Más que amigos, cómplices: el establishment y la obra pública

En el mundillo de los contratistas del Estado dicen que el reconocimiento de CFK de haberle pagado solamente $ 1.019 millones a las empresas de Lázaro Báez, dejándolo así en el puesto 40º del imaginario ranking de Julio de Vido, es una treta más. Por empezar, según la información que Planificación le envió al juez Claudio Bonadio, hay $ 7.847 millones más que se pagaron de manera descentralizada y no se incluyeron en el listado. De Vido se niega a pasar la información completa de la supuesta tabla de posiciones de las constructoras que Electroingeniería habría pasado a encabezarla. Hay empresarios que aseguran que, a diferencia de lo hecho con el Grupo Austral, en el monto que se les contabilizó se suman obras licitadas por las provincias pero financiadas por la Nación. Por eso, Techint figura en el primer lugar. A casi todos les llamó la atención –aunque no lo tomaron en serio– la aclaración de que Ángelo Calcaterra de Iecsa, tercero en el ranking, sea primo de Mauricio Macri.

Son tantos, tan abrumadores y distractivos los datos de la corruptela K que pocos le prestaron atención al sinceramiento del empresario Héctor Méndez, dueño por 30 años de la tradicional empresa de envases y contenedores de plástico Conarsa y dos veces presidente de la UIA durante la gestión kichnerista. Dijo lo obvio, pero podría servir para que el actual reality de la corrupción no termine en otra gran impunidad: “Todos sabíamos lo que pasaba con la obra pública. Cada empresario tendría que hacer un mea culpa -se autocritica ahora-. Yo también he sido cómplice de muchas cosas. El silencio es complicidad, el que calla otorga. Y lo que hubo fue un pacto de silencio respetuoso (entre los empresarios) porque nadie quería ser botón y meterse en el negocio del otro, ya que cada uno cuida su propio negocio”. Méndez ya vendió el suyo a una autopartista de la multinacional Dephi porque, según él, en el gobierno de su amiga CFK no lo quisieron ayudar cuando quedó expuesto a las importaciones.

Pero el verdadero “negocio” del que habla Méndez era la cartelización empresaria para asegurar los sobreprecios de las ofertas de obra pública. Porque de esos sobreprecios salía la plata de la coima, es decir se la descontaba de los propios recursos del Estado y no de las ganancias de las empresas. Si la obra cuesta 100, se factura por 130 o 150 y ese 30 o 50% de más se lo reparten entre el coimeado (funcionario) y el coimeador (empresario). Pagan los argentinos con sus impuestos porque la plata que se transa es pública. Era la plata del Estado la que engordaba tanto a los amigos kirchneristas como a sus socios privados que mataban por hacerse oficialistas y alcahuetes. Hasta hubo empresarios que hacían de funcionarios a través de redes de testaferros y familiares.

Ninguna novedad, se dirá. Así funcionó siempre la “patria contratista” desde los 60' hasta ahora. Hasta Mauricio Macri se sintió parte naturalmente cuando participó en 1989, con 30 años recién cumplidos, como invitado al programa de TV Tiempo Nuevo y Bernardo Neustadt le preguntó: “Cuando digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal?”. El actual Presidente, al lado de su padre, contestó en aquel momento: “Me siento directamente involucrado porque me siento responsable de ese sector mal llamado patria contratista. Pero coincido perfectamente en que nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa. Un poco son las reglas de juego en las que uno se tiene que desenvolver. Esas reglas siempre tienen huecos en la cual alguien se puede filtrar y permitir que se desarrolle esta sociedad entre la burocracia estatal y algunas empresas. Pero al final, la mejor manera de que se acabe es cuando no hay más plata. En el momento que no hay más plata sí que se acaba”. ¿Las reglas las impone el poder político o las condicionan los negocios del establishment?

¡No es magia! El cinismo de Cristina Fernández de repetir la demagógica frase de que por cada funcionario corrupto hay un empresario privado corruptor -en la misma línea del Macri '89- es veraz solo genéricamente. La fórmula que practicó su marido y aplicaron De Vido y “Lopecito” consistía en elegir a los privados amigos y desembolsarles millonarias partidas del Estado contra la presentación anticipada de los certificados de obras adjudicadas: de allí se cobraban los retornos de los funcionarios encargados de las respectivas “licitaciones”. La caja K era prioritaria y la familia la embolsaba primero. En fin, el inicio de la ruta del dinero K. La secretaría de Obras Públicas, a cargo del detenido José López, llegó al extremo de pagar por adelantado hasta el 100% de obras que nunca se terminaron de hacer. Eso era robo y saqueo, más que contratos.

Laura Alonso, la jefa de la Oficina Anticorrupción fue duramente cuestionada cuando estalló el escándalo de los Panama Papers que salpicó a altos funcionarios macristas, incluído el propio Presidente. Ahora dice que se reunirá con el presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack, y con otros empresarios del sector para que faciliten información sobre el sistema de contrataciones en la obra pública. Chediack había admitido públicamente que la ex presidenta Cristina Fernández sabía “básicamente” del sistema de corrupción que imperaba, igual que su ministro de Planificación Federal, y actual diputado nacional, Julio De Vido. Pero no habló de sus colegas. En realidad, los empresarios de la construcción son los que más saben de ese entramado multimillonario de sobreprecios y cohechos y sería bueno que hablaran. O que pueda aplicarse la nueva ley del arrepentido.

Hasta el emblemático presidente durante varios años de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, titular de Esuco S.A. -habitual beneficiaria de las licitaciones en la provincia de Santa Cruz en la década ganada- llegó a quejarse ante su amigo Néstor Kirchner por ser “discriminado” en el reparto de contratos que el ex presidente tendía a concentrar en Austral y las empresas de Báez. Y eso que Wagner tenía como clientes a la dirección de Vialidad, el Instituto de la Vivienda y el ministerio de Economía y Obras Públicas de esa provincia y a nivel nacional a Vialidad, el Poder Judicial y Aeropuertos Argentina 2000. En la provincia de Buenos Aires, trabajaba para los ministerios de Infraestructura y Obras Públicas y la Unidad Ejecutora Reconstrucción del Gran Buenos Aires (Conurbano). En la ciudad de Buenos Aires figuraba entre sus clientes la propia Legislatura. Sin embargo, Wagner y su ladero en la CAC como vicepresidente primero, Benito Roggio -dueño del grupo que controla Metrovías, concesionario de autopistas, obras viales y la extensión del subte línea E-, y otros integrantes de la Cámara, se vieron envueltos desde el 2008 en unas secretas adjudicaciones de obras en la represa Yacyretá, con un sobreprecio promedio del 90% sobre el presupuesto original, según la denuncia de sus competidores del momento. La contratista era una UTE formada por Benito Roggio e Hijos, Esuco SA y Supercemento SAIC. Cristina siempre lo prefirió. Wagner incluso decidió operar con Néstor Marcelo Ramos, el accionista de Helvetic Service Group que se encuentra ahora imputado y citado a indagatoria en la causa contra Lázaro Báez que investiga el juez federal Sebastián Casanello.

El empresario Enrique Pescarmona, de IMPSA, también se consideró a su turno una víctima de la discriminación en las licitaciones de la obra pública, sobre todo en el caso de las represas Kirchner-Cepernic de Santa Cruz con financiamiento chino. “La primera vez cambiaron las condiciones del pliego para que hubiera un poco de financiamiento. La segunda vez, nosotros nos presentamos y ganamos, con un financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y de los socios con que nos presentamos. La segunda vez que nos adjudicaron, pasó por la Legislatura, fue aprobado y después inicialamos el contrato y, un año y 14 meses después, se rescindió ese contrato...No sé. Habría que preguntarle al arquitecto De Vido por qué tomaron esas decisiones”. De Vido, en un congreso de la CAC en el 2009, aseguró a los empresarios del sector que el prespusto de la obra pública se había multiplicado 44 veces desde que asumiera el gobierno K en el 2003.

Así como el Estado K corrompió sus compromisos con la sociedad, el comportamiento corporativo obedeció a a sus propios y exclusivos intereses: evitar el riesgo empresario, asegurarse compensaciones indemnizatorias del Estado si no se alcanzaba la ganancia proyectada e impedir la competencia mediante decisiones cartelizadas con otras grandes empresas que forzaban precios y tarifas. Por eso, durante la década del kirchnerismo en el poder, un puñado de empresarios amigos multiplicaron sus negocios con el Estado. La llamada patria contratista voló más alto que nunca y se convirtió en un protagonista central de la historia reciente en base a un grupo de poder -de funcionarios y privados- que amasó fortunas incalculables. De Vido calculó en el 2014 que la inversión de los K en obra pública había sido de US$ 89.000 millones. Cálculos actualizados elevan ese monto a unos US$ 130.000 millones. En los '90 varios empresarios pasaron de ser contratistas o proveedores a dueños de compañías estatales privatizadas. En la última década, desde que los Kirchner llegaron al poder, un puñado de amigos de la familia presidencial se enriqueció con el cuento de la burguesía nacional.

Si todo sigue igual -los funcionistas macristas celebrando el show mediático de la corrupción, los jueces haciéndose los pícaros con causas que ni conocen por la cantidad de años en que las cajonearon y los peronistas y empresarios que confunden y se hacen los desentendidos después de contribuir al "sistema"-, la impunidad volverá a estar a la vuelta de la esquina.