El descontrol de los narcos en Rosario se coló en plena campaña política y llevó a posibles candidatos electorales como el mediático abogado Fernando Burlando a consultar en las redes sobre la idea de replicar contra los narcos en Argentina las medidas sancionadas por el gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas en El Salvador. Se trata de 3 leyes muy duras que fueron muy criticadas por organismos de derechos humanos.
A pesar de las críticas de organismos internacionales, Bukele defendió las medidas aprobadas por la Asamblea legislativa -de mayoría oficialista- destinadas a sancionar a los medios y periodistas que reproduzcan mensajes de las llamadas maras: que incluyen también la prohibición de grafitis alusivos a las pandillas y la incautación y uso posterior de bienes y armas para combatirlas.
Pero no se quedó ahí, sino que el Presidente de El Salvador amenazó con dejar morir de hambre a los pandilleros presos si en la calle sus cómplices comienzan a vengarse por el régimen de excepción declarado en el país. Y afirmó: "Y no me importa lo que digan los organismos internacionales", agregó el mandatario durante un acto.
Las polémicas medidas aprobadas por Bukele:
1. Sanciones para los medios
La reforma ordena sancionar con penas de diez a quince años de prisión a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita "mensajes o comunicados originados o presuntamente originados" por pandillas.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) expresó su preocupación y calificó la reforma como "mordaza".
2. Prohibición de grafitis
La reforma establece que quienes elaboren, participen o faciliten la ejecución de "textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier otra forma de expresión visual en inmuebles públicos y privados", donde se transmitan mensajes explícitos e implícitos que hagan alusión a las pandillas, serán condenados con una pena de diez a quince años de prisión.
3. Reutilización de bienes y armas
Autoriza al Estado a utilizar el armamento, dinero y bienes incautados a las pandillas para luchar contra ellas mismas. O sea reutilizarlos por el ministerios de Seguridad y de Defensa.
Estas medidas y los dichos del Presidente salvadoreño recibieron duras críticas de la ONU, de Unicef y de diferentes organismos de Derechos Humanos de El Salvador y de varios países.
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