Los cortesanos no opinan públicamente, pero siguen atentos el devenir de los acontecimientos que impulsa el Gobierno: primero, la elevación al Congreso de los juristas propuestos para ocupar los dos puestos vacantes, y luego el fantasma de la ampliación del máximo tribunal, que en Casa Rosada se volvió a poner en consideración.
En el oficialismo catalogan al presidente de los supremos, Horacio Rosatti, como un enemigo de Javier Milei. Tomaron muchos de sus dichos durante la campaña presidencial como una declaración de guerra y están dispuestos a plantarle batalla. En el cuarto piso del Palacio de Justicia tratan de bajarle el tono al asunto: aseguran que es parte de la tensión habitual entre los poderes y que no será distinto de lo que sucedió con gestiones anteriores. A pesar de eso, el primer round con el Presidente ya está en marcha.
Disputa de poderes.
La primera parte del plan de Milei es que avancen sin inconvenientes las audiencias públicas para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los elegidos para ocupar los cargos vacantes de la Corte (tras la salida de Elena Highton de Nolasco y el reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años en diciembre). Ya tienen fecha: la Comisión de Acuerdos del Senado recibirá a los candidatos el 21 y 28 de agosto.
Luego el debate se elevará al recinto. Y estará repleto de polémicas: hubo más de 300 impugnaciones planteadas sobre Lijo, aunque el Gobierno está seguro de tener el número de legisladores necesarios para aprobarlo, tras un acuerdo con el kirchnerismo. El perfil ultra conservador de García Mansilla también generará resistencias.
El Gobierno no será el único que celebre la incorporación de ambos juristas a la Corte. Ricardo Lorenzetti cree que podría recuperar la mayoría interna que hoy encabeza Rosatti, trascendental en decisiones administrativas del Poder Judicial.
Pero esa es apenas la primera parte del plan. Porque durante los últimos días el Gobierno recuperó una antigua discusión que tuvo su paso frustrado por el Congreso: la ampliación del máximo tribunal de Justicia.
La última vez que se habló del tema fue en la gestión de Alberto Fernández. En septiembre del 2022 el kirchnerismo consiguió que Senadores diera media sanción a un proyecto que elevaba la cantidad de jueces de 5 a 15. Diputados nunca lo trató.
¿Por qué insistir ahora con la ampliación? En Casa Rosada dan dos argumentos que en la Justicia creen poder rebatir con facilidad. El primero, para que haya paridad de géneros: “Hubiesen propuesto dos mujeres ahora, no a Lijo y García Mansilla”, responden. El segundo, para hacer una Corte más federal. Sin embargo, tres de los cuatro actuales supremos son del interior: dos santafesinos y un cordobés.
Defensa.
Para Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia y habitual lazo de conexión entre los dos poderes, la situación es algo incómoda: debe defender a capa y espada dos candidaturas en las que no tuvo injerencia. “Las denuncias contra Lijo están todas archivadas”, dijo. Y luego agregó: “Él recibió más adhesiones que impugnaciones”.
Ese es apenas uno de sus problemas. El otro es que deberá cambiar el discurso en el que aseguraba que no iban a intentar ampliar la Corte. Es una declaración que sostiene incluso desde antes de asumir en su cargo, cuando auguraba una relación entre poderes “cordial, respetuosa y de independencia”. Otro sapo para tragar.
Quien deslizó la posibilidad de elevar el número de supremos fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sería parte del plan para conseguir las adhesiones de los distintos partidos a Lijo y García Mansilla. Una vez que se amplíe el número, cada espacio político podría proponer a sus cortesanos.
La estrategia del Gobierno esconde una trampa: aprobar la ley que agranda la Corte es lo más fácil de hacer. Requiere sólo de mayoría simple. Luego, completar las sillas vacías sería un trabajo arduo: ahí cada candidato necesita dos tercios de los votos.
Milei avanza contra la Corte de Rosatti. Y está dispuesto a tranzar con “la casta” del Congreso para obtener lo que quiere.
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