La inflación está en clara baja pero estamos en niveles de un 8,8% mensual. Con el Gobierno anterior se criticaba fuertemente estos números. El actual Gobierno evitó la hiperinflación secando la oferta monetaria, pero esto se traduce en recesión. Producto de estas políticas vemos fenómenos paradójicos: está chocando la inflación por costos con la inflación por demanda. La construcción cayó 42,2% en marzo con respecto al mismo mes de 2023, la producción industrial retrocedió 21,2% en el mismo periodo, la recaudación viene de caer en abril 13% en términos reales y los salarios de los trabajadores formales acumularon desde diciembre hasta marzo una caída de casi 17%, por encima de lo que habían perdido.
Los jubilados que cobran la mínima tendrán pérdidas de un 24% y, el resto, del 37% y el nivel de empleo del sector privado se volvió a reducir en abril, lo que acumula una baja de seis meses ininterrumpidos. Con el deterioro del tipo de cambio vigente por el efecto de la inflación de cinco meses, es muy difícil que las exportaciones sean el motor de la recuperación, mucho menos el consumo. Los inversores esperan ver que aparezca el consenso institucional, que les dé seguridad jurídica.
Una depresión económica se da cuando el consumo cae por encima del 50%. Si hay una caída del consumo sostenida se pueden generar grandes distorsiones en la economía. Frente a este diagnóstico y con estas paradojas económicas nos encontramos ante un público que tiene un repudio total a las instituciones del mundo moderno, ha perdido la confianza en ellas. En estos cuarenta años no hemos instaurado -valga el juego de palabras- una constitución económica que tuviese la virtud suficiente para sacarnos de encima esta cadena de crisis fiscales y monetarias que nos castigan. Cuesta sobrevivir en una sociedad en que la moneda ha perdido entidad.
Atravesamos una transición histórica englobante que compromete a todo el planeta agitada por la revolución digital, los teléfonos inteligentes, la robótica y la inteligencia artificial; todo ello vinculado a un intenso vaivén de valores difícil de calibrar con predominio de relatos basados en interpretaciones y no en hechos objetivos.
Haciendo eco de lo que dijera Nietzsche, los hechos se subordinan a las interpretaciones por ser estas una función del poder y no de la verdad. La democracias fenecen cuando la legitimidad de origen de los gobernantes no se corresponde con una legitimidad de resultados que despeje la incertidumbre -y acaso la iracundia- de poblaciones con hondas privaciones. La democracia está situada pues en esta intersección entre pasado y presente. El populista del siglo XX afirmaba defender a los pobres frente a los ricos. Milei afirma defender a la gente ante el sistema político y la casta que lo domina. La antigua lucha de clases se ha convertido en algo mucho más categórico, pero mucho menos claro. “La rebelión del público”.
La casta es un concepto maleable que se aplica a quienes disienten con esa voluntad de cambio. Un pequeño número de agentes orgánicos “la orga”, detenta la facultad de discriminar entre amigos y enemigos, quienes conforman el germen de una nueva casta. Así se va forjando un nuevo populismo con los mismos vicios que se pretende corregir que, como siempre, repudia las mediaciones propias de la representación política en clave pluralista y pretende recrear con nuevos instrumentos (las redes) la identificación del conductor con su pueblo.
Milei expresa el quiebre del orden político derivado de la crisis de 2001, encarado primero por Duhalde y luego profundizado por Néstor, Cristina y Alberto, basado en la intervención del Estado como agente de contención social y cuyo agotamiento derivó en una suerte de vaciamiento del concepto de justicia social.
El conjunto de la dirigencia mayoritaria de todos los signos, quedó atrapada en la trampa del discurso con lógica electoralista “políticamente correcto” que no reflejaba el clima de frustración que se percibía en las calles. Por repudio a lo conocido, la sociedad resolvió caminar a lo desconocido.
El proceso empieza décadas antes, pero es con las reformas de los años 90 cuando se genera esa gran masa de desempleados y no se pensó en como reciclarla, en cómo darle oportunidades. Eso cristalizó en un mundo de informalidad y con la crisis de 2001, se termina de romper lo que era una economía con sustitución de importaciones e ideal de pleno empleo, que acaba con índices del 25% de desempleo y más del 50 % de pobreza e informalidad.
La inestabilidad estructural económica argentina se origina en este abuso estructural del Estado y la inadmisible presión fiscal: la magra contraprestación estatal no justifica lo recaudado.
Hay un orden pos 2001 en el que se da una contención social por medio del gasto en bienestar y en ayudas directas personales. Y si los sindicatos mediaban por el trabajador formal, los movimientos sociales lo hicieron por quienes están en la informalidad, cumpliendo el rol de red de contención a través de un proceso de inclusión que no fue financiado planificadamente desde el 2011. Ante la no sostenibilidad del modelo ,se produce entonces un vaciamiento del concepto de la justicia social. Al sentimiento subjetivo de igualdad, no lo acompañaba una economía acorde con esa pasión por el ascenso social ascendente en las expectativas sociales.
Una crisis puede ser una oportunidad para reencauzar las cosas hacia un horizonte positivo o puede acoplarse otras crisis sucesivas. En el primer caso, la crisis es una experiencia traumática que puede superarse; en el segundo, la crisis es un episodio que, de tanto repetirse, trasunta un proceso de declinación. A partir de 1983, en este plano inclinado, el régimen democrático tuvo que gobernar una sociedad con alto niveles de pobreza e indigencia; una porción muy amplia de la sociedad permaneció por tanto insatisfecha con respecto a las necesidades básicas en seguridad, educación, salud, trabajo y vivienda.
De la democracia de partidos de las primeras décadas hemos pasado a practicar coaliciones de partidos junto con la súbita irrupción de candidatos contestatarios sin afiliaciones partidarias previas. Este contraste permitiría formular una hipótesis acerca de la coexistencia de dos tipos de democracia: una democracia de partidos, en tanto representa mediadores estables en cuyo seno se forman los liderazgos y, por otra parte, una democracia de candidatos tributaria de irrupciones súbitas, del malestar incrustado en la sociedad enmarcada en la velocidad de mutación científico- tecnológica que envuelve a los mecanismos de comunicación en el planeta.
Esa democracia de candidatos es naturalmente inestable, arrebatada por ascensos electorales repentinos, embebida en una radicalización de las opciones, sean estas de derecha o izquierda, donde el vértigo corre junto a la improvisación. Se trata más bien de la polarización hostil y excluyente, que arreció durante las últimas décadas y que convierte a los adversarios en enemigos.
El perfil de una democracia institucional es tributario de la conformación del Estado, sin el cual no hay régimen democrático posible. Somos un país rico lleno de pobres. No obstante, lo que se percibe en los barrios populares es que lo que existe de organización comunitaria es la frágil frontera con el narco. La combinación de marginalidad social y bajo rendimiento estatal es terreno fértil para el crimen individual y el crimen organizado desde el narcotráfico.
La marginalidad, el desempleo y la declinación educativa en los sectores más bajos son la materia prima de estos reclutamientos frente a los cuales las poblaciones reaccionan con acciones afincadas en la desesperación.
Las falencias del Estado tienen tanto que ver con la falta de ejercicio del monopolio de la fuerza, como con la erosión de la oferta de otros bienes públicos que lo compensen o complementen. Nos olvidamos de que son lugares marcados con un componente de segregación. Ni el transporte público ni la seguridad llegan con la fluidez que funcionan en otros lugares.
Cuando la polarización es excluyente la administración de justicia sufre un movimiento de tenazas: la política se judicializa y la Justicia se politiza y ambas pierden credibilidad. Nos debe llamar a la reflexión que, en el anarcocapitalismo de Milei, el anarquismo sea el sustantivo y el capitalismo el adjetivo. Nuestra estructura social no da para la anarquía.
También se desdibuja la idea de la educación pública. La escuela aparece ante los pobres como un lugar vacío. Un lugar donde los hijos van poco, donde los docentes faltan, donde no se enseña.
Existe un reclamo por la realización de derechos individuales a los que los sistemas no pueden responder. La sociedad y principalmente los jóvenes, perciben una cantidad de privilegios no solo de la política, sino también del empresariado, del sindicalismo, de los movimientos sociales. Como la propuesta económica encontró su límite y fracasó, esos privilegios se hicieron más patentes. Lo que ha pasado es que la información digital arrasó con la legitimidad del modelo anterior.
Por eso las elites que fueron vanguardia tienen nostalgia por volver a un pasado que ya no existe. “Las asociaciones libres y solidarias del pueblo” con que soñábamos en nuestra juventud, fueron arrasadas por el individualismo que pregona su sustitución por “las organizaciones libres de mercado”
Se genera otra clase de jerarquía. Las jerarquías del siglo XX eran establecidas de antemano, (las “orgas” ya no se conducen desde el pensamiento de las vanguardias intelectuales), las del siglo XXI aparecen como espontaneas, descreídas e imposibles de predecir.
El público se mueve en las redes a la velocidad de la luz. Mientras tanto, las antiguas vanguardias se mantienen en sus laboriosas jerarquías como si el antiguo mundo analógico nunca hubiera desaparecido. La sociedad percibe que las elites dirigénciales han fracasado en su trabajo de dirigir el país.
Los partidos pesan menos para la vida política, la iglesia pesa menos en la vida comunitaria, la organización comunitaria también se diluye. Creo que los rasgos de una sociedad cada vez más individualista se van haciendo cada vez más fuertes y por eso fermentan los gérmenes del anarco liberalismo. Aunque a los tropezones, el parlamento como exponente de la mejor tradición liberal es la cara opuesta de la versión libertaria, con su perfil “ejecutivista”.
Mientras este diseño fue pensado para controlar el poder, la práctica libertaria lo percibe como un impedimento opaco y corrupto también sumergido en el pasado. Milei fue mayoritario en la doble vuelta electoral y es minoritario en materia institucional. Por ese motivo, el Presidente está obligado a chapotear en el barro de la política que tanto desprecia para conciliar los consensos que exige el funcionamiento democrático. El tema es cuál es el valor de aprendizaje democrático y cuanto es el costo del tiempo que le insumirá.
Sin disponer de poder institucional ni de poder social organizado, el Presidente aun cuenta con dos apoyos: el poder económico a través de los mercados, hoy moderadamente eufóricos y el de la opinión pública, que lo apoyó como opción generosamente en la segunda vuelta de las urnas y que él activa mediante el canal digital. Los poderes organizados son estables pero, al contrario, la opinión pública es fluida y cambiante en contextos de depresión económica y ajustes.
El siglo XX fue un momento de aglomeración, en el siglo XXI germina una semilla de desintegración. La radicalización del voto provoca fragmentación. Lo peor que nos puede pasar es la desintegración del Estado. La falta de racionalidad en el análisis y las simplificaciones extremas nos han traído a donde estamos.
*Por Raúl Garré, abogado y economista, ex director del Banco Nación
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