Hay instituciones que no necesitan escándalo para ser cuestionadas: les alcanza con el presupuesto. La Legislatura bonaerense es una de ellas. El fin de semana LA NACION reveló que el peronismo provincial evaluaba ampliar ese cuerpo de 138 a 150 integrantes, sumando ocho diputados y cuatro senadores bajo el argumento del crecimiento demográfico. El oficialismo salió a desmentirlo "categóricamente" y exigió una rectificación. Pero el trascendido ya había hecho su trabajo: puso otra vez sobre la mesa el costo de sostener la Legislatura más numerosa y más cara del país, la que sesiona apenas un puñado de veces al año, la misma que en 2023 quedó marcada por el escándalo de Julio "Chocolate" Rigau, el puntero que desnudó a la Cámara de Diputados como una fábrica de sueldos para empleados fantasma. Desde entonces, "la chocolatería" es el apodo con el que buena parte del periodismo nombra, sin necesidad de aclarar por qué, ese edificio de la calle 53 de La Plata.
Los números duros los aporta el informe "Gasto de las Legislaturas Provinciales", que elabora Fundación Libertad junto al CISE y la Fundación Internacional para la Libertad. Según ese relevamiento, basado en los Presupuestos Provinciales 2025, cada legislador provincial le cuesta los contribuyentes $1.182 millones al año, unos $98 millones mensuales. Es el promedio de las 24 jurisdicciones, que destinan en total $1,42 billones a sostener sus legislaturas.
En ese ranking, Buenos Aires no es la provincia más cara por legislador (ese lugar lo ocupa Tucumán, con $2.735 millones anuales, seguida por CABA con $2.662 millones y Chaco con $2.492 millones), pero sí es, por lejos, la que más plata mueve en términos absolutos: según el informe de Fundación Libertad, la Provincia destinó $308.110 millones a su función legislativa en 2025, con un costo de $2.232.681.159 por cada uno de sus 138 legisladores, casi el doble del promedio nacional. Esa cifra, además, debe ser actualizada: la discusión de estos días habla de un presupuesto legislativo bonaerense que ya treparía a $379.000 millones anuales, es decir, más de $1.000 millones por día entre las dos cámaras, según pudo reconstruirse en la cobertura de la polémica por la ampliación.
El contraste con el resto del país es elocuente. El propio informe de Fundación Libertad marca que un legislador tucumano cuesta seis veces más que uno jujeño, aun teniendo ambas provincias una cantidad similar de bancas. Santiago del Estero, en el otro extremo, gasta apenas $138 millones anuales por legislador, la cifra más baja del país. Y a nivel de participación presupuestaria, el gasto legislativo bonaerense equivale a 1,6 veces lo que la provincia destina al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según el mismo relevamiento, que además calcula que en promedio el 86% del gasto legislativo argentino se va en personal: sueldos de legisladores, pero también de secretarías, asesores y planta permanente y transitoria, la estructura que hizo posible, precisamente, un esquema como el de Rigau.
La comparación internacional que traza Fundación Libertad tampoco deja bien parada a la política provincial. El gasto total de las legislaturas de las 17 comunidades autónomas españolas, con una población y estructura similares a la Argentina, asciende a apenas $483.486 millones al tipo de cambio de fin de 2024, casi tres veces menos que lo que gastan las 24 jurisdicciones argentinas juntas. El costo por legislador en España es de $399 millones, contra los $1.182 millones locales, es decir, tres veces menos. Y mientras acá el gasto legislativo insume en promedio el 1,34% de los presupuestos provinciales, en España esa proporción baja al 0,21%, 6,4 veces menos.
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