Cuarenta años atrás no había encuestas políticas y eso nos ahorra una vergüenza extra: sabemos que el último golpe de Estado fue recibido con alivio por muchos argentinos que estaban hartos de la presidenta Isabel Perón, pero siempre podemos discutir cuántos eran o bien atribuir esa ignominia a los medios de comunicación. Vivezas de una sociedad que no se hace cargo. Fue el golpe más organizado de la historia; el ex dictador Jorge Rafael Videla me dijo que hasta planificaron la “Operación Bolsa”, que consistía en la detención de 400 personas “que tenían una cierta ascendencia para generar reacciones contra nosotros. Pensábamos en una reacción, sobre todo del gremialismo más ortodoxo, más peronista, pero no pasó nada. No se disparó un tiro”.
La propia Isabelita pensaba que correrían “ríos de sangre cuando la gente salga a las calles a defenderme”; se equivocó. Muchos jugaron a favor de Videla, incluso los dos grupos guerrilleros más poderosos —Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo—; creían que el golpe que aceleraría la revolución socialista porque el pueblo descubriría que los militares eran el brazo armado de la oligarquía y el imperialismo yanqui.
Pero eso no se puede decir mucho porque el kirchnerismo —esa coalición en la que participan tantos dirigentes de los derechos humanos— construyó una versión de la violencia política de los setenta que incluye sólo los delitos perpetrados por grupos paraestatales como la Triple A en los gobiernos peronistas entre 1973 y 1976, o desde el Estado durante la dictadura.
Y porque el presidente Mauricio Macri y los dirigentes de Cambiemos eluden ese debate: es mejor concentrarse en los derechos humanos del presente, dicen. Sienten que en la discusión sobre el pasado reciente pierden más de lo que ganan. Les pasa también a los dirigentes del Partido Popular en España con relación a la Guerra Civil y a la dictadura de Francisco Franco.
A la historia no le importan los juegos de la política. La historia busca la verdad; nos dice que en nuestro país el culto a la democracia y el respeto a los derechos humanos son conquistas recientes, posteriores a la matanza de las “7 u 8 mil personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión”, como admitió Videla en mi libro “Disposición Final”.
Otra conquista popular es la impugnación del terrorismo de Estado, del asalto al aparato estatal para violar los derechos más elementales de un sector social. En eso tuvo mucho que ver el presidente Raúl Alfonsín con la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), la publicación del “Nunca Más” y el juicio a las tres primeras juntas militares.
Además, la inédita confesión de Videla sobre los desaparecidos —el eje de “Disposición Final”— disipó dudas e incertidumbres sobre la existencia de un plan sistemático para “eliminar a un número grande de personas”.
Ahora, a 40 años del golpe de Estado, la edición definitiva de ese libro muestra la importancia de que Videla no se haya muerto sin revelar cómo fue la dictadura que encabezó durante cinco años.
Pero, todavía falta aclarar muchas cosas sobre aquel período oscuro. Por ejemplo, ni Hebe de Bonafini ni Estela de Carlotto condenaron nunca la violencia de las guerrillas; es más, cuando pudieron, respaldaron la lucha armada de sus hijos y de sus compañeros.
Recuerdo una reflexión de la viuda del sindicalista José Ignacio Rucci, asesinado en 1973, en plena democracia peronista: “Así que si a mi marido lo mató un grupo determinado van a investigar y castigar, pero si lo mató otro grupo no van a investigar ni castigar. ¿Quién entiende eso?”
La pregunta, inquietante, es la siguiente: la defensa de los derechos humanos, ¿depende de quién los viole?
Tanto falta aclarar que todavía no sabemos la cantidad de víctimas de la dictadura. El kirchnerismo sigue hablando de 30.000 detenidos desaparecidos, pero no aporta una fuente precisa que los avale.
Al contrario de lo que dijo Macri diez días atrás, no se realizaron diferentes investigaciones que arrojaron números diversos, ahora en disputa; hubo una sola, la que realizó la Conadep y resultó en el “Nunca Más”, cuya versión actualizada, elaborada en pleno gobierno de Néstor Kirchner, indica que hubo 6.415 desaparecidos y 743 muertos por “ejecución sumaria”; 7.158 personas en total.
¿Cuántos años más necesitaremos para aclarar nuestro pasado reciente?
*Editor Ejecutivo de Fortuna y autor de Disposición Final.
por Ceferino Reato*
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