En las últimas semanas, Alberto Fernández tuvo dos malas noticias en las dos causas que se tramitan en su contra en los tribunales federales de Comodoro Py. Por un lado, lo citaron a indagatoria para el 20 de noviembre en el expediente que lo tiene señalado como parte de una organización que hacía negociados con la intermediación de los seguros que contrataban diferentes organismos del Estado. Por otra parte, el fiscal del expediente por violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yañez pidió que también sea llamado a declarar.
Ambos casos resultaron un fuerte golpe a los planes de Fernández para su vida como ex presidente. Aquella idea de volver a dar clases en la Facultad de Derecho de la UBA y conferencias a lo largo de Latinoamérica y España quedó a mitad de camino. Ni siquiera tiene actividades con el Grupo de Puebla, del cual es uno de sus fundadores.
En paralelo, una porción de su jubilación como ex presidente ya fue embargada y girada a Yañez como parte de un pedido de manutención porque ambos tiene un hijo en común. Yañez había reclamado 5 mil euros mensuales. Por ahora está recibido poco más de 3 mil.
Según contó en televisión el abogado Mauricio D’Alessandro, Yañez estaría en pareja con un empresario español exportador de percebes, los mariscos más caro del mundo.
Fernández, por su lado, vive recluido en su departamento en Puerto Madero. a tal punto que ni siquiera saca a pasear a su perro Dylan para que haga sus necesidades. Esa tarea se la delega en sus custodios, con el fin de evitar guardias periodísticas o acoso callejero. En síntesis, para evitar cualquier momento incómodo.
Comodoro Py. En materia judicial, la Fiscalía N° 7 solicitó la declaración indagatoria de Fernández en el marco de la causa por presunta violencia de género contra Yañez, quien denunció hostigamiento psicológico y agresiones físicas. La investigación se inició a partir de elementos descubiertos en un análisis forense del teléfono celular de la ex secretaria de Fernández, María Cantero, en la causa que investiga negociaciones incompatibles con los seguros. En su celular, Canero tenía mensajes y fotografías que apuntarían a posibles lesiones sufridas por Yañez en un contexto de violencia.
Según el relato de Yañez, el proceso comenzó con una serie de situaciones de abuso psicológico que luego derivaron en violencia física y amenazas. Yañez reveló que había recibido presiones para no denunciarlo y habló de actos de “terrorismo psicológico”, en los que Fernández supuestamente la amedrentaba con amenazas constantes de suicidio, la controlaba a través de mensajes y llamadas telefónicas y la hostigaba incluso tras su mudanza a España, donde reside actualmente con custodia asignada por el Estado argentino.
El fiscal hizo una recapitulación de las declaraciones de Yañez, quien describió un patrón de abusos que habría comenzado hace más de una década. Detalló que, en los inicios de su relación, enfrentó presiones para interrumpir un embarazo, y relató cómo, ante su negativa, Fernández la ignoró y la presionó hasta que ella cedió. Este episodio, según dijo Yañez, habría tenido secuelas emocionales que la llevaron a mudarse temporalmente y, según afirmó, a soportar constantes manipulaciones por parte de Fernández, quien la habría incitado a regresar a su lado en varias ocasiones.
Durante su relación, Yañez dijo que recibió agresiones físicas en distintos episodios, incluyendo golpes en el rostro y en el cuerpo, algunos de los cuales fueron retradados mediante fotografías presentadas como evidencia en la causa. También indicó que sufrió violencia económica, hostigamiento diario y amenazas de perder el contacto con su hijo en común, en caso de distanciarse definitivamente de Fernández. El juez le prohibió al ex presidente el contacto con ella. No puede estar a menos de 500 metros de Yañez y además no está autorizado a salir del país. Las autoridades reforzaron la custodia de Yañez en respuesta a sus temores de represalias.
La ex primera dama también está trabajando con su abogada Mariana Gallego en una demanda civil contra Fernández, siempre y cuando consiga un fallo a su favor en la causa penal. Fernández administra su estrategia con su abogada Silvina Carreira, quien intenta contener el avance de ambos expedientes.
Indagatoria. El miércoles 20 de noviembre, Fernández deberá presentarse en el juzgado Federal Nº 11, hoy subrogado por Julián Ercolini. La cita está prevista para las 10 de la mañana.
El documento judicial detalla el rol del ex presidente en un presunto esquema de corrupción vinculado a contrataciones de seguros de organismos estatales a través de intermediarios. Fernández es señalado como una figura clave en la aprobación y facilitación de este sistema de intermediación. Según la investigación, el ex presidente habría brindado respaldo inicial para establecer una estructura que permitiera el direccionamiento de contratos de seguros, favoreciendo a allegados y empresas vinculadas a su círculo de confianza.
El rol de Fernández se ve reflejado en dos aspectos fundamentales. Uno es la aprobación del esquema y el apoyo que le dio: la investigación indica que Fernández no solo habría tenido conocimiento del modus operandi, sino que también habría dado luz verde a la estructura delictiva que permitió la designación de intermediarios en los contratos de seguros estatales. Su rol habría sido determinante en la creación del marco regulatorio que permitió, a través del decreto N° 823/2021, que el Estado pudiese contratar a cualquier empresa de seguros y no necesariamente la aseguradora del Banco Nación.
El otro punto es la relación con intermediarios y empresarios beneficiados: Fernández es vinculado en el expediente con varios hombres de negocios que habrían obtenido ganancias importantes como intermediarios en los contratos de seguros. En particular, la investigación destaca su relación cercana con Héctor Horacio Martínez Sosa, señalado como uno de los principales beneficiarios del esquema, quien es descrito como un “íntimo amigo” de Fernández. Martínez Sosa habría contado con acceso privilegiado gracias a su pareja, María Cantero, la secretaria presidencial. A través de este vínculo, Martínez Sosa y empresas de su entorno habrían recibido comisiones millonarias en contratos de seguros estatales.
En síntesis, el rol de Fernández en esta trama sería el de un facilitador clave que, desde su posición de máxima autoridad del país, permitió la creación de un sistema de asignación de contratos de seguros que benefició a un grupo específico de empresarios. A través de decisiones administrativas y relaciones personales, habría asegurado que los contratos estatales se concentraran en un esquema favorable a su entorno más cercano.
Ambos casos judiciales pegaron en la línea de flotación de Fernández, quien antes de eso se jactaba de ser un presidente progresista que respetaba a las mujeres y al feminismo y que no tenía causas penales en su contra, y mucho menos por actos de corrupción.
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