Daniel Scioli está molesto pero tranquilo. Su cara no refleja ninguna de las dos emociones, pero así dicen los que lo conocen. Molesto porque decenas de “personas ajenas a la política están involucradas” en una megacausa judicial por lavado de activos por la que está citado a declarar el próximo 3 de mayo. Tranquilo porque sostiene que es inocente.
“Quiere terminar con este delirio para poder hacer política”, dice a NOTICIAS uno de sus abogados defensores, Alberto De Fazio. Lo que el sciolismo vive como un “delirio” comenzó en mayo del 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió en la Fiscalía platense de Álvaro Garganta.
En dos años, más de 50 personas fueron imputadas y procesadas, entre ellas Scioli y sus hombres de mayor confianza. Dirigentes de la Coalición Cívica aportaron decenas de pruebas para demostrar cómo operaban las presuntas “cajas negras” en la Jefatura de Gabinete bonaerense, la obra social IOMA, el Puerto de La Plata, Aguas Bonaerenses y el Instituto de Lotería, entre otros organismos.
En diez días, Scioli tiene que defenderse ante el fiscal que lo acusa de los delitos de “negociación incompatible con la función pública y cohecho”, con penas de hasta 50 años de prisión. Tras la presentación, Garganta podría pedir la inhibición de sus bienes y la prohibición para que salga del país. “El procesamiento de Scioli es condenatorio, está complicado”, sentencia una fuente judicial cercana a la causa.
Pero el ex gobernador no hablará. Los abogados Alfredo Gascón y De Fazio preparan un escrito para explicar “detalladamente” los métodos de contratación de la provincia. Intentarán demostrar que “es imposible influir a tanta gente” para beneficiar a un amigo.
UPA. En abril del 2010, Scioli volvió de Brasil con una idea copiada. El gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, le recomendó construir Unidades de Pronta Atención (UPA) para solucionar los problemas sanitarios.
Scioli se entusiasmó y levantó 19 UPAs. Pero la Justicia puso la lupa en las adjudicadas entre el 2011 y el 2015 a Miller Building Internacional por 189 millones de pesos. La empresa, que nunca había sido proveedora de la provincia, se dedica al armado de estructuras con paneles metálicos. Su presidente y principal accionista es Ricardo Miller, quien también fue citado a declarar como “partícipe necesario” en la presunta negociación incompatible y como “otorgante de dádivas”. “Está desesperado”, dicen de Miller en los pasillos judiciales.
Para el fiscal, el gobernador y el empresario mantienen una relación personal y comercial. Scioli lo niega. Pero en la causa consta que en el 2013, Miller le alquiló a Scioli (a través de su empresa Capanone) un complejo hotelero en Villa La Ñata que en tres años usó cuatro o cinco veces para eventos familiares. Pagó $ 4,4 millones de alquiler durante 60 meses, realizó mejoras y finalmente lo compró.
También construyó un gimnasio para “La Ñata Sporting Club”, donde el diputado del FpV es “Pichichi”, un goleador de futsal. Y los helicópteros del empresario bajaron varias veces en el helipuerto de la localidad de Tigre.
“Para qué Scioli iba a andar en un fitito pudiendo usar uno de los siete helicópteros cómodos de la provincia o los más modernos de la Policía”, se burla el abogado del ex gobernador. Con lo de “fitito” se refiere a los Robinson R-44 de Miller que a Scioli le adjudican haber usado, con capacidad para dos personas.
Además de Scioli y Miller, el fiscal procesó y citó para los primeros días de mayo al entonces ministro de Salud, Alejandro Collia, hoy secretario de Salud Pública de La Matanza. También espera a Gerardo Pérez, Ana Priolo y Matías Alcalde, todos funcionarios de ese ministerio.
En La Plata hay quienes creen que Scioli podría volver a coincidir con Cabral: el brasileño está preso por lavado de activos en el marco del escándalo del Lava Jato y en sus cinco condenas acumula 100 años de prisión.
Banquillo. “No tengo elementos para decir que Scioli robó pero sí encontramos muchas situaciones de corrupción que tienen que ser investigadas”, dijo esta semana María Eugenia Vidal. La gobernadora sigue la marcha judicial. También su ex secretario de Legal y Técnica, el jefe de los fiscales Julio Conte Grand.
Pero los tiempos para estas causas son largos. Lo saben en el Ejecutivo y lo padecen en el Poder Judicial. La jueza a cargo, Marcela Garmendia, le pidió al fiscal Garganta que termine la instrucción de todas las subcausas dentro del expediente para pedir la elevación a juicio en conjunto. Falta. En algunos casos, todavía no se terminó de indagar a los testigos.
La lista de involucrados es larga e incluye a conocidos personajes del mundo sciolista. Entre ellos está Guillermo Scarcella, el ex presidente de Aguas Bonaerenses (ABSA) acusado de contrataciones irregulares por $ 62 millones a favor de Desobstructora Argentina, de su amigo Pablo Elías. Ambos están citados a declarar en la segunda semana de mayo.
En las cajas de carpetas que el fiscal Garganta guarda en dos oficinas aparecen también los nombres de Antonio La Scaleia, el ex titular de IOMA; Eduardo Aparicio, ex ministro de Desarrollo Social; y el empresario Juan Carlos Mancinelli, ex DT de “Pichichi”, el Scioli del futsal. Listas para ir a juicio están las causas que involucran a Alberto Pérez, quien fue jefe de Gabinete de Scioli, y su subsecretario Walter Carbone, por presunto lavado de activos.
Quienes conocieron a Carbone antes de ser “el hombre del dragón” no se sorprendieron al ver la caja fuerte en el patio de su casa del country de Pilar. “Todos los días iba al colegio a llevar a su hija en un auto diferente –cuenta un testigo a NOTICIAS–. Decía que manejaba la plata para la campaña de Scioli”.
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