La revelación de que el operador satelital estatal Arsat y la empresa estadounidense Hughes Networkcom Systems habían firmado una carta de intención para formar una empresa conjunta a expensas del plan de desarrollo satelital argentino sacudió al mundo científico, político y económico local. Por lo que dice el documento, por lo que implica, y en particular por el secreto con el que fue realizado.
Con fecha del 29 de junio, el documento preliminar contempla la conformación de una nueva empresa, de nombre Newco, para fabricar el postergado ARSAT-3, el tercer satélite de la flota ARSAT que había iniciado su desarrollo en el 2015 y que fue suspendido tan pronto como Mauricio Macri asumió como presidente. El 51% de la compañía quedaría en manos de Hughes, que sería la encargada de administrar el satélite. Nada de todo esto está contemplado en la Ley de Desarrollo Satelital, la Nro. 27.208, sancionada en noviembre del 2015.
El artículo 8 de la Ley es claro: “ (...) el capital social de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT estará representado en un cincuenta y uno por ciento (51%) por acciones Clase ‘A’, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación). Y el artículo 14 especifica que cualquier modificación al 8 (y a otros de la Ley) “requerirán del voto de los dos tercios (2/3) de los miembros del Honorable Congreso de la Nación”.
De modo que la carta de intención entra en conflicto con lo que está establecido por ley, y también pone al descubierto que, de concretarse el acuerdo, el plan de desarrollo satelital (de importancia geoestratégica para la Argentina) quedará así en manos de una empresa extranjera. Y no de una empresa cualquiera, sino de un oligopolio que, a nivel mundial, se dedica al desarrollo y manejo de redes terrestres en todo el planeta.
Hughes es el proveedor de servicios de internet satelital residencial más grande del mundo, brinda soluciones de conectividad a gobiernos, y también es el mayor desarrollador de satélites para comunicación e inteligencia para el departamento de Defensa del gobierno de los Estados Unidos. En América Latina, Hughes ya ofrece servicios de internet satelital en Brasil, y en la Argentina tiene un nexo societario con Clarín vía la empresa DirectTv.
En palabras de expertos en geopolítica, Hughes es un oligopolio que afecta directamente a la soberanía de los países en los que actúa.
Postergaciones sospechosas
Casi 24 horas después de que fuera dada a conocer la existencia de esta carta de intención, desde ARSAT salieron a dar su versión. “La carta de intención firmada con la empresa Hughes no prevé, bajo ningún motivo ni circunstancia, la privatización de ARSAT ni de ninguno de sus activos –se asegura en el comunicado emitido por el organismo-. No hay ninguna participación de Hughes ni de ningún otro operador privado en la explotación de los activos de la empresa ARSAT”.
Pero a decir verdad, la carta de intención establece claramente que Hughes “no puede tener menos del 51%”, que ARSAT poseerá el 49% y que inclusive podrán participar terceros. “¿Y quién debería ceder acciones para esos terceros? ARSAT -apunta la abogada Graciana Peñafort-. La conducción de la empresa nueva la hace el que tiene la participación accionaria mayoritaria, que nunca será ARSAT”.
Es justamente en los fondos y en la inversión donde el gobierno justifica la existencia de esta carta de intención. “Entendemos que nuestras misiones satelitales no pueden seguir financiándose en un 100% con el impuestos de los argentinos. Por eso, ARSAT-3 busca viabilizarse también a través de inversiones o aportes privados”, explican desde la empresa.
Lo cierto es que el ARSAT 3, que debería estar en construcción para ser lanzado en el 2019 y cuyo desarrollo fue frenado apenas llegó como titular a ARSAT el abogado Rodrigo de Loredo, cuñado del hasta hace muy poco Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Las explicaciones fueron muchas y variaron con el tiempo. En una entrevista con Noticias, de Loredo dijo que el ARSAT 2 “solo estaba comercializado en un 30%” y que antes de seguir con la construcción del tercer satélite era necesario tener todo el espacio disponible vendido. Luego, alguien del entorno de la empresa puso en duda la calidad del desarrollo, y finalmente la gestión comenzó a entregar licencias para dar servicios a 12 satélites internacionales. La última aprobación fue el último día de gestión de Aguad en Comunicaciones, ministerio que fue disuelto como tal y que ahora se convirtió en una Secretaría dependiente del Ministerio de Modernización.
En off the record, todas las voces cercanas a ARSAT confesaban (y confiesan) lo mismo: que el Gobierno había cortado el flujo de fondos y había negado la concreción de créditos (algunos que ya estaban gestionándose desde la anterior administración kirchnerista). ARSAT debía conseguir financiamiento por sí misma. “Las inversiones aprobadas por el Congreso de la Nación para 2016 alcanzaban los 250 millones de dólares, donde se incluía el inicio de Arsat-3, el despliegue de la última fase de la TDA terrestre con 30 estaciones más y la puesta en servicio de los kilómetros restantes de la red de fibra”, explica Guillermo Rus, ex vicepresidente de ARSAT. De ese dinero otorgado, se le permitió a la empresa ejecutar 50 millones.
Geopolítica
De concretarse lo que delinea esta carta de intención, no solo se estará yendo contra lo que establece una ley sancionada por el Congreso, no solo se afectará a una industria altamente especializada (solo diez países en el mundo tienen la capacidad de construir satélites como los ARSAT), no solo se afectarán los ingresos (la internet satelital es un negocio naciente y muy prometedor), sino que también estará afectando algo más profundo: la soberanía argentina.
“Lo que sucederá si ese convenio finalmente se firma con las condiciones expresadas en la carta de intención es algo que está pasando en todo el mundo”, explica el abogado y politólogo argentino Gabriel Peries, investigador del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse (en Francia). “Según los análisis de sociólogos y demógrafos, más del 75% de la población mundial estará integrada en el espacio urbano de acá a mas o menos 35 años. Y eso implica que hay que pensar cómo se va a controlar el espacio urbano. Un acuerdo como éste con la empresa Hughes implica, a nivel estratégico, romper con el esquema del Estado tradicional, que es el monopolio de la violencia legítima sobre un territorio determinado (como diría Weber) y darle al sector privado capacidades de control. Es decir que el Estado se autolimita a favor del oligopolio que controla las redes del planeta”.
Peries advierte que tales movimientos ocurren a nivel global. Y da un ejemplo. “En Francia en el 2015, empresas privadas especializadas en el control territorial de las redes, de las cámaras biométricas, del control de flujos de autos y a nivel ambiental, formaron un consorcio, armaron una constitución y la hicieron firmar por el Ministro de Seguridad Interior francés. Ese grupo se llamaba Task Force. El Estado retrocede y hay un control oligopolístico de las personas en las urbes a través de la tecnología y las redes.
Noticias: ¿Quién controla a esos controladores?
Gabriel Peries: Es el dilema del panóptico de Foucault. O se crea una gran burocracia internacional que va a controlar a nivel normativo este espacio, o el oligopolio es mucho más fuerte que lo que uno cree y controla a la población a través de los intereses del mercado. Hughes está haciendo en Europa, en Brasil, en los Estados Unidos, en India, lo mismo que pretende en la Argentina. El esquema meramente cerrado por las fronteras de los países para ellos no tiene ningún sentido.
Noticias: ¿Qué implica esto?
Peries: La pérdida de soberanía a partir de la implementación de las redes a nivel planetario. El esquema del estado nacional emerge con la Revolución industrial, que hoy se acabó porque estamos entrando en la Revolución cibernética. En este contexto, hay que ver cómo se puede salvar la noción de soberanía y, sobre todo, la de democracia.
Peries, que vino para dar conferencias sobre smart cities y capitalismo de vigilancia en la Universidad de San Martín, advierte: "El capitalismo neoliberal tiene como mirada otro sistema de organización del poder, uno que pasa por la dirección empresarial del espacio público. Los CEO ahora son ministros, pero además son los proveedores técnicos y tecnológicos del espacio público, y los controlan, manejan una nueva forma técnica del poder. El Estado se queda con la tanqueta.
Noticias: ¿Todo esto se resume en la palabra democracia?
Peries: Acá se opone la razón del control trasnacional y oligopólico general que controla el planeta contra la voluntad del pueblo y la expresión legal de esa voluntad que se llama ley. La empresa oligopólica extranjera tendría todo el poder, con lo que controlará la capacidad de actuar del Estado. El Estado en la época cibernética depende de los procesos y algoritmos que determinan el poder de Hughs.
* EDITORA de Ciencia y Tecnología de NOTICIAS.
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