Once años cumple la causa judicial por las torturas durante la guerra en Malvinas. Más de una década sin avances, ni siquiera un llamado a indagatoria.
Por eso, ex combatientes de La Plata, en representación de unas 120 víctimas de estaqueos, congelamientos y otros maltratos, llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una denuncia por falta de Justicia contra el Estado argentino. Y presentaron 12 pedidos concretos.
El organismo tomó el reclamo y a pedido del Gobierno nacional gestionó una solución amistosa, para evitar la condena. El primer encuentro en ese camino se concretó entre ayer y hoy en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, donde la CIDH realiza su 168° período de sesiones.
A la reunión llegaron representantes del Centro de Ex Combatientes (CECIM) La Plata, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería argentina. Para los ex combatientes se trató de “un triunfo”, al ver reconocido su reclamo por el organismo internacional. El próximo encuentro se concretará en Buenos Aires en una fecha a coordinar.
“Destacamos el rol del comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, cuyos buenos oficios han sido centrales para encauzar la negociación. Esperamos que el Estado termine de comprender que llevamos 36 años en la búsqueda de verdad y justicia en relación a las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas armadas en perjuicio de los soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas”, dijo a NOTICIAS Ernesto Alonso, integrante del Cecim La Plata.
Los 12 puntos. El pedido pretende garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas, que acusaron a 95 miembros de las Fuerzas Armadas de cometer estaqueos, golpizas, congelamientos y otras formas de tortura durante el conflicto bélico con Gran Bretaña en 1982. La causa está radicada en la Justicia Federal de Río Grande, Tierra del Fuego.
“Los puntos son las medidas reparatorias que entendemos fundamentales para poder arribar a un acuerdo con el Estado”, explicó a NOTICIAS el abogado del CECIM La Plata Jerónimo Guerrero Iraola.
1. Reconocimiento público: el Gobierno, en representación del Estado argentino, debe reconocer a través de la publicación en el Boletín Oficial y dos diarios de tirada nacional, la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, al proyecto de vida y a la tutela judicial efectiva.
2. Pedido de disculpas públicas del Estado a los ex soldados y sus familiares por las graves violaciones a los derechos humanos sufridas durante la guerra.
3. Creación de un archivo que reúna los testimonios de las víctimas.
4. Capacitación docente sobre Malvinas desde la perspectiva de derechos humanos.
5. Apoyo económico a la querella mientras dure el proceso judicial.
6. Actividades de concientización en todo el país que den a conocer las experiencias de las víctimas y el avance de las causas.
7. Acceso de ex soldados a las indemnizaciones para víctimas de terrorismo de Estado.
8. Espacio físico para el abordaje de Malvinas en el ámbito del Espacio Memoria y Derechos Humanos.
9. Programa de contención y acompañamiento profesional para víctimas y familiares.
10. Desclasificación total de los archivos militares sobre la guerra de Malvinas.
11. Creación de una unidad de investigación disciplinaria sobre Malvinas y derechos humanos que brinde apoyo a la causa judicial.
12. Derogación de artículos que estipulan medidas de excepción de vigencia de la ley de Servicio Militar Voluntario.
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