump de haberse beneficiado ilegalmente en las elecciones de 2016 cuando, con la colaboración de ciertos empleados, compró el silencio de Stormy Daniels, la actriz porno que lo acusaba de haber hecho uso de sus servicios años antes -algo que el republicano firmemente niega-, fue un ejemplo escandaloso de la politización del sistema judicial por parte de los demócratas. Quienes dan por descontado que el fallo ayudará a Joe Biden a derrotar a Trump en las elecciones de noviembre lo festejaron con júbilo, pero muchos demócratas aconsejaron cautela y algunos temen que les sea contraproducente.
Después de todo, nadie ignora que Nueva York es un reducto demócrata y que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, había llegado al puesto que ocupa merced a una campaña política en que se había comprometido a meter a Trump entre rejas. Para atraparlo, Bragg elaboró una teoría legal que muchos encuentran poco convincente; señalan que, conforme a las leyes vigentes en el Estado de Nueva York, y sin tomar en cuenta las presuntas ramificaciones políticas del asunto, las ofensas administrativas atribuidas a Trump eran de escasa importancia y, de todos modos, habían prescrito.
Puede darse por descontado que, de haberse celebrado el juicio a Trump en otra jurisdicción, el desenlace hubiera sido bien distinto. Cada Estado de la Unión tiene sus propias particularidades jurídicas, de suerte que lo que no sería ilegal en distritos mayormente progres como Nueva York o California puede ser considerado criminal en lugares más conservadores como Texas o Florida, o viceversa. Así, pues, las leyes relacionadas con el aborto, un tema que será electoralmente clave, son radicalmente distintas en los Estados “azules” que se ven dominados por demócratas y los “rojos” en que, por paradójico que les parezca a los acostumbrados a las tradiciones internacionales cuando se trata de colores políticos, suele imperar “la derecha” republicana.
Según las encuestas de opinión, Trump y Biden corren cabeza a cabeza en la carrera presidencial, pero el republicano lleva una ventaja leve en los cinco Estados que, a juicio de los expertos, determinarán el resultado en el colegio electoral. Los demócratas esperan que, al permitirles tratarlo de delincuente, el fallo en contra de Trump lo prive de votos que necesitaría para ganar. Por su parte, los republicanos apuestan a que el espectáculo a su entender escandaloso del “lawfare” demócrata tenga un impacto tan negativo en el electorado que muchos que en otras circunstancias respaldarían a Biden opten por quedarse en casa o por votar a favor de un candidato independiente.
De todos modos, aunque a esta altura nadie está en condiciones de prever lo que sucederá en los escasos meses que nos separan de las elecciones, no cabe duda de que, gracias a los intentos de frenar a Trump aprovechando sus presuntas violaciones de la letra chica de un notoriamente complicado orden legal, “la grieta” que separa a las dos mitades de la población norteamericana se ha hecho todavía mayor. Tanto los aterrados por la posibilidad de que el empresario inmobiliario regrese a la Casa Blanca como los convencidos de que Biden es un viejo chocho manipulado por sujetos siniestros que quieren desmantelar Estados Unidos, son incapaces de disimular el desprecio, cuando no el odio, que sienten por quienes no comparten su punto de vista.
Desde ambos lados de la línea divisoria se oyen voces que predicen el fin de la democracia norteamericana que, al fin y al cabo, se basa en la voluntad de casi todos de convivir pacíficamente con sus adversarios y aceptar que, en última instancia, el electorado ha de tener la palabra final. Acaso lo único en que coinciden los demócratas y republicanos es que en su país la Justicia está irremediablemente politizada y que les corresponde aprovechar al máximo dicha realidad. De más está decir que la falta de confianza en la Justicia así reflejada plantea muchos peligros en una sociedad en que abundan los convencidos de que es legítimo emplear violencia en defensa de los intereses propios.
Para muchos demócratas, Trump es un fascista casi hitleriano que está resuelto a transformar la superpotencia en una dictadura, mientras que, a ojos de los partidarios más ferverosos del ex presidente, quienes están en el poder son todavía más autoritarios que su ídolo aunque, claro está, la ideología “woke” que están procurando impulsar es radicalmente distinta de la que presuntamente representa el magnate que, según se informa, en cualquier momento podría caer en bancarrota debido a sus muchos problemas legales.
Lo mismo que en muchos países de Europa, en Estados Unidos las preferencias políticas tradicionales se han invertido; la derecha ha conquistado al “proletariado” y la izquierda se ha fortalecido entre quienes tienen buenos motivos para querer prolongar un statu quo que, conforme a las estadísticas disponibles, dista de ser igualitario. Si bien casi todos ubican a Trump en el lado derecho del espectro político y los simpatizantes más agresivos de Biden hacia la izquierda, el republicano cuenta con el apoyo de una proporción creciente de la clase obrera y media baja, y el demócrata con el de los sectores relativamente adinerados que conforman “las elites” académicas, mediáticas, culturales y quienes desempeñan funciones jerárquicas en la burocracia.
Trump es un nacionalista que nunca se cansa de subrayar su voluntad de subordinar absolutamente todo a la recuperación de “la grandeza” de su país. Biden, que se ve rodeado de globalistas, entre ellos muchos que creen que el Estado nación es una reliquia histórica que debería ser subordinado a instituciones internacionales, ha modificado últimamente su postura frente a la inmigración masiva y virtualmente irrestricta que tantos problemas está provocando, acercándose poco a poco a la defendida por su rival que, por cierto, no ha abandonado la propuesta de detener “la invasión” construyendo un muro gigantesco que cierre a cal y canto la frontera sureña de su país.
Con todo, parecería que Trump ha entendido que sería peligroso que Estados Unidos renunciara por completo a las responsabilidades que le suponen figurar como “el líder del mundo libre”, razón por la que, luego de una demora de seis meses, ordenó a los legisladores que le responden desistir de bloquear la ayuda militar a Ucrania. Después de todo, no le convendría a Trump que sus enemigos siguieran acusándolo de ser títere de Vladimir Putin, un autócrata que alardea de su voluntad de poner fin cuanto antes a “la grandeza” de Estados Unidos.
De más está decir que los progresistas norteamericanos distan de ser los únicos en creer que Trump plantea una amenaza gravísima no sólo a su propio país sino también al Occidente en su conjunto. Comparten su opinión muchos europeos que temen que, si -como parece bastante probable- logra reinstalare en el poder, no vacilaría en adoptar una estrategia aislacionista que, entre otras cosas, los obligaría a encargarse plenamente de su propia defensa, algo que no quieren hacer porque saben que los costos financieros serían tan altos que provocarían un sinnúmero de dificultades sociales.
Sea como fuere, el que tantos miembros de las clases dirigentes del mundo desarrollado se hayan habituado a atribuir la popularidad duradera de Trump en Estados Unidos, además del auge de “la nueva derecha” en Europa continental, a la ignorancia y primitivismo de sus simpatizantes es de por sí preocupante. Puede que Trump sea personalmente responsable de muchos males, pero su irrupción exitosa en el escenario político mundial es sintomática de una enfermedad sociopolítica que afecta a todos los países avanzados. Parecería que “las elites” se han alejado tanto de los que, mal que les pese a sus integrantes, constituyen la mitad o más de las sociedades en que viven, que ni siquiera quieren entenderlos. Antes bien, los tratan con desdén, mofándose de sus gustos raros y su apego a conceptos patrióticos anticuados. No se les ocurre que, en sociedades democráticas, su propio destino dependerá de la voluntad mayoritaria y que, a menos que conserven el respeto de sus conciudadanos, no tardarán en verse privadas de los privilegios a los cuales se han acostumbrado.
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